Sara Lozano: Democracia ¿representativa, directa o participativa?
No entraré al debate teórico porque todavía el mundo académico no alcanza un acuerdo, me sujeto a los elementos básicos que en la práctica han llevado a debates intensos y fructíferos en Nuevo León.
El 1 de julio de 2018, votamos a nivel estatal por una consulta popular propuesta por el gobernador. Técnicamente no era una consulta popular porque no se necesitaba el aval del pueblo para construir casetas de primeros auxilios en parques estatales. El aval ciudadano tiene sentido cuando se toma una decisión que trasciende las facultades del gobernante/legislador, si la decisión es parte de su responsabilidad, pues la consulta es ciudadana.
Por otro lado, lo que sucedió no es democracia participativa, es la aplicación de un mecanismo de democracia directa – lo decide la gente por mayoría o aclamación – para una decisión que ya bien podía tomar el gobernador y, ante la duda, una encuesta bien realizada hubiera ahorrado varios millones de pesos. Y no es democracia participativa porque la ciudadanía NO es la que pone en las urnas una decisión de gobierno, esto aplica a todo el país. Si la ciudadanía hubiera deseado las casetas y hubiera convocado al voto, entonces sí, además de ser un mecanismo de democracia directa, estaríamos más cerca de una democracia participativa.
Pero el caso local es de estudio porque no ha llegado ninguna consulta popular iniciada por la ciudadanía. De 2017 a la fecha han habido 16 intenciones ciudadanas de hacerlo. Todas se quedaron en el camino porque no pudieron superar los requisitos que le pone la ley.
Una democracia participativa implicaría que la ciudadanía puede poner en las urnas asuntos que proponen, modifican o eliminan decisiones de sus representantes. Ojo, no que sustituyen las decisiones difíciles que deberían tomar como gobierno.
En otras palabras, la ciudadanía pone decisiones a consulta cuando el gobierno no quiere o no tiene planeado hacerlos, como hacer un corredor ecológico en el lecho del río Santa Catarina, detener la construcción de camellones en avenidas principales, mejora de parques o sobre las foto-multas, los cabildos abiertos, transporte público. De todo esto ha querido consultar la ciudadanía y simplemente por una razón u otra, en una institución u otra, se ha rechazado su proyecto por no cumplir con requisitos.
Una democracia participativa funcional no trata de gobernar en lugar de sus gobernantes, no les quita la responsabilidad ni se antepone al plan nacional de desarrollo, mucho menos pone en riesgo los derechos humanos o la seguridad nacional.
Una democracia participativa permite a la ciudadanía activar mecanismos de intervención - usualmente de democracia directa – para gobernar con quienes les representan, no en lugar de las personas que salieron electas. ¿Qué sentido tendría tener representantes si cuando la cosa se pone difícil una consulta resuelve el dilema, el riesgo o el conflicto político?
La democracia participativa no es, ni ha sido, una realidad en Latinoamérica, con excepción de Uruguay. Las leyes son ambiguas, así como sucede una malinterpretada consulta lanzada por el gobernador, así también se desechan las 16 presentadas por la ciudadanía. Esto pasa en Monterrey, San Pedro, Guadalupe, San Nicolás, en Nuevo León, en México y en el continente.
Intencional o no, la bandera de la democracia participativa no se ha tomado en serio, ni se ve aplicada en las leyes federales, estatales ni municipales. Existen la consulta popular y otras formas de participación reglamentadas, y en la mayoría de los casos son letra muerta.
En tanto no se tome en serio la cultura cívica, no existirá una participación ciudadana auténtica que fundamente el concepto de democracia participativa y esto empieza en la ley. Y lo que deviene se vuelve legalmente legítimo.
La autora es Consejera Electoral en el estado de Nuevo León y promotora del cambio cultural a través de la Educación Cívica y la Participación Ciudadana.
Esta es una columna de opinión. Las expresiones aquí vertidas son responsabilidad únicamente de quien la firma y no necesariamente reflejan la postura editorial de El Financiero.