Los «úmedos» a Consejo de Guerra
Aquellos militares soñaron con repetir la Revolución de los Claveles en España, derribar a un dictador agónico e implantar el “gobierno del pueblo”. Por esto, en marzo de 1976 se sentaron ante un Consejo de Guerra por la Causa 250/75. Eran un comandante y ocho capitanes, miembros de la Unión Militar Democrática (UMD). Su delito era “proposición para la sedición”. El general Federico Gómez de Salazar presidía la sala.
Era una mañana fría y plomiza en el acuartelamiento de Hoyo de Manzanares. En los alrededores había una vigilancia extrema, sin duda exagerada, con tres controles de policía militar. La atmósfera en la sala de justicia estaba muy cargada. Aquellos oficiales habían roto la unidad del Ejército en el momento más complicado, justo en los últimos suspiros del Caudillo, cuando lo responsable, o eso les decían, era obedecer la ley y no perjudicar de ninguna manera el inminente advenimiento de Juan Carlos de Borbón al trono. Ninguno de los nueve militares revoltosos era bien visto. Se notaba la animadversión.
La tensión había estallado incluso antes de que se leyera el primer folio del sumario. Los acusados habían intentado designar abogados civiles de renombre, como Joaquín Ruiz-Giménez, lo que era la práctica habitual en los procesos a los opositores. Necesitaban confiar en sus defensores y que, al tiempo, el juicio tuviera una voz distinta ante los medios de comunicación. Además, pretendían que su defensa fuera la voz de la oposición templada al franquismo. La autoridad militar denegó la petición amparándose en una interpretación restrictiva del Código de Justicia Militar de 1890. En su lugar, se les impusieron defensores militares de oficio.
Y allí estaban en la sala los nueve: Luis Otero Fernández, Fermín Ibarra Renes, Antonio García Márquez, José Fortes Bouzán, Fernando Reinlein García-Miranda, Restituto Valero Ramos, Jesús Martín-Consuegra y López de la Nieta, Manuel Fernández Lago y Abel Jesús Ruiz Cillero. Hubo un décimo, José Ignacio Domínguez, capitán de aviación, que no pudo ser detenido el 29 de julio de 1975 por encontrarse fuera de España. Todos pertenecían a la UMD, que a comienzos de ese año había intensificado su actividad con una reunión en Madrid que congregó a 84 jefes y oficiales. El SECED y la inteligencia militar ya seguían de cerca a la organización, lo que llevó a las primeras sanciones contra dos de sus miembros más visibles, Julio Busquets y José Julvez, enviados seis meses a El Hacho (Ceuta), bajo la autoridad del general Gutiérrez Mellado.
La UMD no era exactamente un grupo de demócratas liberales. Uno de sus dirigentes, Julio Busquets, acabó de diputado en el PSOE pidiendo la disolución de la Legión; y Bernardo Vidal era simpatizante del PCE. Sus miembros tenían contacto, además, con la Junta Democrática, que desde julio de 1974 predicaba una ruptura revolucionaria en el país, y con el Partido Socialista Popular de Enrique Tierno Galván. En diciembre de 1974 prepararon un manifiesto titulado “Por la libertad hacia la justicia social” en el que afirmaban que tenían el deber de intervenir -quizá un golpe o un pronunciamiento- para impulsar la evolución del país hacia la democracia. Antoni Gutiérrez, dirigente del PSUC, convenció a Julio Busquets de que no lo publicaran. No obstante, el SECED obtuvo una copia del documento y lo utilizaron para vigilar a los miembros de la organización.
La acusación de “proposición para la sedición”, por tanto, era grave y estaba fundamentada. Sin embargo, los acusados adoptaron el derecho al silencio, salvo el capitán Ruiz Cillero. “No tengo nada que añadir”, fue la sentencia repetida ante un tribunal que no reconocían como legítimo. Ruiz Cillero, en cambio, optó por declarar que las actividades de la UMD eran un mero intercambio de opiniones profesionales, pero que no había ningún plan golpista ni de levantamiento.
El fiscal militar, el coronel Luis Sáez Larumbe, fue muy duro. Calificó a la UMD de organización “subversiva” que buscaba una ruptura violenta como en Portugal, que podía haber sumido al país en una “tragedia”, es decir, en la guerra civil. La calificación final fue implacable: delito consumado de conspiración para la rebelión militar. Esto encajaba con la declaración del capitán Fernando de la Macorra, que se presentó como testigo. Este militar dijo que el ideario de la UMD era violento. En los minutos finales, los procesados fueron abucheados por militares de las comisiones oficiales asistentes. Se habían repartido unas 120 invitaciones, de las cuales la mayoría eran militares. Los insultos fueron los consabidos: “úmedos”, “rojos”, “traidores”, “infiltrados” y “cobardes”. La sentencia llegó el 10 de marzo: Las penas sumaron 43 años y medio de prisión. No se libraron de la cárcel, ya que fueron excluidos de la ley de amnistía de 1977.