El Tribunal Supremo decidirá el próximo 19 de mayo para fijar posición, y por lo tanto jurisprudencia, sobre si un progenitor puede recurrir a los tribunales para detener la eutanasia de un hijo mayor de edad aprobada de acuerdo al procedimiento establecido por la ley. La situación, que recuerda al de Noelia Castillo, la joven catalana que falleció este jueves en una eutanasia programada que su padre intentó detener por vía judicial, está en realidad propiciada por el recurso contra una sentencia del TSJ de Cataluña que reconocía el interés legítimo de un padre para recurrir la decisión de su hijo, un hombre de 55 años que ha sufrido varios ictus e infartos desde 2020. El recurso fue aceptado en noviembre de 2025, pero ahora la novedad, a partir del reciente caso de Noelia , es que la decisión será tomada por el pleno de la sala y no sólo la Sección Cuarta, como en principio estaba previsto. Así, hace unos meses, la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo admitía a trámite el recurso de casación presentado por la Generalitat de Cataluña contra una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de esa comunidad que reconoció que «un padre tenía interés legítimo para recurrir judicialmente la concesión de la eutanasia a su hijo varón mayor de edad con plenas capacidades para decidir sobre su vida». En el recurso, presentado por el procedimiento especial de protección de los derechos fundamentales, se alegaba por parte de la Generalitat que la Ley Orgánica Reguladora de la Eutanasia (LORE) «no contempla ninguna legitimación expresa a terceros para recurrir la concesión o denegación de la prestación de eutanasia ». En esa línea, argumentaba que la sentencia recurrida «debía ser anulada» porque «en la ponderación de todos los elementos en juego prescindió de la modulación realizada por el legislador y de la jurisprudencia del Tribunal Constitucional y del Tribunal Europeo de Derechos Humanos». Además, la Generalitat catalana consideraba pertinente un pronunciamiento del Tribunal Supremo ya que la cuestión podría afectar a gran número de situaciones. En concreto, la administración autonómicas aportaba como datos que entre 2021 y 2024 se realizaron 824 prestaciones de eutanasia en Cataluña, de las que se reconocieron 445, un 54% del total. Además, como argumentación para este pronunciamiento, recordaban que «las solicitudes habían ido en aumento con la implementación paulatina de la LORE». Tras aceptar el recurso, el Tribunal Supremo explicitaba que su pronunciamiento irá en la línea de «determinar cuáles son los requisitos y circunstancias que permiten establecer la concurrencia de un interés legítimo de un tercero (en este caso, un progenitor), con el fin de reconocer su legitimación en un procedimiento judicial en relación con el reconocimiento de la prestación de eutanasia, a instancias de un solicitante mayor de edad con plenas capacidades para decidir sobre su vida». La propia comunicación del Tribunal Supremo explicaba que el caso concreto que motiva el pronunciamiento tenía su origen en una resolución de la Comisión de Garantía y Evaluación de Cataluña que autorizó la eutanasia solicitada por un hombre mayor de edad que no constaba que estuviera privado de sus capacidades. El padre del solicitante interpuso recurso alegando que estaba en juego el derecho a la vida , que tiene una vertiente de obligación positiva del Estado de proteger la vida de las personas, especialmente las más vulnerables, y que su hijo se encontraba en dicha situación, porque padecía problemas de salud mental, y no estaba en condiciones de tomar la decisión de acabar con su vida. Un juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Barcelona inadmitió por falta de legitimación el recurso del progenitor y, posteriormente, el TSJC dio la razón a este.
