Eliminación de ‘pensiones doradas’ de altos funcionarios avanza en Diputados

Sólo con los votos de Morena, PVEM, PT y MC, la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados aprobó el dictamen de la minuta del Senado de la República que contiene la reforma al artículo 127 de la Constitución, para eliminar y poner fin a las “pensiones doradas” otorgadas a altos funcionarios de las entidades públicas, como CFE, Pemex, Nafinsa, entre otras.

La reforma, propuesta por la presidenta Claudia Sheinbaum, plantea que las pensiones se reduzcan al 50 por ciento del salario que percibe la persona titular del Poder Ejecutivo en turno, que serían de alrededor de 70 mil pesos mensuales máximo.

Aunque en el Senado de la República esta reforma se aprobó por unanimidad, los diputados de oposición del PRI y el PAN rompieron el acuerdo con sus senadores rechazaron el dictamen de la iniciativa y se retiraron de la sesión antes de la votación, que fue de 26 votos a favor, cero en contra y cero abstenciones.

Priistas y panistas llevaron a la reunión de la Comisión a dirigentes de organizaciones de trabajadores de diversos sectores, a quienes se les otorgó la palabra y pidieron no ser afectados con esta reforma. La oposición los dejó solos al abandonar y retirarse de la sesión de la comisión.

Los diputados de Morena, PT y PVEM explicaron a los dirigentes de trabajadores que no serán afectados, que no habrá retroactividad y que en el texto de la reforma y sus artículos transitorios se deja a salvo sus derechos.

Precisaron que la iniciativa presidencial no es en contra de los trabajadores, es para terminar con los abusos, los excesos y los privilegios que se otorgaron funcionarios de los gobiernos del PRI y el PAN, con pensiones abusivas y ofensivas de hasta un millón de pesos mensuales, que agravian a la sociedad mexicana.

Recordaron que la reforma va dirigida a “pensiones exorbitantes” que reciben altos funcionarios Petróleos Mexicanos, la Comisión Federal de Electricidad, Luz y Fuerza del Centro (en liquidación), Nacional Financiera, Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, Banco Nacional de Comercio Exterior, Banco Nacional de Crédito Rural, entre las dadas a conocer por la Secretaría Anticorrupción y de Buen Gobierno.

Reiteraron que, de acuerdo con la información oficial, entre 3 mil 404 y 5 mil 600 ex funcionarios y ex directivos de empresas estatales y banca de desarrollo reciben pensiones superiores al salario presidencial, que en algunos casos superan el millón de pesos mensuales.

También, insistieron en que, de acuerdo con la iniciativa presidencial, la eliminación de estos privilegios permitiría ahorros por alrededor de 5 mil millones de pesos al año, cuyos recursos podrían destinarse a programas públicos y al mismo tiempo, fortalecer la transparencia, la rendición de cuentas y el uso eficiente de los recursos públicos.

En solo una ronda de oradores, el diputado Mario Carrillo, de Morena, acusó a la oposición del PRI y el PAN de “intentar distorsionar el sentido de la reforma para buscar conservar sus privilegios”, y cuestionó su congruencia, al votar en sentido contrario a los senadores de sus partidos.

Por el PVEM, la diputada Ruth Silva dijo que “es una reforma de carácter social, de justicia, no es en contra de los trabajadores. Es para terminar con esas pensiones abusivas y exorbitantes, terminar y corregir los abusos, los excesos que agravian a la sociedad y, al mismo tiempo, garantizar pensiones dignas y los derechos de los trabajadores, con retiros justos, sin privilegios”, precisó.

La diputada Lilia Aguilar, del PT, reiteró que en los transitorios y en reservas que presentarán “se deja en claro que a los trabajadores no se les afectará, que no habrá retroactividad, que no será en contra de los jubilados de manera legal y que lo que queremos es cortar los privilegios de unos cuantos”.

La diputada Laura Hernández, de MC, pidió investigar y sancionar a los responsables de otorgar y recibir esas pensiones abusivas, y cuestionó porque se omitió al personal militar de alto rango.

Antes de retirarse, legisladores del PRI reclamaron que la reforma no tiene un sentido administrativo ni de ahorro y justicia, sino “es de un cálculo político y recaudatorio, porque el estado está en quiebra”, aunque criticó que el monto que se busca recaudar, de cinco mil millones de pesos, es muy poco, según el diputado priista César Domínguez.

Los diputados del PAN se levantaron de la sesión al reclamar que no se les permitió discutir las reservas de artículos en lo particular, a pesar de que se les explicó que, como marca el Reglamento, la Mesa Directiva de la Comisión acordó el método, que es que las reservas se discutirán en el pleno de los 500 legisladores este miércoles.

El panista Federico Doring dijo en su intervención que “acompañamos la parte que combate los abusos, no a los que tienen años de servicio. No a los que tienen remuneraciones ofensivas, no vamos a defender a nadie que tenga una pensión que no merece, pero no estamos a favor de arrebatarles sus años de servicios”, insistió.