Hace ya algún tiempo, un par de miembros del sindicato USO en el CSIC le hicieron a un alto cargo del mayor organismo público de investigación en España la siguiente pregunta: —¿Nos puede asegurar que no haya gente que cobre más de complemento de productividad que de sueldo? —No, no puedo. Los complementos de productividad, cuantías individuales que se añaden al salario, deberían fijarse atendiendo a criterios objetivos. Sin embargo, la sección sindical de USO (Unión Sindical Obrera) en el CSIC (Consejo Superior de Investigaciones Científicas) denuncia a este diario que sospechan que desde hace tiempo la productividad depende, sobre todo, de «cómo te lleves con el de arriba» y describen los criterios de reparto como «arbitrarios» y absolutamente «opacos». Esta sospecha les ha llevado a pedir los datos sobre estas retribuciones por activa y por pasiva y aunque el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (CTBG) y la Inspección de Trabajo ordenaron entregar toda la información sobre complementos de productividad, el CSIC y el Ministerio de Ciencia, dirigido por Diana Morant, se niegan a facilitarla. Tal es así, que han llegado hasta los tribunales y pedido medidas cautelares para no tener que revelar cuánto cobran por productividad unos empleados que, recordamos, son públicos. En esta megaestructura, que cuenta con decenas de centros y más de 17.000 trabajadores, la productividad que perciben tanto el personal laboral como los funcionarios se ha convertido, dicen desde la central sindical, en una caja negra. Todo empezó con una solicitud formal de acceso a información pública. Un miembro del sindicato USO pidió todos los datos sobre retribuciones variables que perciben sus empleados públicos, especificando que se incluyera tanto la periodicidad con la que se reciben estas retribuciones como «la cantidad recibida por cada perceptor». La petición abarcaba cualquier centro, instituto o unidad administrativa del CSIC y el periodo desde el 1 de enero de 2020 hasta el 31 de diciembre de 2023. La respuesta del ministerio fue parcial: remitió documentación normativa, una resolución por la que se fijan criterios para la asignación de los complementos. No obstante, rechazó facilitar el dato central : cuánto cobra exactamente cada persona en productividad. Se aludió, en primer lugar, «a que la pertenencia a un órgano de representación sindical no supone atribución de funciones sin límite», es decir, a una supuesta falta de legitimidad por parte del solicitante. Después, se menciona «el derecho a la protección de datos personales de los afectados», así como el riesgo de estigmatización de estos. El sindicato no pedía una estadística general ni un informe agregado. Lo que reclamaba era el detalle por empleado , una información que permitiría comprobar si los criterios de reparto se aplican de manera homogénea o si existen desviaciones significativas entre centros, áreas o perfiles. En su reclamación ante el Consejo de Transparencia, USO insistió en que la negativa del CSIC vaciaba de contenido su labor sindical y convertía el control interno en una ficción. En el expediente consta que el solicitante pidió que se le entregara «la información íntegra» y que, si fuera necesario, se establecieran «condiciones de confidencialidad» para proteger los datos personales. Incluso se llegó a admitir una posible vía alternativa: la exposición interna de los datos, evitando su difusión generalizada. También se menciona como opción «la exposición general de los datos, evitando su publicación en una red, aunque sea privada o su remisión por correo electrónico», proponiendo que se hiciera «en un ámbito en el que sólo tienen acceso los propios empleados», por ejemplo en el tablón de anuncios del centro. Según denuncia USO, esa fórmula también ha sido rechazada «sistemáticamente» por el CSIC cuando se ha planteado en ocasiones anteriores. La resolución del CTBG, firmada por su presidente José Luis Rodríguez Álvarez, y a la que ha tenido acceso este diario, fue clara: el acceso a esa información debe decidirse mediante ponderación entre el interés público y la protección de datos, tal y como exige la Ley de Transparencia. El Consejo de Transparencia recuerda que los datos de productividad no son «meramente identificativos», pero tampoco pertenecen a categorías especialmente protegidas. Por tanto, cuando se trata de retribuciones ligadas al rendimiento o productividad, el interés público puede prevalecer especialmente en puestos de especial confianza, altos niveles jerárquicos o cargos provistos mediante procedimientos discrecionales. En consecuencia, el Consejo de Transparencia estimó la reclamación . Y no sólo ordenó entregar la información al solicitante: también instó al Ministerio a remitir al propio organismo copia de la información enviada al reclamante, como control del cumplimiento. Pero el CSIC no acató . En su lugar, la Abogacía del Estado presentó un recurso contencioso-administrativo contra la resolución de 9 de mayo de 2024 del CTBG. Y fue más allá: solicitó una medida cautelar para suspender la resolución, alegando que su ejecución tendría un efecto irreversible. El argumento jurídico se basa en que estamos ante un acto de «ejecución instantánea»: una vez entregada la información, no se puede «desentregar», incluso si una sentencia posterior diera la razón al ministerio. El conflicto, sin embargo, no se limita a la vía de transparencia. Según documentación a la que ha tenido acceso este diario, recientemente la Inspección de Trabajo ha dado la razón al sindicato USO, reforzando la tesis de que existe un problema estructural en la forma en que se gestiona la información retributiva y en la falta de control efectivo. Aunque el expediente del CTBG se centra en el acceso a información pública, para el sindicato el fondo es más profundo: se trata de garantizar que el reparto de complementos no se convierta en una herramienta discrecional sin supervisión. La batalla judicial deja una pregunta incómoda en el aire: ¿por qué un organismo público recurre hasta el final para evitar entregar información retributiva que un órgano independiente de transparencia considera accesible? El Consejo de Transparencia dejó escrito que se trata de información pública y que el acceso debe resolverse conforme a la ponderación legal. Pero el CSIC y el ministerio han optado por el camino contrario: frenar la entrega con un recurso y solicitar cautelares para evitar la difusión. Mientras la Audiencia Nacional decide, el sindicato insiste en que la productividad no puede ser un territorio sin control. Y en que, si la información se oculta, la sospecha se convierte en una consecuencia inevitable.
