El conflicto laboral que vive Hitachi Energy acumula ya 14 meses enquistado y sin soluciones a corto plazo que devuelvan la situación a la normalidad. Los responsables de la empresa y los representantes de los trabajadores a través de los sindicatos no han logrado un acuerdo para la renovación del convenio colectivo, que cumplió el 31 de diciembre de 2024, sigue vigente actualmente por ultraactividad y regula las condiciones de trabajo de los 440 empleados de la fábrica. La tensión entre los directivos de la empresa y los empleados ha ido creciendo durante este más de un año de negociaciones (ahora están completamente paralizadas) infructuosas para llegar a un acuerdo. Por medio han quedado casi una cuarentena de reuniones, algunas mediaciones del Sercla y otras intervenciones para buscar la paz social del Carl. Las posturas han estado tan enconadas entre la sociedad y el comité de empresa que el conflicto laboral ha vivido ya numerosas jornadas de huelga y de paros parciales como elementos de movilización de los trabajadores. La dirección de Hitachi también ha movido sus piezas, como reflejan los 76 expedientes sancionadores que acabaron en suspensión de empleo y sueldo para otros tantos empleados. El aderezo de esta situación es que se produce mientras la empresa gestiona una gigante ampliación de la fábrica. La inversión prevista son 80 millones de euros. La intención es crear al menos otro centenar de puestos de trabajo adicionales a los existentes. Los trabajos de ampliación incluso se han iniciado. Después de decenas de comunicados de todas las partes en estos 14 meses de conflicto, seguir el hilo conductor de la historia se ha hecho complicado incluso para los más ávidos lectores. ABC recuerda, amplía y pone voz a las partes para situar de dónde parte el choque laboral, qué ha pasado desde entonces, dónde está la situación ahora y qué horizonte hay en el futuro. Sin embargo, en primer lugar es necesario recordar que la fábrica de Córdoba produce gigantes transformadores eléctricos para las empresas más importantes de España y también los exporta por todo el mundo. Por citar algunos ejemplos, entre sus clientes están Iberdrola o Red Eléctrica en el ámbito doméstico. Y las exportaciones de su material llegan hasta Japón, por citar un país lejano y destacado. El punto de partida del conflicto laboral es la falta de acuerdo para la formulación de un nuevo convenio colectivo. El último documento tenía una vigencia de un año, del 1 de enero de 2024 al 31 de diciembre. Lleva más de 13 meses cumplido su ámbito temporal previsto (artículo 5 de convenio). Pero, la pregunta es por qué no se alcanzó un acuerdo para renovar el convenio colectivo de Hitachi. Hay tres motivos principales (no los únicos). La razón fundamental de enconamiento ha sido la flexibilidad laboral. Los trabajadores tienen pactada una bolsa de 150 horas para flexibilizar su jornada. Es decir, para aumentar el número de horas o, generalmente, de días en los que trabajan. El objetivo de esta norma es conseguir que la empresa logre cumplir los plazos marcados para la entrega de la mercancía. Es fundamental para garantizar los pedidos futuros. Esa flexibilidad horaria, para trabajar, por ejemplo, un sábado tiene una condición de voluntaria para los trabajadores. Es decir, son ellos los que deciden si aceptan trabajan cuando la empresa tiene abrir fuera de la jornada habitual para cumplir con un pedido. La empresa, con el objetivo de poder ofrecer mejores condiciones de plazo a sus clientes, propuso ampliar ese paquete de horas flexibles a 300 horas. Entre ellas, habría una parte que dejaba de ser voluntaria para los trabajadores y la era sociedad la que establecía quién trabajaba en cada turno flexible. Los empleados no admiten esta opción porque entiende que reduce su capacidad de conciliación laboral y familiar. Hay otros dos focos que evitaron el acuerdo. El salarial, aunque sin ser determinante, y la situación de entrada de nuevos empleados. De un lado, la propuesta de la subida salarial, que estaba pensada sobre un 3,8 por ciento (se pactó para 2025 con carácter retroactivo). De otro lado, la posibilidad de que los nuevos empleados tuvieran que entrar con unas condiciones económicas inferiores a las tablas de los actuales trabajadores. El comité no aceptó estos puntos iniciales de la negociación. De hecho, los representantes de CC.OO. transmitieron, tras una reunión con la Junta en noviembre, que «no vamos a consentir que dicha inversión se pague a costa de establecer una doble escala salarial y abusar de la flexibilidad y las subcontratas». El trayecto ha sido intenso. La denuncia del convenio colectivo para su renovación se produjo antes de los dos meses previos a su conclusión, en octubre de 2024. A partir de ahí, se han sucedido un total de 38 reuniones de la mesa de negociación del convenio colectivo a lo largo de 2025. Como en todos los casos, con sus tira y afloja. Sin embargo, con la conclusión definitiva de que no hubo acuerdo para su renovación. A partir de ahí, cualquier intento de mediación obligatorio