Estiman en 13 mil pesos la reparación del daño a la menor abusada en Puerto Vallarta
GUADALAJARA.- Peritajes del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses estiman una reparación del daño por el orden de 13 mil pesos para la menor de 11 años de edad abusada por el exfuncionario municipal de Puerto Vallarta, Luis Alonso 'N'.
El resarcimiento propuesto es para sesiones de terapia psicológica, informó la asesora legal de la familia de la menor, Sandra Quiñones, quien señala que la perito forense encargada del tema no observa la perspectiva de género, “son acciones que causan una mella, estragos psicoemocionales muy profundos, porque estamos hablando de la construcción de la identidad sexual de una persona. Trece mil pesos no te van a alcanzar para recomponer el daño”.
La también activista, integrante del colectivo Mujeres Puerto Vallarta, apeló al peritaje y presentó una revisión para la reparación integral del daño, que involucra a la familia y a la niña para una real reinserción social, que les permita superar el abuso sexual que sufrió, además de resarcir las afectaciones económicas y sociales del proceso judicial.
Este peritaje integral de victimología ya se anexó a la carpeta de investigación, “da como resultado una reparación del daño de 950 mil pesos, una diferencia sustancial, no solo en la cantidad, sino en todas las medidas que se tienen que hacer, por un lado ciencias forenses dice que solamente la niña necesita atención psicológica, trece sesiones con el psiquiatra de 50 minutos cada uno, no más...".
El agresor está recluido en el Penal de Ixtapa por los delitos de abuso sexual infantil y corrupción de menores, y se programaron sus audiencias para noviembre próximo, “se trabaja para evidenciar que la tenía privada de la libertad con premeditación, pues hasta ahora los testimonios afirman que ya conocía sus rutinas y en una ocasión que salió a la tienda, la interceptó y subió a su auto por la fuerza”.
La representante legal informó que el que fuera encargado de los Recursos Humanos de la Policía Vallartense tenía cerca de mes y medio siguiendo a la menor, hasta que logró llevársela a un sitio solitario, y donde no se cuenta con cámaras de seguridad.
En tanto se desahoga el proceso y se establece el monto definitivo por la reparación del daño, dependencias oficiales se encargan de la atención emocional de la niña y su familia.
Otros caminos de la ruta judicial
El caso tomó rumbos cuestionables desde un inicio, como la decisión del juez Jorge Solís Aranda que se rehusó a vincular a Luis Alonso por el delito de corrupción de menores, es así que se separó al juzgador de su cargo, y se nombró a un suplente.
Luego, la Fiscalía Anticorrupción abrió una carpeta de investigación contra el juez Solís Aranda, en atención a la denuncia del Poder Judicial y de la Fiscalía General de Jalisco. Esta última dependencia pidió también la valoración del trabajo del agente del Ministerio Público de la Fiscalía Estatal, Juan Alberto López Amaral.
Así mismo, la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, determinó asegurar al juzgador y al exfuncionario municipal sus cuentas bancarias ante la posible situación de trata de personas, ya que existe la probabilidad de que el agresor de la niña esté relacionado con estructuras activas en ese delito, considerado recurrente en Puerto Vallarta.
De igual forma, la Fiscalía de Jalisco, y el Consejo de la Judicatura del Poder Judicial, emprendieron evaluaciones paralelas sobre el comportamiento del juez Solís Aranda en otras adscripciones que ha tenido, y es que tenía mes y medio en su cargo en Puerto Vallarta, ya que durante la primera semana de julio, fue readscrito; estaba como titular del Juzgado Primero en materia de Ejecución Penal del primer partido judicial con sede en Tonalá.