El Instituto de las Mujeres, organismo dependiente del Ministerio de Igualdad de Ana Redondo, ha recibido este lunes una denuncia pública firmada por más de una treintena de organizaciones feministas y numerosas mujeres a título individual por financiar un estudio sobre el uso del hijab en las aulas . Las firmantes critican que el estudio «desplace el debate» y convierta en discriminación «cualquier cuestionamiento» del velo en el ámbito educativo. «Lejos de promover la igualdad, refuerza discursos y prácticas que discriminan a las mujeres y niñas », dice esta carta de protesta, que ha sido enviada directamente a Cristina Hernández Martín, directora del instituto. La polémica surge a raíz del informe titulado «¡Con eso no! Discriminación de las jóvenes musulmanas con hijab en el sistema educativo». Fue encargado al Grupo de Análisis sobre Islam y Culturas Arabo-Islámicas en Contextos Transnacionales (GRAIS) de la Universidad Complutense de Madrid. Insisten en que esta denuncia no va contra ninguna niña ni ninguna mujer en particular, sino contra las instituciones públicas que «legitiman prácticas que vulneran la igualdad». Sin cortapisas insisten en que « no es negociable » ni bajo el pretexto del relativismo cultural ni religioso. Las firmantes consideran que el informe y sus conclusiones son «inaceptables» y denuncian que se usen fondos públicos para elaborar estudios que, explican, « justifican y normalizan la imposición del velo ». «Presentar esta realidad como un simple fenómeno cultural es dar la espalda a la lucha por la igualdad real y la autonomía femenina», explican desde la Alianza contra el Borrado de las Mujeres, que han impulsado esta denuncia. En la denuncia, a la que ha tenido acceso ABC, las organizaciones feministas subrayan que la práctica afecta «exclusivamente a mujeres y niñas», que no se exige a los hombres. Por tanto, añaden, el velo «no es un símbolo neutral», sino que se trata de un elemento que «históricamente» ha sido « una forma de control » sobre ellas. «Y que se impone desde edades tempranas», apostillan. Por su parte, fuentes del Instituto de las Mujeres señalan que las investigaciones que financia no suponen en ningún caso un posicionamiento institucional sobre las tesis que se defienden en dichos documentos. Y explican que el encargo del estudio se realizó en junio de 2023, etapa donde Irene Montero (Podemos) y su equipo estaban a cargo del departamento. «La autoría corresponde íntegramente al Grupo de Análisis sobre Islam y Culturas Arabo-Islámicas en Contextos Transnacionales (GRAIS) de la Universidad Complutense de Madrid, integrado por Laura Mijares, Daniel Gil-Benumeya, Johanna M. Lems», zanjan. La denuncia reclama al Instituto de las Mujeres « una explicación pública y clara de los criterios utilizados para financiar este tipo de estudios», que «asuma la responsabilidad institucional de no respaldar estudios que refuerzan la desigualdad» y que «reafirme el compromiso con una escuela pública laica y libre de imposiciones religiosas, y con la defensa de los derechos de todas las niñas y mujeres». La carta enviada a la directora del organismo está firmada por Alianza Contra el Borrado de las Mujeres ; el Grupo «Mujer, Vida, Libertad-Madrid»,la Asociación de Feministas Socialistas (FEMES); el Fórum de Política Feminista; la Asociación de Mujeres por la Paz; el Lobby Europeo de Mujeres en España; MALVA; Alanna; Abolicionistas por Zaragoza; Feministas al Congreso (PFAC); Plan8; entre otras.
