Según las últimas cifras oficiales, en 2024, 3.491 hombres cambiaron su sexo en el registro civil al de mujer. Más de un centenar lo hicieron de forma fraudulenta. Pueden hacerlo según como está planteada la ley. La Alianza Contra el Borrado de las Mujeres ha puesto en marcha un mapa interactivo de España que documenta el impacto de la autodeterminación del sexo registral, a partir de casos recogidos por la prensa desde que la normativa aprobada por el anterior Ministerio de Igualdad, de Podemos, entró en vigor. Se trata de una campaña para denunciar las lagunas de la ley , donde se geolocaliza cada caso conocido de fraude con una ficha de detalles y se enlaza con la noticia en el medio de comunicación donde se publicó. «Casos de maltratadores, feminicidas o proxenetas de menores que no han encontrado ningún obstáculo para solicitar y obtener la modificación del sexo en los registros civiles. Hoy, son legalmente mujeres», explican desde la Alianza Contra el Borrado de las Mujeres. «Conviene recordar que en el registro no se verifican los antecedentes penales de la persona que solicita el cambio de sexo registral», añaden. Esta situación ha entorpecido diferentes procedimientos judiciales. Además, es importante señalar que el cambio de sexo legal no afecta a los procedimientos por violencia machista cometidos antes de la modificación en el registro, sin embargo, lo preocupante es que sí que afecta si la agresión se comete después del cambio. Según explican desde la organización, la facilidades para cambiar el sexo en el registro que ofrece la ley Trans están permitiendo en determinadas situaciones que haya hombres que estén sorteando y desvirtuando normas como la ley contra la violencia de género, la de igualdad efectiva y otras políticas públicas diseñadas para corregir las desigualdades estructurales entre mujeres y hombres. Generando, lamentan, efectos contrarios a los objetivos de protección e igualdad que dichas normas persiguen. El último caso en el que la ley Trans se usó de forma fraudulenta fue precisamente publicado en este periódico hace una semana: se cuenta el caso de Manu y Paco, nombres ficticios, cuyos DNI dicen que son mujeres. Ambos están luchando por la custodia compartida de sus hijos, y, según informó Berta González de la Vega , llevan años en los tribunales, donde acumulan archivos y absoluciones a denuncias que les ponen sus ex parejas mujeres. Así, explican ellos, consiguen que no puedan ser juzgados por los juzgados de violencia contra la mujer. En el mapa de la Alianza contra el Borrado de las Mujeres no están todos los casos falsos de cambio de género. Son solo los que han trascendido a los medios de comunicación. La organización feminista denuncia por ello «el oscurantismo de las instituciones que están negando acceso a la información que permitiría conocer la amplitud real del problema». Las respuestas obtenidas por Alianza Contra el Borrado de las Mujeres en sus, según dicen, «numerosas consultas» al portal de Transparencia reconocen la ausencia de sistematización en la recogida de estos datos. En este sentido, las feministas consideran que «la falta de voluntad política de hacer accesibles informaciones evidencia que estos pondrían de manifiesto la chapuza legislativa que implica un concepto jurídico como la autodeterminación de un dato registral, con grandes implicaciones prácticas en amplias esferas de las relaciones sociales y que colisiona con derechos de terceros». Las feministas también recogen el caso de delincuentes o delincuentes sexuales que intentan ampararse en esta ley para buscar beneficios penitenciarios, por ejemplo, celdas individuales o acceder a otroos módulos en los centros. «El caso más sangrante es el de Jonathan Robaina, el asesino y violador de su prima, Vanessa Santana, que durante el juicio exigió ser llamado Lorena», dicen, que es tratado en la cárcel como mujer. También se han documentado situaciones en las que hombres opositores han perjudicado convocatorias de plazas públicas al acceder a los exámenes utilizando un DNI femenino y haciendo un uso indebido de las acciones positivas destinadas a empleos con baja representación de mujeres. Aunque luego no consiguieran la plaza, porque los tribunales los rechazaron por sus trampas, afecta a los procesos.
