Bolsonaro puede convertir a Brasil en una fábrica de variantes súper potentes de COVID, advierten

Brasil se puede convertir en el caldo de cultivo de variantes cada vez más potentes del SARS-CoV-2.

La cronología más macabra de la historia de la salud pública de la nación sudamericana surge de la investigación de los estándares elaborados por el Gobierno de Jair Bolsonaro relacionados con la pandemia del COVID-19, de acuerdo con un reportaje publicado en El País.

En un esfuerzo conjunto, desde marzo de 2020, el Centro de Investigaciones y Estudios en Derecho de la Salud (CEPEDISA) de la Facultad de Salud Pública (FSP) de la Universidad de Sao Paulo (USP) y Conectas Derechos Humanos, una de las instituciones de justicia más respetadas de América Latina, se dedican a recopilar y analizar las reglas federales y estatales sobre el nuevo coronavirus, produciendo un boletín titulado Derechos en pandemia: mapeo y análisis de normas legales en respuesta al COVID-19 en Brasil.

Recientemente, lanzaron una edición especial en la que hacen una declaración contundente: “Nuestra investigación reveló la existencia de una estrategia institucional para la propagación del virus, impulsada por el Gobierno brasileño bajo el liderazgo de la Presidencia de La República”.

El análisis de la producción de ordenanzas, medidas provisionales, resoluciones, instructivos normativos, leyes, decisiones y decretos del gobierno federal, así como el relevamiento de los discursos públicos del presidente, trazan el mapa que hizo Brasil a diferencia de otras naciones del mundo.

Esta propagación deliberada del virus, crea el riesgo de que puedan surgir nuevas variantes del mismo.

La nación aún carece de una campaña de vacunación con un calendario confiable. No es posible medir cuántas de las más de 212 mil muertes de brasileños podrían haberse evitado si, bajo el liderazgo de Bolsonaro, el gobierno no hubiera llevado a cabo un proyecto para propagar el virus. Pero es razonable decir que muchas personas hoy tendrían a sus madres, padres, hermanos e hijos vivos si no hubiera un proyecto institucional del Gobierno brasileño para la difusión del COVID-19.

Hay intención, hay plan y hay acción sistemática en las reglas del gobierno y en las manifestaciones de Bolsonaro, según el estudio. “Los resultados disipan la persistente interpretación de que habría incompetencia y negligencia por parte del gobierno federal en el manejo de la pandemia. Por el contrario, la sistematización de los datos, aunque incompleta por la falta de espacio en la publicación para tantos eventos, revela el compromiso y la eficiencia del trabajo de la Unión en favor de la propagación generalizada del virus en el territorio nacional.

“El objetivo es retomar la actividad económica lo más rápido posible y a cualquier costo ”, afirma el editorial de la publicación. "Esperamos que este cronograma ofrezca una visión general de un proceso que vivimos de forma fragmentada y, a menudo, confusa".

La investigación es coordinada por Deisy Ventura, una de las juristas más respetadas de Brasil, investigadora sobre la relación entre pandemias y derecho internacional y coordinadora del doctorado en salud global y sostenibilidad de la USP; Fernando Aith, profesor titular del Departamento de Política, Gestión y Salud de la FSP y director de CEPEDISA / USP, centro de investigación pionero en derecho de la salud en Brasil; Camila Lissa Asano, Coordinadora del Programa Conectas Derechos Humanos; y Rossana Rocha Reis, profesora del Departamento de Ciencia Política y del Instituto de Relaciones Internacionales de la USP.

El cronograma consta de tres ejes presentados en orden cronológico, desde marzo de 2020 hasta los primeros 16 días de enero de 2021: 1) Actos normativos de la Unión, incluida la edición de reglas por autoridades y órganos federales y vetos presidenciales; 2) actos de obstrucción a las respuestas de los gobiernos estatales y municipales a la pandemia; y 3) propaganda contra la salud pública, definida como “el discurso político que moviliza argumentos económicos, ideológicos y morales, además de noticias falsas e información técnica sin evidencia científica, con el propósito de desacreditar a las autoridades de salud, debilitando la adherencia popular a recomendaciones basadas en evidencia científica, y promover el activismo político contra las medidas de salud pública necesarias para frenar el avance del COVID-19 ”.