ha sido infructuoso. El Servicio de Resolución de Conflictos Laborales Extrajudicial (Sercla) de la Junta de Andalucía ha sentado a las partes en varias ocasiones. Ninguna ha conseguido abrir un cauce de entendimiento definitivo para reactivar la negociación, que está completamente rota desde noviembre. Ahí comenzaron las movilizaciones. Como consecuencia, el comité de empresa propuso iniciar las jornadas de huelga y paros parciales. Una de las protestas ha acabado por ser la leña que le faltaba al fuego para prender más en lugar de apagarse. Los empleados realizaron un encierro en la fábrica. Según el secretario de la Federación de Industria, Comercio y Agro (FICA)de UGT en Córdoba, Pedro Téllez, ya advirtieron que «el encierro en una instalación de la empresa es ilegal» ya que «dentro de la fábrica no se puede quedar nadie, no se puede ocupar una instalación de la empresa» para realizar una protesta, pero los trabajadores lo hicieron. En este momento, la empresa abrió expediente sancionador a 76 empleados con suspensión de empleo y sueldo «de 21, 60 y 120 días, según los casos». Las sanciones han hecho convulsionar el conflicto. CC.OO, sindicato mayoritario en el comité, aumento las medidas de movilización: manifestaciones en las calles cercanas a la fábrica, marchas al Ayuntamientos y paros parciales. UGT alcanzó un acuerdo extra estatutario con la empresa para detener los expedientes. «Pactamos que la sanción se quedara en los 9 días que habían pasado hasta que firmamos el acuerdo y dejar sin efecto el expediente, es decir, que no tuviera validez para acumularlo a un segundo expediente que pudiera acabar en despido». A él se unieron ocho afiliados de UGT y dos trabajadores más. Todavía quedan 66 expedientes sancionadores. El punto actual, después de 14 meses de conflicto, es que no hay acuerdo para el nuevo convenio colectivo. Tampoco hay negociación para retomarlo. Los expedientes sancionadores se están aplicando. Y las jornadas de huelga, como la marcha al Ayuntamiento del jueves, siguen en pie. En este contexto, el Comité Andaluz de Relaciones Laborales (CARL), un órgano que escala cuando la tensión entre empresas y trabajadores desborda el Sercla, reunió a sindicatos y directivos el pasado viernes 3 de febrero. Allí se pactaron tres reuniones (10, 17 y 26 de febrero) para determinar un nuevo calendario para volver a la negociación a partir de marzo, los puntos que se negociarían de retomarse y las cuestiones básicas para volver a hablar. El acuerdo partía de retirar los paros pendientes este mes hasta ver el efecto de las reuniones, según la empresa. La continuidad de las convocatorias de CC.OO. motivó que la empresa anunciase que no acudiría a las citas. El conflicto sigue avances. El secretario de UGT-FICA en Córdoba señala que «nuestro objetivo siempre ha sido tratar de desescalar el conflicto», ya que de fondo está la obligación sindical, recalca Pedro Téllez, de conseguir «la paz social» en la empresa para que «no se pierda ni un euro de la inversión prevista» para la ampliación de la fábrica, que está estimada en «80 millones», y que «tampoco Hitachi quite a Córdoba de la chincheta del mapa» productivo. En definitiva, que el objetivo es «mantener la carga de trabajo que tenía y los puestos de trabajo en Córdoba», pero para ello es necesario resolver el conflicto laboral «para que no se vaya ningún proyecto de aquí» como consecuencia de que la empresa «no puede cumplir una fecha de entrega de sus transformadores». Tras encontrar una solución, Téllez, desde UGT, está seguro de que la empresa y los empleos «también podrán crecer», ya que lamenta que «a corto plazo» la tensión actual «ha frenado la contratación prevista en los talleres y la parte técnica cualificada». Fuentes de la empresa explican a ABC que «nuestra voluntad siempre ha sido la volver a sentarnos para negociar el convenio colectivo», que está enconado desde hace 14 meses, pero lamenta que «algunos sindicatos como CC.OO y USO», porque «UGT sí ha dado pasos» para el entendimiento, «hacen que no se den las circunstancias adecuadas» para hacerlo. Desde Hitachi reafirman que «el convenio de 2024 actualmente está prorrogado por ultraactividad» hasta el 31 de diciembre de este año. Sin embargo, detallan que su voluntad negociadora se demuestra con las 38 reuniones de la mesa negociación que precedieron a la ruptura de las negociaciones, y sobre todo en los intentos que se han producido «en el Sercla y el CARL», donde se pusieron «las bases para establecer un nuevo calendario para negociar y las directrices sobre las que se negociaría». Desde la empresa recuerdan que el sistema de trabajo flexible propuesto «respeta los límites legales de jornada y flexibilidad», pero que «CC.OO. ha convertido» aquella «y el sistema de incremento salarial» en «barreras insalvables», a pesar de que aplicó «un incremento del 3,8% en 2025 a toda la plantilla». Además, recuerda que el convenio de Hitachi en Córdoba «tiene unas condiciones laborales muy superiores a las que de media pueden existir en el sector industrial y de energía».
