Duras críticas de las asociaciones de víctimas de la banda terrorista ETA ante la decisión del fiscal de la Audiencia Nacional Carlos García-Berro de apoyar la petición de la defensa de Asier Arzallus Goñi de rebajar la distancia que debía mantener de sus víctimas de 50 kilómetros a 50 metros, al considerarlo «un error» y «una pena de imposible cumplimiento eficaz», como ha desvelado ABC este mismo lunes. La petición del fiscal de la Audiencia Nacional, como ha adelantado este diario, va en contra de lo solicitado por la periodista y víctima de ETA Marisa Guerrero, a quien el comando Vizcaya al que perteneció Goñi tenía en su lista de objetivos a asesinar. Tanto ella como su hermana pidieron que, una vez se le concedió el 100.2, no pudiera acercarse a Vizcaya. Consideran que no hay nada que subsanar ni que aclarar, como sí cree conveniente el fiscal García-Berro. Azallus Goñi está condenado por los asesinatos en el año 2000 de los guardias civiles Irene Fernández Perera y José Ángel de Jesús Encinas; del funcionario de prisiones Máximo Casado Carrera y del columnista de 'El Mundo' José Luis López de Lacalle. Daniel Portero, presidente de Dignidad y Justicia (DyJ), ha exigido que «este modo criminal de actuar contra las víctimas merece una reacción de la Fiscalía General del Estado, que debería apartarle del puesto ya». Y reflexiona sobre «qué pasaría en España si un fiscal hiciera lo mismo con los violadores y les permitiera estar cerca de sus víctimas». Se ha dirigido con dureza a la institución que encabeza Teresa Peramato: «Si la Fiscalía General del Estado no actúa, estará en connivencia con este modo criminal de actuar contra las víctimas y por lo tanto demostrando que su papel no es otro que el de ceder ante las presiones de Bildu, un partido controlado por exjefes de ETA, para que esta formación siga facilitando que Pedro Sánchez continúe como presidente del Gobierno». Por su parte desde Covite (Colectivo de Víctimas del Terrorismo) han reaccionado a la información de este diario en sus redes sociales tildando de «lamentable» el proceder del fiscal. "La Fiscalía de la Audiencia Nacional es la única institución que puede y debe velar por el derecho de las víctimas del terrorismo a la justicia en la fase de ejecución de las condenas. Pero no lo hace. Incluso hay casos, como este, en los que descaradamente se pone del lado de los asesinos y desprotege a las víctimas", han clamado en X.