La publicación no presenta todas las normas y enunciados recopilados y almacenados en la base de datos de la investigación, sino una selección que busca evitar la repetición y presentar lo más relevante para el análisis. Los datos fueron seleccionados de la base de datos del proyecto Derechos en Pandemia, la jurisprudencia del Tribunal Supremo Federal (STF) y del Tribunal Federal de Cuentas, además de documentos y discursos oficiales. En el eje que definen como publicidad, también se realizó una búsqueda en la plataforma de Google para la recopilación de videos, publicaciones y noticias.

El análisis muestra que "la mayoría de las muertes se podrían prevenir mediante una estrategia para contener la enfermedad, que constituye una violación sin precedentes del derecho a la vida y el derecho a la salud de los brasileños". Y esto "sin que se responsabilice a los gerentes involucrados, aunque instituciones como la Suprema Corte Federal y el Tribunal Federal de Cuentas han señalado en numerosas ocasiones el incumplimiento del ordenamiento jurídico brasileño de conductas y omisiones conscientes y voluntarias por administradores federales ". También destacan “la urgencia de discutir en profundidad la configuración de crímenes contra la salud pública, crímenes de responsabilidad y crímenes de lesa humanidad durante la pandemia del COVID-19 en Brasil”.

Las acciones y los discursos de Bolsonaro son bien conocidos, pero terminan diluyéndose en la cotidianeidad alimentada por la producción de factoides y noticias falsas, en las que la guerra de odio es también una estrategia para encubrir la consistencia y persistencia del proyecto que avanza al mismo tiempo.

La publicación causa conmoción y malestar al sistematizar la producción explícita de males puestas en práctica por Bolsonaro y su gobierno durante casi un año de la pandemia. Uno de los principales méritos de la investigación es precisamente articular las distintas medidas oficiales y discursos públicos del presidente en el cronograma. De este minucioso análisis surge el plan, con todas sus fases debidamente documentadas.

También se vuelve explícito contra qué poblaciones se concentran los ataques. Además de los pueblos indígenas, a quienes Bolsonaro niega incluso beber agua, se han tomado una serie de medidas para evitar que los trabajadores se protejan del COVID-19 y se aíslen. El gobierno extiende el concepto de actividades esenciales incluso a los salones de belleza y busca anular el derecho a la ayuda de emergencia de 600 reales determinado por el congreso a diversas categorías. Al mismo tiempo, busca implementar un doble trato a los profesionales de la salud: Bolsonaro veta totalmente el proyecto que brinda compensación económica a aquellos trabajadores que quedan discapacitados como consecuencia de su labor para contener la pandemia y trata de eximir a los funcionarios públicos de cualquier responsabilidad. por actos y omisiones en la lucha contra el COVID-19. En resumen: se desalienta el arduo y arriesgado trabajo de prevenir y combatir una pandemia y se fomenta la omisión.

Mediante la retención de recursos destinados al COVID-19, el Gobierno perjudica la asistencia a pacientes en la red pública de estados y municipios. La guerra contra gobernadores y alcaldes que intentan implementar medidas para prevenir y combatir el virus es constante. Mediante vetos, Bolsonaro anula hasta las medidas más básicas, como las máscaras obligatorias dentro de los establecimientos autorizados para operar. Muchas de sus medidas y vetos son posteriormente revocados por el Tribunal Supremo Federal (STF) o por la propia legislatura.

Este es otro punto importante: el análisis de los datos también muestra cuánto la situación en Brasil podría ser aún más trágica si la Corte Suprema y otros órganos no hubieran detenido varias de las medidas para la propagación del virus producidas por el Gobierno. A pesar de la fragilidad que muestran las instituciones y la sociedad, se percibe el esfuerzo de los protagonistas por intentar anular o neutralizar las acciones de Bolsonaro.

Es posible hacer el ejercicio de proyectar cuánto podrían haber hecho todos estos esfuerzos, combinados y asociados a un gobierno dispuesto a prevenir la enfermedad y combatir el virus, para prevenir muertes en un país que cuenta con el Sistema Único de Salud (SUS). En cambio, Bolsonaro produjo una guerra en la que la mayor parte de la energía de las instituciones y la sociedad organizada se disipó para reducir el daño producido por sus acciones, en lugar de centrarse en combatir la mayor crisis de salud en un siglo.

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