Margalida Ramis, ecologista: "El PP dice que la solución es el turismo de lujo. Esto es muy perverso y peligroso"
Margalida Ramis (Sa Pobla, Mallorca, 1976) es desde hace seis meses la nueva presidenta del Grup Balear d’Ornitologia i Defensa de la Naturalesa (GOB), uno de los grupos ecologistas más importantes y activos de las Illes Balears. Licenciada en Física por la Universitat de les Illes Balears (UIB), es la coordinadora de campañas e incidencia política del GOB. Antes de militar en la organización ecologista, trabajó en los campos de la gestión energética, las energías renovables y los residuos. Además, inició los estudios del tercer ciclo del departamento de Geografía de la UIB como miembro del Grupo de Investigación en Sostenibilidad y Territorio (GIST).
Ramis está especializada en el análisis y la crítica del modelo económico de especialización turística del archipiélago balear, al cual responde desde la perspectiva de la ecología social y política. Ha sido una de las impulsoras del equipo de redacción de la primera Iniciativa Legislativa Popular (ILP) de Bienestar para las Generaciones Presentes y Futuras, una ley que se aprobó en marzo de 2023 y que defendió desde la tribuna del Parlament. Esta norma ha sido modificada por el Govern de Marga Prohens (PP) de modo que los principios que la inspiraron, afirma Ramis, “no son vinculantes”.
Faltan apenas unas semanas para que el Ejecutivo conservador que encabeza Prohens cumpla un año gobernando Balears en minoría, con el apoyo externo de Vox, su socio de extrema derecha con el que tiene un pacto de investidura de 110 medidas. Especialmente en las últimas semanas, después de la aprobación de un Decreto-Ley que modifica unas 50 normas del marco autonómico, el Govern del PP ha generado un gran enfado entre los movimientos y organizaciones sociales.
En una entrevista con elDiario.es, Ramis afirma, respecto a la política urbanística del Govern, que la tendencia “es consolidar este mercado de lujo, tanto turístico como inmobiliario, que va más o menos ligado”. “Este proceso se retroalimenta polarizando a la sociedad, entre aquellos que no pueden pagar un alquiler y los ricos que sí que pueden hacerlo, como los llamados ‘nómadas digitales’, o los ricos que viajan con su ‘jet privado’ a su finca de Mallorca”, denuncia la presidenta del GOB.
Hace ya una década, el colectivo Tot Inclòs se organizó para denunciar los efectos adversos del turismo en Balears. Sin embargo, en aquellos años el discurso contrahegemónico incomodaba a buena parte de la sociedad. Este año, a finales de mayo, hubo manifestaciones importantes en Palma, Menorca y Eivissa que pusieron el foco en los efectos de la turistificación. ¿Qué valoración hace?
En 2014 salió el monográfico ‘Tot Inclòs: danys i conseqüències del turisme a les Illes’ (Todo Incluido: daños y consecuencias del turismo en las Islas) que se convirtió después en un documental. Este documental se produjo de forma autogestionada: éramos personas que estaban dentro de un colectivo llamado Tot Inclòs. Durante esos años se empezó a extender el debate de la crítica sobre la cuestión turística, pero costaba mucho que esta sociedad lo cuestionara. La idea de que ‘vivimos del turismo’ estaba muy implantada como mantra. El año 2017 fue el momento en que las kellys se empezaron a organizar y su lucha se empezó a visibilizar reclamando condiciones laborales dignas y fue cuando estalló Airbnb y empezaron a tensionarse los usos de la vivienda por el alquiler turístico vacacional. Fue un momento álgido porque empezó a haber tensión social sobre todo porque se juntaron estos factores.
Esto propició la primera manifestación, en el contexto del primer Pacte de Progrés (la primera coalición progresista encabezada por Francina Armengol), siendo Biel Barceló (Més per Mallorca) conseller de Turismo. Era la primera vez que se producía una manifestación bajo el lema “Basta de masificación turística: hasta aquí hemos llegado”. Salieron 3.000 personas a la calle y eso se interpretó como un éxito rotundo porque esta sociedad nunca había cuestionado el modelo turístico. En 2019 ya había bastantes plataformas activas pero llegó la pandemia y muchas de estas cuestiones quedaron en nada. Lo que ha provocado que haya vuelto a estallar la cuestión en Balears ha sido Canarias. Un mes antes nadie se habría planteado nada, pero cuando los canarios salieron a protestar empezamos a decir: “¿Y nosotros qué? Si nosotros estamos igual”.
