Más impuestos a las petroleras para financiar la lucha climática

Impuesto a los beneficios, a las emisiones totales de su actividad, a la producción, a la venta… ¿Y a la extracción? «5 dólares por tonelada de CO2 emitida en este proceso». Esta es la propuesta de siete organizaciones ecologistas plasmada en el informe 'El impuesto sobre daños climáticos. Una guía sobre qué es y cómo funciona'. Esta investigación propone que los países de la OCDE, especialmente los miembros del G7, lideren la puesta en marcha de una tasa por tonelada de dióxido de carbono emitida en el proceso de extracción de combustibles fósiles. «Se podrían recaudar 900.000 millones de dólares hasta 2030», es la conclusión de los autores del estudio. La publicación coincide con la primera reunión del equipo directivo del Fondo de Pérdidas y Daños, que llega cinco meses después de su puesta en marcha en el primer día de la COP28 celebrada el pasado diciembre en Dubái (Emiratos Árabes Unidos). Fue en esta cita multilateral donde la hucha comenzó a llenarse tras anuncios refrendados con aplausos. Código Desktop Imagen para móvil, amp y app Código móvil Código AMP Código APP ¿La meta? 100.000 millones de dólares. «Lo recaudado hasta el momento apenas es el 0,2% », denuncian las organizaciones ecologistas en este informe. El texto presentado este lunes argumenta que la mayor parte de los ingresos (80%) se transfieran al recién establecido Fondo para Pérdidas y Daños para ayudar a los países en desarrollo en su respuesta a las pérdidas y daños climáticos. Si se introduce únicamente en los estados del G7, donde se basa un número considerable de compañías internacionales de petróleo y gas, el impuesto por daños climáticos podría recaudar 540.000 millones de dólares para el Fondo para Pérdidas y Daños para finales de la década.«Estas cifras podrían pagar la reconstrucción y recuperación de los daños causados por el Ciclón Freddy, que desplazó a más de medio millón de personas en el sur de África en 2023, más de 1300 veces», señalan las organizaciones ecologistas. El resto, cerca de 200.000 millones quedaría reservado a un «dividendo doméstico», así lo califican estas organizaciones, para apoyar a las comunidades con la transición climática en los países donde se impone el impuesto, los principales productores de crudo. «Los gobiernos no pueden seguir sentados y dejar que la gente común pague la factura del cambio climático mientras los jefes petroleros llenan sus bolsillos y se benefician de los altos precios de la energía. Necesitamos un liderazgo global concertado para obligar a la industria de combustibles fósiles a dejar de perforar y comenzar a pagar por el daño que están causando en todo el mundo», advierte Areeba Hamid, directora ejecutiva conjunta de Greenpeace UK. Según los autores del texto, el impuesto pretende acelerar la eliminación de los combustibles fósiles al hacer que su producción sea más costosa, fomentando el cambio hacia energías renovables y otras alternativas más sostenibles. Para ello, cada año el impuesto irá sumando 5 dólares para encarecer la extracción de cara a finales de la década y cumplir con los planes de descarbonización nacidos de la COP21 de París. «Esta es seguramente la forma más justa de aumentar los ingresos para el Fondo de Pérdidas y Daños para asegurar que esté suficientemente financiado como para ser apto para su propósito», afirma David Hillman, coautor del informe. «Sería imperdonable que no entregaran el dinero necesario», añade. La sociedad civil denuncia falta de transparencia en las reunión del Fondo de Pérdidas y Daños Cinco meses han pasado de la puesta en marcha del fondo de pérdidas y daños, pero tras aquel hito histórico no han llegado más dólares, ni siquiera sus miembros se han visto las caras. Esta semana, tras varios retrasos, el equipo directivo se reúne en Abu Dabi (Emiratos Árabes Unidos) y lo hace, según la sociedad civil, con mucho secretismo. «Las restricciones impuestas a la participación de la sociedad civil son mayores que para otros órganos de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, como las reuniones de la junta directiva del Fondo Verde para el Clima», denuncia Amnistía Internacional.