La guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán ha reintroducido en la economía mundial un factor de inestabilidad que se creía contenido tras la crisis energética derivada de la invasión rusa de Ucrania. En apenas unos días, el conflicto ha alterado los mercados energéticos , sacudido las bolsas y elevado las expectativas de inflación en todo el mundo. El precio del petróleo ha superado los 100 dólares por barril y los combustibles han comenzado a encarecerse con rapidez, con efectos inmediatos sobre la economía real como han podido comprobar los automovilistas que han rellenado sus tanques este fin de semana. La razón es evidente. El Golfo Pérsico constituye uno de los principales centros neurálgicos del suministro energético y el estrecho de Ormuz canaliza una quinta parte del comercio de crudo. Cuando la seguridad de esa ruta se ve amenazada, el impacto se transmite de forma automática a los precios internacionales de la energía. El encarecimiento del petróleo no sólo afecta al coste de los carburantes, sino también al transporte, a la industria química, a los fertilizantes o a la producción eléctrica. En consecuencia, la presión inflacionaria se extiende a toda la cadena productiva y termina reflejándose en el precio de los bienes de consumo. Al mismo tiempo, los mercados financieros han reaccionado con nerviosismo ante la posibilidad de un shock energético prolongado que obligue a los bancos centrales a mantener tipos de interés elevados durante más tiempo. En este contexto, resulta particularmente llamativa la ligereza con la que el presidente estadounidense, Donald Trump , ha restado importancia al impacto económico de la guerra. El propio mandatario ha minimizado el encarecimiento del petróleo, calificándolo como «un precio muy pequeño a pagar» por la confrontación con Irán. Sin embargo, las consecuencias económicas de los conflictos en Oriente Próximo son sobradamente conocidas. Que la Casa Blanca afirme ahora que no esperaba un repunte inflacionario resulta difícil de sostener. De hecho, los analistas venían advirtiendo desde el inicio de las operaciones militares que un conflicto abierto con Irán elevaría inevitablemente el precio del crudo y complicaría la política monetaria de la Reserva Federal. La cuestión, por tanto, no es si la guerra podía provocar inflación –algo ampliamente previsible–, sino si el coste económico fue evaluado con el rigor que exige una decisión de esta naturaleza. Cuando una intervención militar afecta a uno de los principales nodos energéticos del planeta, sus consecuencias trascienden el ámbito estrictamente estratégico. La prudencia exige ponderar no sólo los objetivos militares o diplomáticos, sino también el impacto económico de cada paso. La historia reciente ofrece demasiados ejemplos de conflictos cuya factura terminó pagándose durante años en forma de inflación, endeudamiento y menor crecimiento. La guerra con Irán puede tener motivaciones geopolíticas comprensibles. Pero ignorar –o minimizar– sus consecuencias económicas revela una preocupante falta de previsión. En política internacional, como en economía, las decisiones impulsivas rara vez salen baratas. Y, cuando se equivocan los cálculos, la factura acaba llegando siempre a los ciudadanos.