La vivienda ha sido un aglutinador de personas muy diversas: desde gente joven hasta gente más mayor, funcionarios, trabajadores, etc. Estas manifestaciones tuvieron éxito por eso: la vivienda está en una situación realmente tensa y difícil. En 2017 todavía encontrabas alternativas para alquilar, pero ahora ya no. Es una cuestión que afecta a todo el mundo. Y se junta esta sensación de que “nos salen los ‘guiris’ por las orejas”. Hay una tensión y una incomodidad que estalla con las manifestaciones alrededor del 25 de mayo.
La Ley de Turismo de 2012, siendo Carlos Delgado (PP) conseller del ramo, buscaba entre otras cuestiones un “turismo de calidad”, siendo calidad sinónimo de lujo. Con esta estrategia se pretende atraer a menos turistas, pero con mayor poder adquisitivo. Sin embargo, cada vez tenemos más visitantes. Y no solo suben los precios de los servicios que consumen los turistas, sino también esenciales como la vivienda. ¿Hay una relación directa entre una cuestión y la otra?
Hay muchos factores. No solo nos pasa a nosotros como destinación turística como consecuencia de la Ley Delgado de 2012, es una situación que también vive Canarias, Barcelona o cualquier otra ciudad hiperturistificada. Nosotros, por ejemplo, tenemos la consigna de no hablar de masificación y saturación porque así parece que solo hablamos de que “hay demasiada gente”. Un exceso de gente. Y ese no es el problema: el problema es la turistificación. Es decir, que tenemos un modelo basado exclusivamente en este sector y este sector crece cuantas más personas pasan por nuestras islas.
Tenemos la consigna de no hablar de masificación y saturación porque así parece que solo hablamos de que “hay demasiada gente”. Un exceso de gente. Y ese no es el problema: el problema es la turistificación. Es decir, que tenemos un modelo basado exclusivamente en este sector y este sector crece cuantas más personas pasan por nuestras islas
Se juntan muchos factores: primero, que no ha habido ningún planteamiento de asumir unas limitaciones en cuanto al número de plazas turísticas, pasajeros o visitantes. Las políticas se han enfocado en seguir creciendo. Ahora, que tenemos muchos y “ya nos salen por las orejas”, el PP nos dice que la solución es el turismo de lujo. Esto es muy perverso y muy peligroso porque al final esto polariza todavía más a la sociedad. El sector turístico nunca va solo, ya que va unido al sector de la construcción y de la especulación inmobiliaria. Por un lado, el suelo disponible urbanizable se enfoca más a un segmento de lujo porque saben que tiene salida; aumenta el número de los ‘jets privados’ y se incrementa la calidad de los hoteles y, por tanto, la rentabilidad por plaza de cara a este sector.
Esto se termina convirtiendo en un turismo que excluye, pero que no reparte. Es muy peligroso porque, además, mientras están apostando por este tipo de turismo, invierten mucho dinero público para que el entorno de la oferta turística “esté a la altura” de los nuevos ricos. Es decir, se invierte mucho dinero público en ello, pero no se interviene en el mercado ni en la gran cantidad de gente que viene. Tienes unas tendencias sobre todo marcadas por el sector inmobiliario hacia la elitización del turismo que viene porque “mejor que vengan menos pero más ricos”. La cuestión es que cada vez vienen turistas mucho más ricos, pero también todos los demás que ya venían en cualquier momento del año.
