El Ayuntamiento de Pozuelo ha presentado hoy sus alegaciones contra las medidas cautelares solicitadas al juzgado por el Gobierno central para impedir el cierre del Centro de Recepción, Atención y Derivación (Creade) de extranjeros «que el Ministerio de Migraciones mantiene sin licencia en esta ciudad». El consistorio gobernado por Paloma Tejero (PP) decretó en septiembre el cierre definitivo y dio al Ejecutivo central cuatro meses para «que cesara en esa actividad por incumplir no solo la normativa municipal, sino también la estatal», como vienen informando ABC. El pasado diciembre, Migraciones informó de que había 125 personas en el Creade y mantiene la legalidad e idoneidad de las instalaciones para este menester. El equipo municipal sostiene que «ese centro solo cuenta con licencia para 270 camas de hospedajes breves de asistentes a cursos de la Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS), no para acoger de forma indefinida hasta 564 solicitantes de asilo, como reconoce el propio ministerio en la documentación que trasladó al consistorio en verano y que ha aportado ahora al juzgado». Todo ello representa, dicen, un «riesgo cierto de hacinamiento». En sus alegaciones, la alcaldesa afirma que la única licencia con la que cuenta el edificio desde 2013 dejaba claro que «será necesaria la obtención de una nueva de funcionamiento cuando se modifique la clase de actividad a que fuera a dedicarse el establecimiento y para la reforma sustancial de los locales o instalaciones« y que «cualquier modificación y los cambios de titularidad deberán ser comunicados al ayuntamiento». El inmueble fue cedido a Migraciones para una actividad muy distinta a la original y sin solicitar una nueva licencia. El cambio se desarrolló en marzo de 2022 «única y exclusivamente» para la emergencia por la guerra de Ucrania, pero un año y medio después, en septiembre de 2023, lo convirtió en un centro permanente y genérico. Insiste Pozuelo en que el lugar no está preparado para acoger a solicitantes de asilo de todo el mundo, más allá de para el caso puntual de la invasión rusa al país europeo. Desde el ayuntamiento recuerdan que el Gobierno central «ha amenazado en al menos un par de ocasiones con utilizar» el Creade «para acoger a cientos de menores inmigrantes no acompañados» ; algo por lo que han sido advertidas la Comunidad de Madrid y la Fiscalía de Menores. Si el recurso es negativo para el Gobierno central y pasado ese ultimátum, la ley dicta que el consistorio puede enviar otro requerimiento para un plazo definitivo de tres meses más (15 de abril de 2026), pasado el cual, Paloma Tejero podría acudir a los tribunales y, además, abrir un expediente administrativo sancionador, cuya multa máxima ascendería a 3 millones de euros. Paloma Tejero, explica que, «cuanto más avanza este ayuntamiento para que el Gobierno de Sánchez cumpla la ley en nuestra ciudad, más claro queda que no solo la ha incumplido, sino que está empeñado en seguir incumpliéndola con cosas tan temerarias como autorizar que se metan casi 600 personas donde no caben ni la mitad, sin licencia y saltándose todas las normas«.
