El nuevo decreto que el Gobierno se ha visto obligado a aprobar este martes para garantizar la revalorización de las pensiones despeja el panorama al que se enfrentaban los nueve millones de ciudadanos que cobran cada mes algún tipo de prestación de la Seguridad Social al reafirmar el cobro que ya percibieron en enero sin posibilidad de que les baje la pensión. Es la principal consecuencia de esa norma, pensada para refrendar el incremento de las pensiones para este año en base a la inflación de 2025, con un alza del 2,7%. Por eso, la pensión media de jubilación mantendrá el alza de 50 euros al mes, que sitúa su importe en el entorno de los 1.552 euros. Esa será la cuantía que la Seguridad Social abone a finales de febrero. El riesgo al que se podían haber enfrentado los pensionistas pasaba por la posibilidad de ver reducida su pensión en febrero frente al incremento que ya habían cobrado en enero, como consecuencia del primer decreto ómnibus que rechazó el Congreso. Si el Consejo de Ministros no hubiese validado este martes esta nueva norma, los plazos para pagar las pensiones revalorizadas a finales de mes eran muy estrechos. De esta forma, la revalorización supondrá, aproximadamente, 570 euros adicionales al año para las personas con la pensión media de jubilación, mientras que las pensiones medias (incluidas las modalidades de incapacidad, viudedad u orfandad, entre otras) subirán una media de 500 euros este ejercicio. Además, este decreto incorpora el incremento de las pensiones mínimas al menos un 7%, aunque en algunos casos subirán hasta un 11,4%, cuando se trate de las prestaciones con cónyuge a cargo o las de viudedad con cargas familiares. También avanza el importe del Ingreso Mínimo Vital (IMV) un 11,4%, subida que deja de correr riesgo tras la decisión con la que el Ejecutivo ha reculado este martes frente a su intención inicial del ómnibus. Este decreto también aclara el panorama para los empresarios , que se habían quedado despojados de seguridad jurídica al no saber cuánto deberían reformular las nóminas de sus trabajadores de cara a lo que deberían cobrar a finales de febrero en base a las nuevas cotizaciones sociales. El decreto también constata la subida del Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI), con un incremento del 0,1% para todas las nóminas. Esta cotización iba a crecer hasta el 0,9% de la base de cotización, del que la empresa asumía un 0,75% y el otro 0,15% recaía en el empleado. Con esta medida, la Seguridad Social estima ingresar unos 5.300 millones de euros extra. Supone para el trabajador un coste de unos dos euros, de media menos, al mes en su nómina. El escudo social derogado por la Cámara Baja también reafirma el incremento en la cuota de solidaridad. Se trata de un alza superior de cotizaciones que deben pagar los trabajadores con las nóminas más elevadas. Ya lo habían sufrido en enero y así será a partir de febrero tras la duda generada en torno al decreto, que tenía a muchas asesorías y firmas de recursos humanos pendientes de la nueva normativa.
