El PP de Santiago denuncia a Bugallo por «ordenar» alquilar una nave a un edil del PSdeG

Cuando parecía que todo iba a girar, como acostumbra en la capital gallega, sobre el eterno debate de qué hacer con el edificio de la malograda Casa da Xuventude; o, como mucho, cómo meterle mano a un Campus Sur universitario que pide a gritos una reforma integral, una denuncia del PP contra el alcalde y varios ediles socialistas por el caso Pichel ha puesto la precampaña compostelana patas arriba. Los populares no se limitan a denunciar a Xosé Antonio Sánchez Bugallo y a otros seis concejales socialistas por haber firmado un contrato con una empresa vinculada al entonces también edil José Manuel Pichel para el alquiler de una nave en el polígono de Costa Vella —donde ubicarían provisionalmente dependencias de Parques y Jardines— siendo «plenamente conscientes» de la irregularidad. La denuncia va más allá: asegura que todo se hizo «siguiendo las instrucciones de la Alcaldía» . «Es decir, aunque formalmente la propuesta la firma Milagros Castro —una de las ediles denunciadas—, la orden parte directamente de la Alcaldía, es decir, del denunciado señor Bugallo». «Aunque formalmente la propuesta la firma Castro, la orden parte directamente de la Alcaldía, es decir, de Bugallo» La denuncia El escrito, que firma el portavoz del grupo municipal del PP de Santiago, José Antonio Constela, ya está sobre la mesa de Ana López-Suevos, titular del Juzgado de Instrucción número 1 de Santiago de Compostela. La denuncia, que detalla en una cincuentena de páginas las supuestas irregularidades de la junta de gobierno santiaguesa para favorecer a una empresa «estrechamente» vinculada a los socialistas , señala a los investigados por delitos contra la Administración Pública tales como prevaricación, tráfico de influencias, malversación, fraude en la contratación, negociaciones prohibidas a funcionarios «y aquellos otros que pudieran surgir de la instrucción». Concejales y UGT El listado de cargos denunciados es la siguiente. Además de Bugallo y la concejala Castro, el PP apunta a los también ediles y miembros de la junta de gobierno local compostelano Gumersindo Guinarte, Mercedes Rosón, Gonzalo Muiños, Marta Abal y Esther Pedrosa. Los populares incluyen, además, a José Luis Fernández Celis, secretario de organización de UGT Galicia. Y, por supuesto, a José Manuel Pichel, el concejal de Medio Rural que a mediados de enero se vio obligado a dimitir tras desvelarse que el Ayuntamiento de Santiago había alquilado esta nave propiedad de la empresa de la que él era accionista. Pichel, entonces, en una comparecencia ante los medios, dijo que había cometido «un error considerable» al «no haber comunicado al alcalde ni al resto de la Junta de Gobierno» que era accionista de la empresa Desproi Promociones, una entidad dedicada a la compra-venta de inmuebles, construcción, alquiler y gestión de licencias. En todo caso, Pichel aseguró que había actuado «sin mala fe» y «sin intención de ocultar» su vinculación con la mencionada empresa. Pero la lectura que hacen los populares, y ahora plasman en su denuncia, es bien distinta a la que defendía Pichel ante los medios. La denuncia de los populares apunta a los cargos citados anteriormente por haber adjudicado «fraudulentamente y sin concurrencia», de forma directa, esta contrato para el alquiler de una nave propiedad de Desproi Promociones para uso municipal. Esta empresa está representada por Fernández Celis. Pero de ella eran propietarias, a su vez, varias mercantiles, como Servicios Técnicos Gaia, de la que participa el exconcejal Pichel. Y también, otras sociedades «estrechamente vinculadas» tanto al PSdeG como a UGT y a Unións Agrarias-UPA . En el pasado, además, el propio Pichel había sido administrador y apoderado directo de Desproi Promociones. Una empresa 'socialista' A diferencia de lo que sostienen desde el Consistorio, el PP cree, y así se lo advierte a la jueza, que «todos los concejales denunciados eran plenamente conscientes de todo ello» . Y no solo los ediles, sino también, «desde luego el propio alcalde», siendo la Alcaldía la que tomó la decisión de proponer la adjudicación del contrato de arrendamiento a la empresa de Pichel. Los populares comprobaron que, más allá de Pichel, de Desproi Promociones siempre formaron parte «destacadísimos miembros del PsdeG y de UGT», como Antonio González Dacal, que fue candidato del partido en el Concello de Rodeiro (Pontevedra); y Rosa Arcos Camaño, miembro de la ejecutiva del PSdeG, dirigente de UGT y de Unións Agrarias. «Es evidente que la entidad pertenece realmente a sociedades directamente vinculadas con el PSdeG», recalca la denuncia de los populares. Noticias Relacionadas estandar No Tropiezo tras tropiezo del gobierno de Santiago Pablo Baamonde estandar No La oposición erosiona la carrera de Bugallo hacia las urnas con nuevas acusaciones Pablo Baamonde «Con todos estos mimbres», añade el PP en su escrito remitido a los juzgados compostelanos, «resulta obvio que la totalidad de los denunciados», miembros del PSdeG y concejales en el Ayuntamiento, «conocían la verdadera composición» de Desproi Promociones. «En base a ese conocimiento, actuaron para beneficiarla», añaden . Por eso, en una junta de gobierno del 14 de septiembre de 2021 todos ellos «asistieron y votaron» por unanimidad a favor de la adjudicación del contrato con Desproi Promociones, «a pesar de que Pichel ostentaba un interés personal en el asunto». El propio edil, cuando votó, lo hizo siendo titular de acciones de la mencionada mercantil. Solo vendió sus participaciones en Desproi Promociones después, en los 15 días que pasaron entre la adjudicación del contrato y el día que el alcalde Bugallo lo formalizó. Pero para los populares, las irregularidades del caso Pichel no acaban ahí. «Por si eso no fuera suficiente», recalca la denuncia, resulta que Desproi Promociones no debía haber podido firmar convenios, porque debía al Concello 172.743 euros. Además, pese a que la junta de gobierno había aprobado la adjudicación del contrato de alquiler por cuatro meses, Bugallo lo suscribió por un año. El PP pide a la jueza varias diligencias, entre ellas las declaraciones de los denunciados, del interventor municipal y dos cargos de dos concejalías.