Mientras están apostando por este tipo de turismo, invierten mucho dinero público para que el entorno de la oferta turística “esté a la altura” de los nuevos ricos. La cuestión es que cada vez vienen turistas mucho más ricos, pero también todos los demás que ya venían en cualquier momento del año
Es un debate muy perverso que se retroalimenta, pero que acaba incidiendo, ciertamente, en la especulación que se hace sobre la vivienda. Muchos grandes propietarios tienen viviendas vacías que no sacan al mercado para hinchar los precios. Ahora, además, tenemos una legalización de casas en suelo rústico a medida de los grandes chalets, lo que incluye la posibilidad de construir en Áreas de Prevención de Riesgo (APR). Incluso se incrementan los parámetros de las casas de nueva construcción que se pueden erigir sobre el suelo rústico. Por tanto, la tendencia es consolidar este mercado de lujo, tanto turístico como inmobiliario, que va más o menos ligado. Este proceso se retroalimenta polarizando a la sociedad, entre aquellos que no pueden pagar un alquiler y los ricos que sí que pueden hacerlo, como los llamados “nómadas digitales”, o los ricos que viajan con su ‘jet privado’ a su finca de Mallorca, etc. De hecho, Eivissa encabeza este tipo de tendencias en Balears.
El Govern del PP ha aprobado el Decreto-Ley 3/2024, de 24 de mayo, de medidas urgentes de simplificación y racionalización administrativa, que entre otras cuestiones, permite legalizar casas de campo irregulares en suelo rústico. Para ello argumenta que si hay construcciones que ya se han hecho, con reformas ilegales, y que algunos de los propietarios de estas viviendas no son responsables de ellas, se tiene que ofrecer una solución con ciertas condiciones. ¿Por qué piensa que es un error?
Es un error por muchos motivos. Detrás de la intención de esta legalización no está el pequeño propietario que tiene una única casa en suelo rústico y que sin esta regularización no tendría otra. En realidad van a consolidar edificaciones grandes. Hay que pensar que muchas veces no se trata de la construcción de un chalet entero sino que son ampliaciones, piscinas, usos que se han dado en estos espacios que no son los propios que le fueron autorizados… Se mezcla una legalización tanto a nivel de edificación como de usos. Esta legalización genera una consolidación de unos derechos que evidentemente no tendría por mucho que esta infracción hubiese prescrito. No puedes vender, no puedes hipotecar, no puedes alquilar turísticamente (a no ser que lo hagas ilegalmente)... Todas estas casas entrarán en este “paquete”.
También hay que tener en cuenta el peligro del mensaje que se está dando: “No se preocupen porque cada vez que entramos en el Govern hay un proceso de legalización”. Biel Company (PP) -conseller de Agricultura, Medio Ambiente y Territorio en la etapa de José Ramón Bauzá- ya llevó a cabo una amnistía en este sentido. Después hay cuestiones relativas a esta consolidación del espacio rural urbanizado, que al final acabarán reclamando unos servicios, y tendremos usos terciarios consolidados en las zonas rurales. Lo que necesitamos es la aplicación de la disciplina urbanística, de forma contundente, para no dejar el mensaje de que si se construye irregularmente en cualquier momento llegará un gobierno del Partido Popular que legalizará la construcciones. E insistimos: prevemos que los proyectos de legalización serán de grandes chalets y que se beneficiará a personas que tienen mucho dinero para llevarlos adelante. No es una ley que vaya a resolver el drama de la vivienda.
Los proyectos de legalización ]con el nuevo decreto de simplificación administrativa del Govern del PP] serán de grandes chalets y se beneficiará a personas que tienen mucho dinero para llevarlos adelante. No es una ley que vaya a resolver el drama de la vivienda
Otra de las consecuencias del Decreto-Ley 3/2024 es la eliminación de la Comisión Balear de Medio Ambiente (CBMA), un órgano colegiado que realizaba evaluaciones de impacto ambiental o evaluaciones ambientales estratégicas como condición imprescindible para determinados proyectos. ¿Por qué era importante?
Era importante porque significaba un espacio de debate y diverso donde había una cierta representación amplia, tanto en los comités como en los subcomités técnicos, previos al pleno donde se toma la decisión política. Además, la CBMA representaba un ejercicio de transparencia y debate. El proyecto pasaba por una comisión donde había representantes de las diferentes administraciones implicadas, donde se podían escuchar los argumentos técnicos a favor o en contra de un determinado proyecto y donde se podía discutir y poner en cuestión determinadas autorizaciones.
