La reforma clandestina de la Ley del Suelo con la que la Xunta permite levantar plantas de residuos en suelo rústico

Los vecinos de Cacheiras (Teo), casi en el límite municipal de Santiago, están en pie de guerra contra la creación de una planta de tratamiento de residuos de construcción a unos metros de sus casas. El proyecto llega cuando todavía se están apagando los ecos de la última victoria ciudadana contra otro depósito en la antigua cantera de A Casalonga. Entonces, el ayuntamiento —gobernado por la plataforma Son de Teo y el PSOE— se opuso con firmeza al proyecto. En aquellas primeras movilizaciones, llegó a tomar parte la actual número dos del PP gallego, Paula Prado, por entonces vecina de la zona. Hoy, el consistorio popular se pone de perfil. Más allá de un cambio en el color político, lo que marca la diferencia es una reforma de la Ley del Suelo de Galicia que, desde hace poco más de dos años, permite levantar estas instalaciones en suelo rústico. Una reforma de la que nadie —o casi nadie— parecía haberse enterado.

Los presupuestos de la Xunta de 2023 fueron los primeros de Alfonso Rueda, aún interino, tras la marcha a Madrid de Alberto Núñez Feijóo. Aquellas cuentas, publicitadas un año más como “las más elevadas de la historia”, llevaban incluidas varias sorpresas, como una bonificación al impuesto de patrimonio que el nuevo presidente presentó en un foro privado y no en sus comparecencias públicas. No era la única. La ley de acompañamiento —ese coche escoba que el mismo PP que se opone a decretos ómnibus en el Congreso utiliza para eternizar a un director xeral en la CRTVG como para modificar la legislación sobre incendios forestales— abría la mano para la instalación de esta tipo de estructuras. Algo que, aparentemente, pasó totalmente desapercibido. Hasta ahora.

El artículo 35 de la Ley del Suelo de Galicia de 2016 define cuáles eran los usos y actividades permitidos en suelo rústico. Su apartado m) decía así: “Instalaciones e infraestructuras hidráulicas, de telecomunicaciones, producción y transporte de energía, gas, abastecimiento de agua, saneamiento y gestión y tratamiento de residuos siempre que no impliquen la urbanización o transformación urbanística de los terrenos por los que discurren”.

En 2018, el entonces alcalde de Teo, Rafa Sisto, remitía al Consello Consultivo de Galicia una pregunta sobre los usos autorizables en ese suelo rústico. Sisto encontraba una “fricción” entre la normativa estatal y la gallega que, a su entender, “parece querer ampliar los usos posibles”. En su respuesta, el que era presidente del órgano, José Luis Costa Pillado —muy próximo a Núñez Feijóo y actual vocal del Consejo General del Poder Judicial— entiende que los usos son “propiamente dotacionales”, es decir, “instalaciones y servicios destinados a la satisfacción de las necesidades de los ciudadanos”. “Por el contrario”, continúa el informe, “una interpretación 'extensiva' del artículo 35.m) que se utilice para dar cobertura a la implantación de usos de carácter no dotacional en suelo rústico colisionaría con la necesaria interpretación restrictiva derivada de los términos” de la ley.

En 2016, el Ministerio de Medio Ambiente había emitido el decreto en el que se refundía el texto de la Ley de control y prevención de la contaminación. En él se recogía que, ante una instalación de estas características, un informe urbanístico negativo del ayuntamiento emitido antes de la autorización ambiental integrada supondría el fin del procedimiento y el archivo de las actuaciones.

Tres palabras

La ley de acompañamiento, que entró en vigor el 1 de enero de 2023, dio un vuelco a esta situación con la inclusión, de forma subrepticia, de sólo tres palabras. Añadía “públicas y privadas” al conjunto de instalaciones permitidas en suelo rústico y que, hasta ese momento —como bien interpretaba el Consello Consultivo—, se limitaban al carácter dotacional, con independencia de cuál fuese su titularidad. El camino quedaba despejado.

Entre el maremagnum de medidas incluidas en aquel texto legislativo, esta modificación pasó totalmente desapercibida. Tanto que no hubo ni siquiera una argumentación que la respaldase, ya no en público, sino en el propio texto legislativo. En otro informe del Consello, emitido tres meses después del cambio a petición del concello de Lalín (Pontevedra), el ponente Ignacio de Loyola Aranguren Pérez, era contundente: “A pesar de que, de una forma ciertamente incomprensible, la exposición de motivos de la citada ley omite todo tipo de referencia a este cambio normativo —ofrece una explicación de todos los cambios realizados excepto este—, el precepto es claro para incluir instalaciones privadas de gestión y tratamiento de residuos dentro de los usos admisibles en suelo rústico”.

