El juicio por el asesinato del canónigo emérito de la catedral de Valencia , Alfonso López Benito , está visto para sentencia a la espera del veredicto del jurado popular que llegará este lunes. Un caso marcado por una investigación discutida, un único acusado, Miguel V.N. que niega haberlo matado y un trasfondo incómodo: la vida oculta del religioso que mantenía encuentros sexuales con personas vulnerables a cambio de dinero, comida y cama. La noche del 21 de enero de 2024, Don Alfonso murió asfixiado y estrangulado en su domicilio ubicado en la calle Avellanas, en pleno centro histórico de Valencia. Dos años después, el juicio no ha logrado lograr la pregunta esencial: quién lo mató. La Fiscalía sostiene que el acusado no fue necesariamente quien apretó el cuello del sacerdote, pero sí cree estuvo allí, lo vio morir y participó de forma decisiva en los hechos. La defensa, en cambio lo niega todo salvo el uso posterior de las tarjetas bancarias de la víctima. Entre ambas versiones conjugan lagunas, contradicciones y pruebas indirectas que el jurado deberá interpretar en su deliberación. Las principal certeza radica en la autopsia. Los médicos confirmaron en sede judicial que el canónigo murió por un mecanismo combinado de estrangulación y sofocación: le taparon las vías respiratorias mientras le presionaban el cuello, en un ataque frontal y sostenido durante varios minutos. No se hallaron lesiones defensivas. El cuerpo apareció boca arriba, en ropa interior, tapado con una colcha, lo que sugiere que fue recolocado tras la muerte . En la casa no se hallaron huellas ni ADN del único acusado , que siempre ha apuntado a la segunda no identificada como autor del crimen, un tal Manuel, colombiano que conoció trabajando de temporero para recoger naranjas. En la estancia, no obstante, sí aparecieron siete huellas dactilares sin identificar y perfiles genéticos de al menos dos personas desconocidas, hallados en un cepillo de dientes y en la funda de la almohada. Para los peritos, la ausencia de rastros no excluye la presencia del acusado: la vivienda estaba ordenada perfectamente, lo que apunta a una limpieza posterior. Del mismo modo, ha quedado acreditado que pocas horas después del crimen, alguien intentó acceder a las cuentas bancarias del canónigo. Desde su móvil se enviaron correos y se realizaron llamadas para recuperar el PIN de las tarjetas. Parte de esas gestiones fueron realizadas —según la Policía— con la voz del acusado. Miguel, en prisión preventiva desde su detención, reconoció haber retirado dinero de cajeros de las cuentas del sacerdote, pero en ningún momento subo que estaba muerto hasta que días después se lo comunicó Manuel, al que la Policía describe como «un amigo imaginario », un mecanismo, dijo el jefe de Homicidios, que algunos delincuentes emplean para alejarse cualquier responsabilidad criminal. Según la versión que dio, Manuel le entregó las tarjetas y el móvil varias horas después del asesinato y le propuso repartirse el botín. El ministerio público no lo ve plausible. De hecho sostiene que el teléfono del acusado se encontraba en la calle Avellanas durante el espacio temporal donde se cometió el crimen y que ambos móviles, el suyo y el de la víctima, abandonaron juntos la vivienda de madrugada. Asimismo, subrayó el fiscal las diferentes contradicciones que infligió como versiones cambiantes, la aparición tardía del segundo implicado, un año después de ser detenido, y la desaparición de su teléfono. La defensa, por el contrario, cree que la investigación se ha cerrado «en falso». Denuncia que no se rastrearon todas las cámaras, que no se analizaron ordenadores ni memorias USB halladas en la casa y que no se investigó de forma efectiva a otras personas cuyos restos biológicos aparecieron en la escena. Más allá del crimen, el juicio ha sacado a la luz la doble vida del religioso . Testigos, incluido el portero del edificio y su asistente personal que ejercía de una suerte de protector, relataron que llevaba a su casa a hombres jóvenes en situación de vulnerabilidad —algunos con discapacidades o adicciones— para tener sexo a cambio de dinero, comida o cama. De hecho, ahondaron en que los encuentros eran frecuentes y algunas veces conflictivos. Describieron discusiones por pagos, denuncias verbales por tocamientos y escenas de desesperación protagonizadas por quienes reclamaban lo pactado. Tanto que, según la declaración del portero, el canónigo desconectó el telefonillo y encerraba con llave a los chicos cuando salía del domicilio . Uno de esos jóvenes llegado desde Badajoz y con una discapacidad intelectual, declaró que pasó el fin de semana anterior del crimen en la vivienda. Reconoció tocamientos consentidos y explicó que compartió cama con el sacerdote. Su ADN apareció en las sábanas, junto a una pequeña mancha de sangre cuya causa no supo precisar. aunque deslizó la posibilidad de que «tal vez le explotara un grano». Por todo ello, es evidente que todavía existen dudas después del juicio. Si Manuel existe o se llama de otra manera, si el acusado entró en la calle y participó o vio el crimen, de quién son los perfiles genéticos no identificados, si se investigó lo suficiente a otras personas que frecuentaban la casa del religioso, por ejemplo, son algunas de las cuestiones por resolver. Por su parte, en la versión del fiscal faltan piezas del puzle, pero las existentes permiten ver la figura completa. En cambio, para la defensa, cree que están intentando encajar las piezas a martillazos, por lo que no considera justo que con tantas lagunas alguien pueda enfrentarse a 28 años de cárcel . Ahora, el jurado popular tendrá la última palabra.
