El Ministerio para la Transición Ecológica ha presentado este martes la Estrategia Nacional contra la Pobreza Energética 2026-2030 con el objetivo de reforzar la cobertura energética a las familias más vulnerables. Uno de los puntos más destacados en este plan tiene que ver con el bono social , tanto eléctrico como térmico, que ahora estará ligado de forma directa a la renta de las familias. De hecho, dentro de esta estrategia, el segundo eje de actuación es el referido a la protección de los consumidores. Para ello cuenta con cuatro medidas, entre las que destacan garantizar el suministro a consumidores vulnerables y electrodependientes y mejorar la tasa de cobertura del bono social, que ha crecido un 60% desde 2018, pasando de 1,07 millones de hogares a 1,72 millones de hogares en la actualidad. Entre las medidas de protección, uno de los grandes retos es facilitar el acceso a los potenciales beneficiarios. Según un informe de la plataforma de gestión de gasto Selectra, hasta un 75% de los consumidores que pueden tener bono social, no lo tienen. Entre las principales barreras se encuentran el desconocimiento sobre la existencia del bono social; la falta de información sobre los requisitos; y la complejidad administrativa y necesidad de renovación periódica. Además de esta medida, que es fundamental, también se suprimen prácticas comerciales como la penalización por permanencia si el consumidor contrata PVPC (tarifa regulada) con bono social y estableciendo una protección en el caso de refacturaciones, o exigiendo que quede constancia escrita de que el consumidor desea expresamente abandonar el PVPC con bono social para que pueda comprobarse. Varias de estas medidas ya se han incluido en el reciente real decreto 88/2026, por el que se aprueba el 'Reglamento general de suministro, comercialización y agregación de energía eléctrica', entre muchas otras disposiciones para proteger a los consumidores en general. Aunque la gran novedad es que se plantea adaptar la normativa de acceso al bono social eléctrico –y en consecuencia, al bono social térmico– para cerrar la brecha de cobertura, ligarlo a la renta de los hogares y que lo reciba quien realmente lo necesita. Con los requisitos actuales, no todos los hogares con derecho o necesidad del bono acceden a él y, a la vez, sí tienen acceso hogares que no lo necesitan. Esta situación se debe a las polémicas que han surgido en el pasado sobre políticos que han accedido al bono social, y por nivel de renta no deberían hacerlo. Ahora estará mucho más controlado. Para acceder al bono social hay que tener contratado el precio voluntario para el pequeño consumidor (PVPC) en la vivienda habitual de la unidad familiar. Cabe recordar que el PVPC es un precio al que se pueden acoger los titulares de los puntos de suministro, que sean personas físicas o microempresas, con tensiones no superiores a 1 kV y con una potencia contratada igual o inferior a 10 kW, que se calcula a partir de una metodología establecida por el Gobierno. El descuento habitual para consumidores vulnerables en el bono social eléctrico, partir del pasado 31 de diciembre de 2025, se situará en el 35%. Para ello se debe cumplir alguno de los siguientes requisitos (con la modificación de que ya no solo valdrá ser familia numerosa): Que su renta o la renta conjunta anual de la unidad de convivencia a que pertenezca sea menor o igual a 1,5 del IPREM de 14 pagas. Cuando la unidad de convivencia esté formada por más de una persona, el multiplicador de renta respecto al índice IPREM de 14 pagas se incrementará en 0,3 por cada miembro adicional mayor de edad que conforme a la unidad de convivencia y 0,5 por cada menor de edad de la unidad de convivencia. O bien, que se esté en posesión del título de familia numerosa. O bien que el consumidor o todos los miembros que tienen ingresos en la unidad de convivencia sean pensionistas del Sistema de la Seguridad Social (jubilación o incapacidad permanente), percibiendo por ello la cuantía mínima vigente en cada momento, para dichas clases de pensión, y no percibir otros ingresos cuya cuantía agregada anual supere los 500 euros. O bien que el consumidor o algún miembro de su unidad de convivencia sea beneficiario del Ingreso Mínimo Vital conforme a lo establecido en la Ley 19/2021, de 20 de diciembre, por la que se establece el ingreso mínimo vital. En 2025, el bono social eléctrico protegió a 1.712.043 hogares en España . De ellos, 454.382 accedieron por la condición de familia numerosa, lo que supone más de uno de cada cuatro beneficiarios (25,88%). Además, esta tipología es una de las que más ha crecido en el último año: el número de familias numerosas beneficiarias aumentó en 25.845 hogares respecto a 2024, un 6,19% más, por encima del crecimiento medio del conjunto de beneficiarios (+4,32%). Este incremento se produce en un contexto en el que el Gobierno plantea ahora introducir un filtro de renta específico para este colectivo, con el objetivo de evitar que hogares con ingresos elevados accedan automáticamente al descuento.
