Teresa Ribera, la cara de la agenda verde española ante la tarea de enfrentar la oleada antiecológica en Europa
Cuando el mundo se reúne anualmente para revisar la lucha contra el cambio climático en la Cumbre del Clima (COP), una de las figuras más populares de esas cumbres de la ONU es la vicepresidenta tercera Teresa Ribera. En los pasillos de las conferencias se suceden los saludos, los abrazos e incluso algún beso.
El caso de Ribera es llamativo: contrastan los ataques internos que ha encadenado desde que fue nombrada ministra con su buen cartel externo. Su imagen internacional hizo, por ejemplo, que la chilena Carolina Schmidt le pidiera ayuda para salvar la COP de 2019 que finalmente se celebró en Madrid. O que la UE acordara la excepción ibérica por la que España y Portugal pudieron topar el precio del gas en medio de la escalada que disparaba la factura de la electricidad. Al tiempo que se fraguaba esa medida en Bruselas, el Partido Popular insistía en llamarlo “timo ibérico”.
Ahora, tras meses de regates, la ministra de Transición Ecológica va a encabezar las listas del PSOE al Parlamento Europeo. Se ha cerrado así un círculo político en el que Ribera ha ido subiendo en los números de salida hasta llegar al primero. Para las elecciones generales de 2019 apareció en el cuarto puesto de los socialistas. Para las anticipadas de julio de 2023 ya fue de número dos por Madrid (como antes habían sido Margarita Robles, Carmen Calvo y Nadia Calviño). El próximo junio lucirá el dorsal número uno en las europeas.
Asociada a un perfil muy técnico al desembarcar en el primer Ejecutivo de Pedro Sánchez tras la moción de censura de 2018, desde hace dos años ha dejado salir el animal político que la gente de su entorno afirma que “siempre ha tenido”. En este tiempo dejó de esquivar las peleas incluso aunque estuvieran alejadas de su agenda.
Por ejemplo, aceptó entrar en el corazón político de esta legislatura –la negociación de la ley de Amnistía– al afirmar que el juez García Castellón tenía “cierta querencia” a pronunciarse en “momentos políticos sensibles” después de que este asegurara que Carles Puigdemont debería ser encausado por terrorismo.
A contrarreloj
La primera vez que asió una cartera ministerial, el 7 de junio de 2018, la actual vicepresidenta tercera avisó de que había que darse prisa con la agenda verde: “El factor más escaso es el tiempo”. Tres años después, el Congreso aprobó por fin la primera ley contra el cambio climático. A los cinco de aquella toma de posesión se han acumulado las normas y los encontronazos por legislar “contrarreloj”, como dijo en su primer discurso.
Aunque la ley climática afectaba de forma directa al poderoso sector energético español, donde más campo minado ha atravesado la gestión de Teresa Ribera estos cinco años ha sido en el agua. “Es la mayor enemiga del mundo rural y la que más daño ha causado al sector primario”, ha llegado a calificar el portavoz parlamentario adjunto del PP, Jaime de Olano. El candidato a presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, habló durante su intento fallido de investidura de “dictadura activista”. Esas palabras fueron aplaudidas por el lider ultraderechista de Vox, Santiago Abascal.
Con la renovación de todos los planes hidrológicos españoles, los regantes acusaron a la reserva de caudales ecológicos en los ríos (una obligación legal) de “ecologismo radical”. De hecho, la Federación de Comunidades de Regantes (Fenacore) pidió que cualquiera menos Teresa Ribera gestionara la política hídrica del Gobierno. También las nuevas reglas del trasvase Tajo-Segura y el caudal mínimo que se le ha asegurado al Tajo han sido utilizados para azuzar nuevas batallas (normalmente electorales) en la Región de Murcia, Andalucía y la Comunitat Valenciana. Sus ejecutivos autonómicos han ido a los tribunales.
A pesar de todo, el lado político de su perfil se ha visto reforzado en los últimos meses al convertirse en un polo de atracción para el PP periférico frente a los populares centrales (o madrileños) que redoblaban los ataques. Ribera se paseó el pasado noviembre por las marismas del Parque Nacional de Doñana con el presidente andaluz Juan Manuel Moreno Bonilla (PP) tras cerrar un marco especial de actuaciones que suponía el fin de la amnistía a los regadíos ilegales impulsada por el popular.
Solo unos meses después, en enero de 2024, el presidente murciano Fernando López Miras (PP), abrió rápidamente un hueco en su agenda para fotografiarse con Teresa Ribera mientras la vicepresidenta tercera visitaba las actuaciones en el Mar Menor. Ese día se selló una tregua después de que el político murciano repitiera que el Ejecutivo de Sánchez solo buscaba “fotos” en la laguna .
Y todavía quedaba más. En febrero pasado fue el presidente de la Generalitat valenciana, Carlos Mazón (PP), quien se sentaba junto a Teresa Ribera para anunciar un pacto de emergencia para l'Albufera. “Parece que la buscaran”, ha admitido su entorno en alguna ocasión.
Al mismo tiempo, la presidenta de Madrid, Isabel Díaz Ayuso (PP), utilizó estos pactos para abrir un nuevo frente contra el Ejecutivo de Pedro Sánchez al hacer pública una demanda antigua contra el Plan Hidrológico del Tajo diseñado, precisamente, por Transición Ecológica y deslizar que el Gobierno planeaba “rendir por sed” a la Comunidad de Madrid.
Ultraderecha vs. medidas ambientales
A medida que se han ido acercando los comicios europeos, Teresa Ribera ha mostrado su preocupación por el ascenso de la ultraderecha en Europa ligado, además, a las políticas verdes que ella defiende: el medio ambiente está siendo utilizado para embestir contra la Agenda 2030 y el Pacto Verde europeo.
Las manifestaciones de agricultores y ganaderos han torcido en cierta medida el brazo a algunas medidas ambientales pensadas para reducir el volumen de pesticidas o las prácticas agrarias que favorecen el deterioro del terreno. Incluso han influido a la hora de iniciar una revisión sobre la estatus legal del lobo –un ariete utilizado recurrentemente en España para confrontar contra el Gobierno, ya que fue Transición Ecológica quien impulsó la protección integral de especie–.
Para cuando se estén colocando las urnas y las papeletas europeas el 9 de junio próximo, quedará en la cartera de Ribera una batalla a medio ganar que ha copado titulares: el desmantelamiento de la estación de esquí de Navacerrada. Los tribunales le han dado la razón en primera instancia, pero la unión de un recurso y su candidatura harán imposible que la restauración del monte se haga durante su guardia.