Los empresarios de la corrupción deben al menos 238 millones a las arcas públicas
Hasta 238.480.935 euros. Es la cifra que adeudan sociedades relacionadas con casos de corrupción, como el caso Malaya y la 'Operación Púnica', según los datos publicados por la Agencia Tributaria. Las empresas investigadas por las tramas de corrupción (en su mayor parte por recibir contratos públicos a dedo) adeudan cifras millonarias a Hacienda. A estas cifras habría que sumar las deudas con la Seguridad Social y las multas que se les impongan en el curso de los procesos judiciales en los que están envueltas.
La operación Púnica, trama municipal y autonómica en varios puntos de España con la participación de alcaldes, funcionarios, y 150 constructoras y empresas de servicios energéticos tiene varias de sus empresas en la lista de morosos.
El que fue número dos de Esperanza Aguirre, Francisco Granados, fue uno de los detenidos y entre los implicados también se encontraba el presidente de la Diputación de León, Marcos Martínez, además de media docena de alcaldes madrileños: el socialista José María Fraile, alcalde de Parla, y el de Valdemoro (del PP), José Carlos Boza. También arrestaron a los alcaldes de otros cuatro municipios de Madrid: Agustín Juárez (PP), de Collado Villalba; David Rodríguez (PP), de Casarrubuelos; Antonio Sánchez Fernández (Unión Demócrata Madrileña), de Serranillos del Valle; y Gonzalo Cubas (PP), de Torrejón de Velasco.Y han sido imputados el ex vicepresidente madrileño Salvador Victoria y la ex consejera de Educación Lucía Figar.
Y 150 constructoras y empresas de servicios energéticos han sido relacionadas con la trama. De ellas, Martaleg S. L. debe 1.924.931 euros; Atención social y estancias residenciales S. A., 1.216.850; Inversiones Torrelasco, S. L., 5.434.634; Musara 1057 S.L., 1.385 044; Obras y vías S. A., 17.108.186; Promodico S. L., 3.365.834; Izen Innovación S. L., 8.629.072; Grupo DHO Obras y Construcciones S. A., 4.160.074. En total: 43.224.625 euros.
El emporio del empresario cordobés conocido como Sandokán, Rafael Gómez Sánchez adeuda en total 192 millones de euros. Su promotora fue conocida por construir a las faldas de Medina Azahara. La burbuja inmobiliaria y Cajasur apoyaron a la firma y al dueño de la misma, que llegó a fundar un partido que fue la segunda fuerza política de Córdoba. En 2006 fue detenido en el marco de la Operación Malaya y ha sido investigado por fraude, por lo que el fiscal le pide 44 años de prisión.
El además líder del partido Unión Cordobesa –llegó a liderar la oposición en el Ayuntamiento de Córdoba– fue condenado por el Caso Malaya y está imputado por impagos a Hacienda. La Fiscalía Provincial ha pedido 44 años de cárcel para él.
Además, Jesús Ruiz Casado, propietario de la promotora Aifos actualmente en liquidación y condenado en el 'Caso Malaya' a un año y diez meses de cárcel, debe a las arcas públicas un montante de 9.256.310,76€. Recientemente el Juzgado de Instrucción número 3 de Fuengirola ha ordenado a la Policía Nacional averiguar su paradero.
En el listado también aparecen empresarios ligados a tramas regionales, como Santiago Santana Cazorla, asociado con varias trmas de corrupción en Las Palmas y que en el listado aparece adeudando 1,43 millones de euros.