El Consejo de Ministros aprobó el martes un real decreto para la regularización extraordinaria de medio millón de personas extranjeras que ya se encuentran en España. El proceso se llevará a cabo durante tres meses, comenzando a principios de abril y finalizando el 30 de junio. La presentación de la solicitud suspenderá automáticamente órdenes de expulsión y procedimientos de retorno por motivos administrativos o laborales. Además, la mera admisión a trámite otorgará una autorización de residencia provisional , que permitirá trabajar legalmente y acceder a derechos fundamentales como la asistencia sanitaria. Finalmente, si la resolución es favorable, se concederá un permiso de residencia de un año , renovable después conforme al reglamento de extranjería. La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz , defendió que esta medida, pactada con Podemos, pretendía «dignificar y dar garantías» a estas personas y sus derechos. Sin embargo, hay quien piensa que es una táctica política o una cortina de humo. La medida ha formado parte del podcast de ABC 'La Cuota', en el que Rebeca Argudo , Alfonso J. Ussía y Juan Soto Ivars han sugerido que es estratégica y llega en un momento calculado. Para este último, el único fin de la regularización es que las personas beneficiadas pudan cotizar. «Para exprimir los impuestos» , señala. «La medida es 'tenemos a estas personas que están en el limbo burocrático y queremos ordeñarles'». Una filosofía que, desde su punto de vista, sigue el « dogma izquierdista , aunque me suena muy poco de izquierda, de 'es que pagan impuestos y nos pagan las pensiones'». Mientras Ussía afirma estar de acuerdo con la medida, Soto Ivars insiste en que se trata de «una situación de limbo burocrático». «Lo que se ha hecho de la regularización es, no es nacionalizar a 500.000 ni a 800.000 personas, es regularizar la situación burocrática de gente que está de manera irregular y que está trabajando normalmente en negro », aclara. Aunque la medida ha sido ahora incorporada por la izquierda, Rebeca Argudo recuerda que «las regularizaciones se han venido haciendo desde hace mucho tiempo. Además, el PP también las ha hecho ». «Ha hecho más el PP que el PSOE», confirma Soto Ivars, quien añade que «no se puede estar en contra de la burocracia y en contra de las regularizaciones». Soto Ivars cierra el análisis con una lectura política del momento elegido para anunciar la medida, sugiriendo que trata de desviar la atención de otras polémicas, como la responsabilidad del ministro de Transportes, Óscar Puente , en el mantenimiento de la infraestructura ferroviara española y, por tanto, en la tragedia de Adamuz . «Es la típica táctica de 'sacamos este tema que sabemos que cabrea y va a salir Vox…'. Quizá ahí veo un síntoma de derrota de Óscar Puente . Que no tiene mucha más tierra para correr », reflexiona.
