La Generalitat Valenciana investiga si los adjudicatarios de las Viviendas de Protección Pública ( VPP ) bajo investigación judicial en Alicante están realmente residiendo en estos pisos, uno de los requisitos para tener derecho a una de ellas. En especial, hay tres que solicitaron la «excepcionalidad» por estar viviendo en el extranjero . En esta situación más especial, se ha enviado a la Policía para verificar si habitan realmente en otro país y si hay otros moradores en Les Naus, la cooperativa de Playa de San Juan, según ha informado la vicepresidenta primera y Consellera de Vivienda, Empleo, Juventud e Igualdad, Susana Camarero. Estas comprobaciones y otras forman parte de un informe exhaustivo que la Administración autonómica concluirá el próximo lunes para su entrega a la Fiscalía con el fin de esclarecer el «escándalo» -tal como lo calificó el propio alcalde, Luis Barcala- tras conocerse que había varios altos cargos municipales beneficiados directamente o a través de familiares suyos en estas adjudicaciones. No obstante, Camarero ha matizado que hay una serie de « bulos de la izquierda » y un grado de «manipulación» relacionado con este asunto. «Hablamos de una de una promoción que nace en tiempos del Botànic, que se desarrolla en tiempos del Botànic con las reglas del juego del Botànic», ha enfatizado la consellera. Acerca del mensaje reiterado sobre el cambio de las normas de las VPP «para facilitar a tramposos» que se beneficien -en referencia a la elevación del umbral máximo de ingresos familiares-, Camarero ha puntualizado que hay adjudicatarios que ya se habían apuntado a esta promoción en 2018, que se concedió la licencia con el Botànic y que «si algo ha fallado, fueron los controles del Botànic». En cualquier caso, la vicepresidenta del Consell se ha comprometido a que van a verificar y seguir «revisando» que los visados de este reparto de viviendas cumplen con los requisitos para aportar todos los datos a la Fiscalía. Y ha recordado otras medidas en aras de la transparencia con este problema, como el expediente a un funcionario autonómico que había beneficiado a su mujer con un visado fraudulento.
