Los Planes Provinciales de la Diputación de Burgos prevén invertir 54,5 millones de euros para el bienio 2026-2027 en los municipios de menos de 20.000 habitantes, un 28 por ciento más con respecto a los dos ejercicios anteriores. Se divide en dos subplanes: el Plan Provincial de Cooperación con 42,5 millones de euros y el Plan de Prevención de Incendios con una inversión estimada de 12 millones. Los Planes Provinciales fueron presentados este viernes por parte del presidente de la Diputación, Borja Suárez, y del vicepresidente y responsable de la comisión informativa de Planes Provinciales, Vías y Obras, José Antonio de los Mozos. «Es un plan ambicioso , la mayor reserva económica, el mayor esfuerzo económico que hace la Diputación Provincial en un solo expediente», exclamó Suárez, al tiempo que explicó que «no es el plan provincial tradicional que se ha visto en la Diputación de Burgos en las últimas décadas» sino que defendió que es «un plan diferente, mucho más ágil y más propio de los tiempos que corren». Además, consideró que se trata de «un Plan que ya marca las prioridades a todos y cada uno de los pueblos» y que «ha conseguido un consenso, una vez más, político muy importante», ya que cuenta con el visto bueno de Vox y Sentir Aranda. Si bien, precisó que «si la única crítica por parte del Partido Socialista es que tenía que tener mayor dotación presupuestaria, este plan está bien hecho», informa Ical. El presidente de la Diputación calificó el Plan de «histórico» en la provincia de Burgos y confió en que sea «un instrumento ágil, útil y que sirva a los intereses de desarrollo, transformación y, sobre todo, de progreso de todos y cada uno de los pueblos». Una vez aprobado en la Comisión informativa, se prevé que el Pleno ordinario del próximo viernes, 30 de enero, de su visto bueno al Plan de Planes Provinciales bienal. El Plan Provincial de Cooperación de la Diputación de Burgos prevé invertir 42,5 millones de euros para el bienio 2026-2027, con un presupuesto mínimo por actuación de 10.000 euros. La Diputación aporta el 80 por ciento y los ayuntamientos el 20 por ciento restante. Se priorizan obras de competencia municipal y se permite destinar hasta el 30 por ciento de la ayuda a gastos corrientes, siempre que sean nuevos y no fungibles. Por su parte, el Plan de Prevención de Incendios de la institución provincial para el mismo periodo tiene una inversión estimada de 12 millones de euros y, en este caso, la aportación de los ayuntamientos es cero. Se centra en la prevención activa y adquisición de equipamiento contra incendios forestales, con un 100 por cien de financiación por parte de la Diputación. Las intervenciones incluyen la creación de cortafuegos y la mejora de redes de agua. «Se le da un protagonismo evidente a las medidas y actuaciones vinculadas a las dotaciones propias de la prevención y extinción de incendios», reconoció. «Siempre hemos entendido que los planes provinciales son un instrumento para que cada pueblo decida dónde tiene que invertir pero también, en este caso, tenemos la capacidad para destinar fondos a planes provinciales para aquello que entendemos que es una urgencia, que es una necesidad en la provincia de Burgos», manifestó. Así, recordó que «a la vista de los incendios que ha tenido la Comunidad el último verano, hay una estrategia conjunta con la Junta de Castilla y León, pero en la institución provincial entendieron que «de recursos propios también teníamos que hacer algo» y que «la mejor forma de hacer algo y que llegue a todos los pueblos es a través de los planes provinciales». Una de las principales conclusiones que destacó fue que «los pueblos eligen sus prioridades» y se garantiza «un aumento del 35 por ciento de la capacidad de inversión de las entidades locales menores respecto al Plan Provincial anterior», así como el protagonismo que se le da a las medidas y actuaciones vinculadas a las dotaciones propias de la prevención y extinción de incendios. Los plazos para la solicitud son de 45 días desde la publicación en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP), y las obras deben ejecutarse entre el 1 de enero de 2026 y el 15 de noviembre de 2027. Se prevén sanciones por incumplimiento de plazos.
