El Gobierno aprobó ayer su plan anticrisis por la guerra en Irán: 5.000 millones de euros destinados a lo que Sánchez ha descrito como una «reducción drástica de la fiscalidad energética». El IVA de carburantes, electricidad y gas pasa del 21% al 10%, el impuesto especial de hidrocarburos se rebaja al mínimo comunitario y se congela el precio del butano y el propano. El paquete, según el presidente, beneficiará a 20 millones de hogares y tres millones de empresas. Suena bien. Pero, más allá de las apariencias superficiales, constituye un error económico de manual: subsidiar masivamente la demanda de energía para contrarrestar un problema que es íntegramente de oferta. Y es que no conviene perder de vista –como ya expuse...
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