La juez de la plaza número diez de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Sevilla tiene desde 2023 unas diligencias abiertas para investigar a una organización criminal dedicada a la financiación del narcotráfico y blanqueo de capitales, así como estafas millonarias a una entidad bancaria a través de créditos ICO. En dicha causa la Guardia Civil intervino los teléfonos de los investigados, unos pinchazos que desvelaron las conversaciones de uno de los principales acusados con Rafael pineda, que ponían de manifiesto la existencia de presuntos delitos de tráfico de influencias, cohecho y prevaricación, entre otros. En este sentido, existían indicios de «un posible enriquecimiento» ilícito por parte de Pineda, quien fuera exconcejal socialista en la etapa de Sánchez Monteseirín como alcalde y exjefe de gabinete de la Delegación del Gobierno en Andalucía, procedente de la adquisición en 2024 de una parcela de Emvisesa en Pino Montano, tras obtener «una sustancial rebaja del precio inicial de subasta», siendo comprada por una sociedad de su mujer, Olga Pérez. La misma sociedad, Higuerón Real Estate, que en 2016 consiguió el arrendamiento de dicho solar por cuarenta años. La empresa de la mujer de Pineda pagó 1,7 millones de euros por el solar y lo vendió cinco meses después por 3,9 millones de euros . El beneficio de 2,2 millones se repartió entre el matrimonio, dos socios de la mujer y otra parte fue a parar al que fuera jefe de servicio de Terciarios de Emvisesa, hoy despedido. Pues bien, de las diligencias practicadas hasta la fecha por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, se deduce que «es posible que hubiera tráfico de influencias por parte de Pineda para la efectiva adjudicación de la parcela, obteniendo uno de los funcionarios responsables de la gestión de inmuebles por parte del Ayuntamiento 78.650 euros». En este sentido, la juez, en uno de los autos que obran en la causa, señala que es necesario examinar «íntegramente» el expediente de subasta, al salir «a subasta la parcela por un precio muy inferior al del mercado». Los agentes de la UCO que dirigen esta investigación junto a la juez instructora han requerido a Emvisesa, cuyos responsables han sido citados como testigos por la Guardia Civil, todo el expediente administrativo relativo al proceso público de arrendamiento, llevado a cabo en 2016, y de los documentos relacionados con el procedimiento de enajenación de 2024, ya con el PP en el gobierno local. Además, la juez apunta que en los hechos investigados podrían constituir un delito de corrupción entre particulares, pues uno de los antiguos socios de Higuerón Real Estate es trabajador de la empresa que finalmente pagó 3,9 millones de euros, una filial del holding Burger King Spain.
