En política económica hay una constante que rara vez se explicita: toda protección tiene un coste , y todo coste acaba encontrando a su pagador. El reciente decreto se presenta como una respuesta equilibrada –socialmente sensible y económicamente responsable–, pero bajo esa superficie emerge una realidad menos cómoda: el ajuste recae, una vez más, sobre la clase media . No se trata de una anomalía, sino de un patrón. El diseño del decreto concentra la protección en los extremos: hogares vulnerables, sectores particularmente expuestos –como el campo o el transporte– y determinadas industrias estratégicas. Es una lógica comprensible desde el punto de vista político y, en parte, también económico. Pero deja una amplia zona intermedia sin red suficiente. Y esa...
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