El día frenético en el que se construyó una coartada para Cristina Cifuentes
El 21 de marzo de 2018 ya es un día aciago en la biografía política de la presidenta de Madrid, Cristina Cifuentes. Ese día, eldiario.es desveló que dos notas de su máster en derecho autonómico habían sido retocadas a posteriori. Dos años después de acabarse el curso. Pero el vendaval de esa larga jornada arrancó un día antes: cuando el equipo de Cifuentes despachó el asunto con un simple: "La presidenta se dejó dos asignaturas".
La noticia salía publicada a primera hora de la mañana. La actividad en la Universidad Rey Juan Carlos se disparó a la búsqueda de una explicación plausible que ofrecer a los ciudadanos. Un miembro del equipo de Cifuentes se desplazó al Rectorado a tratar de gestionar el problema: la asesora del Ejecutivo, María Teresa Feíto, se personó en la universidad. No era una elección al azar. Ella es docente titular en la institución y miembro del consejo del Instituto de Derecho Público que imparte ese máster. Está ahora destinada en la Consejería de Educación que dirige Rafael van Grieken, otro catedrático de la URJC.
Feíto entra en juego ya que las vagas razones esgrimidas por el gabinete de Cifuentes ya no valían. Había que construir una argumentación más sólida para justificar que una administrativa, amiga de Cifuentes Amalia Calonge, hubiera entrado en el sistema informático y mutado dos No Presentados en sendos notables sin que hubiera rastro de que la política hubiera recuperado las materias que "se dejó".
El rector de la Universidad Rey Juan, Carlos, Javier Ramos, dijo más tarde ese día que no había tenido contacto con el Gobierno regional. La misma Feíto ha admitido que le preguntó por el tema del máster.
Compromiso por escrito
Durante esa mañana, quedaron señalados por la información la funcionaria Calonge (que cambió las calificaciones), el pretendido director del curso, Enrique Álvarez Conde y el catedrático de otra de las materias aprobadas en diferido: Pablo Chico de la Cámara.
Javier Ramos se vio las caras aquel martes con estos profesores en la universidad. Álvarez Conde y Chico de la Cámara le confirman que todo estaba OK. Cifuentes hizo el máster, ellos lo certifican. Ambos cuentan que hubo fallos administrativos al pasar las calificaciones. Que sí hubo trabajo fin de máster y una defensa personal. Los catedráticos acceden a ponerlo por escrito en cartas redactadas ese 21 de marzo.
Ramos habló por teléfono con la profesora Cecilia Ramos. Ella es la que figuraba oficialmente como directora del máster y le dice que hubo defensa del trabajo final. No habló directamente con las otras dos profesoras que luego serán señaladas como miembros de la comisión evaluadora: Clara Souto y Alicia López de los Mozos. Sin embargo, un rato más tarde, ante decenas de periodistas, Ramos afirmó muy rotundo que había hablado "personalmente" con las tres.
Tras tener esas conversaciones (y las cartas en el bolsillo), se produjo la comparecencia ante los medios de comunicación del rector Ramos y los catedráticos Álvarez Conde y Chico de la Cámara. Es la parte es la más pública: el expediente del máster de Cristina Cifuentes era correcto al 100%. De hecho, fue ella, la "alumna de referencia", la que alertó del error administrativo sobre sus calificaciones. Jamás se le dio "trato de favor". Había sido una más: se había examinado, había presentado el trabajo, lo había defendido en julio de 2012 ante las tres profesoras. Había sacado un 7,5. De un plumazo, en unas horas, creyeron haber desmontado el caso y salvado el trago.
Piden documentación para mandar
Pero desde el Gobierno de Cristina Cifuentes querían más. Querían sepultar la historia de su máster fantasma con una pila de documentos. No los tenían así que los pidieron a la universidad.
Mientras, en las instalaciones de la URJC, se buscaban pruebas escritas. El rector solicita el acta del TFM. Pero no existe. No está, a pesar de que es obligatorio que se deposite en el archivo. En ese momento es cuando se concluye que hay que fabricar un acta para hacerla pasar como auténtica. Alguien la rellena y le pone las firmas. El catedrático Álvarez Conde está en el centro del asunto. Ahora dice, una vez desvelado el fraude, que la mano fue la de Cecilia Rosado. Una de sus "discípulas", como las llama. Las tres doctoras del acta han crecido en la universidad de la mano de Álvarez Conde. Les dirigió la tesis. Las ha colocado en el Instituto.
La recopilación da el siguiente fruto: un certificado de notas con todo aprobado (ya se había informado de que fueron retocadas las calificaciones). La imagen de un correo electrónico de Chico de la Cámara a Amalia Calonge en el que pide que se cambie una nota. Y el acta del TFM fabricada.
A pesar de que ese bagaje documental produce que la URJC abra una "información reservada" a las 17.55 horas del 21 de marzo –"26 minutos después de recibir el acta", ha dicho después el rector–, todos los papeles son remitidos al Gobierno de Cristina Cifuentes. Su equipo no dudó en distribuirlos públicamente. A la redacción de eldiario.es llegaron a la 20.45 de esa jornada: casi tres horas después de iniciarse la investigación de la URJC.
Con ese acta fraudulenta en la mano, Cifuentes cerró el día anunciando en un vídeo: "No me voy. Me quedo".