La Xunta sí ha motivado el cambio en la ley a preguntas de elDiario.es. Se remite, en primer lugar, al artículo 13 del real decreto de 2015 que aprueba el texto refundida de la ley del suelo y rehabilitación urbana: “con carácter excepcional y por el procedimiento y con las condiciones previstas en la legislación de ordenación territorial y urbanística, podrán legitimarse actos y usos específicos que sean de interés público o social, que contribuyan a la ordenación y el desarrollo rurales, o que hayan de emplazarse en el medio rural”.

El reglamento que desarrolla la ley gallega señala que esas dotaciones urbanísticas son “el conjunto de instalaciones y servicios destinados a la satisfacción de las necesidades de los ciudadanos; pueden ser de uso y titularidad públicos o privados”. Por último, asegura que, con esta modificación, “se aclara que también es posible implantar instalaciones e infraestructuras privadas, en la medida en que participan de ese interés social al que se refiere la norma básica estatal”.

En casos como las plantas de gestión de residuos, ese supuesto “interés social” ya fue puesto en cuestión por el Consello Consultivo. En su respuesta a Lalín —posterior a la modificación—, aseguraba que “la actividad de almacenamiento y tratamiento de residuos industriales no está relacionado con la explotación racional de los recursos naturales del suelo rústico” e, incluso, “podría considerarse incompatible” con la preservación de sus valores naturales, “pero lo cierto es que la dicción literal de la Ley lo permite”. Algo bien distinto sería, por ejemplo, un depósito de la empresa concesionaria de la traída de aguas. A eso se refería el reglamento cuando hablaba de un posible “uso o titularidad privada” sin perder el carácter dotacional de la infraestructura.

“Por mí, se instalaría en el polígono industrial”

Esa reforma casi clandestina dio al Concello de Teo la coartada que necesitaba para no oponerse a la decisión de la Xunta. Ante la indignación vecinal, que sólo conoció el proyecto una vez se había aprobado su autorización ambiental integrada, la alcaldesa, Lucía Calvo, emitía un comunicado para defender que “ni tiene ni tuvo potestad alguna para autorizar o no la gestora de residuos de la construcción”.

“Se trata de una competencia exclusiva de la administración autonómica donde el gobierno local no puede emitir ningún tipo de informe vinculante”, dice antes de citar el famoso artículo 35.m). “Conforme a la legislación ambiental, el ente autonómico únicamente pidió al Concello un informe de viabilidad urbanística de la parcela, el cual ni tan siquiera fue emitido, sin tener opción a ninguna alegación o posicionamiento”. Con la apertura legal a instalaciones privadas, el veto municipal recogido en el decreto de Medio Ambiente ya no era posible. Incluso si hubiese intentado aplicarlo.

“El Ayuntamiento quiere dejar claro que esta empresa cuenta con autorización ambiental de la Administración autonómica, no por el Concello, y así se le trasladó a los vecinos”, continúa. Según ellos mismos contaron tras ese encuentro, la indignación de los vecinos tenía otro motivo: que la alcaldesa conocía que se estaba tramitando esa autorización y no los avisó, lo que impidió que pudiesen alegar contra el proyecto dentro de plazo. El gobierno local, que sí tuvo opción, prefirió no hacerlo. Era su forma, dicen que les dijo, de defender mejor sus intereses.

La plataforma vecinal trasladó su malestar a las puertas del ayuntamiento durante la celebración de un pleno, un acto que la alcaldesa consideró “un escrache” y del que, siguiendo el manual del PPdeG —del que su amiga, y antigua vecina, Paula Prado, es el mejor ejemplo— culpó al BNG y al sindicato CIG. “Si fuera por mí, esa planta no se instalaría en este punto, sino que se ubicaría en el futuro polígono industrial”, argumentaba la propia Calvo tras la sesión. ¿Una crítica velada a la modificación impulsada por su propio partido?

Los vecinos continuarán con su lucha y estudian tanto vías políticas como judiciales para intentar frenar una instalación que, están convencidos, traerá ruidos, contaminación por polvo en suspensión —pese a las promesas de “regar” durante el verano— y un tráfico constante de camiones por unas pistas forestales por las que no caben dos vehículos en paralelo. Todo, a escasos metros de dos núcleos de población, las aldeas de Feros y A Torre, en una zona rural donde el metro cuadrado es mucho más barato que en cualquier polígono industrial y en donde, antes del cambio en la ley, una instalación como ésta no hubiese encontrado encaje. Ahora, puede ser la primera de muchas.