Pedro Fernández, el delegado del Gobierno de Pedro Sánchez en Andalucía, ha intentado desvincularse del caso Pineda , circunscribiendo la investigación judicial y de la Guardia Civil a la operación urbanística con una parcela de Emvisesa, la empresa municipal de vivienda del Ayuntamiento de Sevilla, gobernado por el PP. Sin embargo, se ha topado con el hecho de que la juez que instruye las diligencias haya expuesto el uso que su jefe de gabinete hasta hace escasos meses hacía de su despacho para conseguir favores a terceros, entre ellos, investigados por narcotráfico. El 12 de septiembre ABC publicaba la primera información sobre el caso Pineda. La UCO había visitado las dependencias de Emvisesa para requerir toda la documentación sobre dicho solar en el Higuerón y cómo había acabado en manos de la esposa de Pineda, Olga Pérez. Doce días después de que el propio Pineda dejara el cargo de jefe de gabinete de la Delegación del Gobierno, a la que llegó en una primera etapa por su 'compadre' político Alfonso Rodríguez Gómez de Celis, y en una segunda etapa recuperado por Pedro Fernández tras ser destituido por Sandra García a su llegada a la Plaza de España. Casi seis meses después se ha pronunciado públicamente Pedro Fernández sobre la investigación al que fuera su mano derecha hasta el pasado mes de agosto. Y en sus palabras ha intentado dejar claro que lo que se investiga en un juzgado de Sevilla son hechos que «se refieren a una administración ajena absolutamente a la Delegación del Gobierno», ya que tienen que ver con el Ayuntamiento de Sevilla. «Hay que respetar y que la Justicia haga su trabajo, como siempre lo hace, respetando al máximo los procedimientos judiciales». En todo caso, Fernández quiso insistir en que «los hechos que se investigan por parte de la autoridad judicial se refieren a una administración ajena absolutamente a la Delegación del Gobierno» en Andalucía, de forma que se está hablando «en este caso concreto del Ayuntamiento de Sevilla ». Hasta una tercera vez dijo que había que «poner claramente el foco» en que «lo que se está investigando son hechos supuestamente cometidos en una administración pública distinta a la Delegación del Gobierno». Sin embargo, lo primero en lo que se detiene la juez de la plaza número diez de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Sevilla en el auto del pasado miércoles en el que dejaba en libertad a Pineda, su mujer, un exempleado de Emvisesa y dos socios de Olga Pérez, era poner el foco en el despacho de Pineda en la Delegación del Gobierno en Andalucía . Así, expone que Pineda, en su calidad de jefe de gabinete, habría estado haciendo gestiones para terceros ante distintas administraciones públicas a cambio de contraprestaciones económicas. Algunos de esos favores a terceros, según recoge la Guardia Civil en sus numerosos informes que obran en al causa, son a uno de los principales investigados en una causa de narcotráfico, blanqueo de capitales y estafa millonaria a una entidad bancaria, al que le facilitó papeles para trabajadores ilegales. Incluso, en una de las grabaciones intervenidas al investigado por narcotráfico se puede escuchar a Pineda decir: « Si fuera del Gobierno de España te lo resuelvo yo».