Cuando eso deja de ser así y el criterio es exclusivamente un informe elaborado por un técnico y un jurista, con el aval político, el proceso de transparencia, de control y de debate, desde el punto de vista de una democracia bien entendida, se pierde. Evidentemente, no tocan las garantías ambientales porque los informes técnicos deberán justificar que se cumplen, pero se pierde un proceso de mejora de estas garantías en escenarios que, precisamente, ahora vemos que por simplificación administrativa tienden a eliminarse en lugar de fortalecerse.
El Decreto-Ley 3/2024 también modifica la Ley Reserva de la Biosfera de Menorca. Antes del cambio, la norma reconocía mayor capacidad de intervención del Consell Insular que ahora. ¿Qué le parece?
Sin poder entrar en detalle porque es un tema que tienen mucho mejor estudiado los compañeros del GOB Menorca, la ley –antes de su modificación– vino precedida por un amplio proceso de debate dentro del Parlament, y contaba con un amplio consenso social en Menorca. Y, sobre todo, el problema es que se lleva a cabo mediante un Decreto-Ley aprobado por el Consell de Govern y que ya está en vigor. Todo el proceso anterior vino precedido por un trabajo que se hizo en aras de establecer una mayor protección. Es decir, que el Consell de Menorca tenga un peso específico y una singularidad que legitimaba determinados posicionamientos posiblemente más proteccionistas ante inversiones o determinadas políticas más agresivas. La modificación resta autonomía al Consell de Menorca. Si el Govern quiere estas competencias no es precisamente para proteger la Reserva de la Biosfera.
Este Decreto-Ley también ha modificado la Ley de Bienestar para las Generaciones Presentes y Futuras, que se aprobó la pasada legislatura mediante una ILP. ¿Por qué piensan que es perjudicial?
Con esta ley habíamos conseguido que, por primera vez, el concepto de “bienestar de las generaciones futuras” y de justicia intergeneracional entrara en el escenario político y lo ha hecho de manera pionera en el Estado español. No hay ninguna otra comunidad autónoma que haya introducido este concepto. Nuestro referente fue Gales, que tiene un marco completamente diferente, pero aquí tuvimos la capacidad de adaptar la idea a nuestro marco normativo. La idea era que cualquier procedimiento de elaboración normativa (es decir, cualquier ley) o planificación que tenga prospectiva a largo plazo, como las planificaciones territoriales, o planes directores, hubieran de incorporar la siguiente pregunta: ¿cómo afectan estas cuestiones en los objetivos de bienestar de las generaciones futuras a largo plazo? Es decir, en cuestión de recursos hídricos, juventud, igualdad…
Era una mirada transversal de bienestar más allá de la cuestión estrictamente ecológica y de garantizar el acceso a unos recursos que cada vez serán más escasos y que probablemente estarán más comprometidos. En este Decreto-Ley no derogan completamente la Ley de Bienestar para las Generaciones Presentes y Futuras, sino que eliminan la vinculación a estos principios, y lo dejan como una especie de norma que dice que sus principios pueden “inspirar” la acción política, sin que sean vinculantes de ninguna manera. Y eliminan los informes necesarios que debía elaborar la comisión que preveía la ley.
Por tanto, se pierde toda la esencia de la norma: ellos dicen que se inspiran en el bienestar de las generaciones futuras después de haber aprobado un Decreto-Ley que desregula toda la cuestión urbanística en el suelo rústico y agrario, lo cual compromete este bienestar. Queda claro que no compartimos lo que entendemos por “bienestar de las generaciones futuras”. Es un Decreto-Ley contrario a los principios que inspiraron esta normativa y pone en evidencia que “por mucho que se llenen la boca” con un relato de bienestar de las generaciones futuras o que van a limitar determinadas cuestiones como la actividad turística, la realidad es que pretenden activar toda la inversión posible y que, por tanto, ruede la maquinaria económica en unas islas que ya no tienen los recursos ni la sociedad para sostenerla.