No hay duda: la Corte definirá si va el “Plan B”
Tanto el INE como el Poder Legislativo ya interpusieron recursos ante la Corte en virtud de considerar que esa reforma de ley es violatoria del artículo 134 de la Constitución.
El pasado 28 de diciembre se publicaron en el Diario Oficial de la Federación (DOF) dos reformas que forman parte del llamado “Plan B” en materia electoral.
Se trata de cambios a la Ley General de Comunicación Social y a la Ley de Responsabilidades Administrativas.
El sentido fundamental de los cambios realizados es restringir el concepto de “propaganda gubernamental” solamente a los mensajes definidos como tales y sufragados por las partidas específicas asignadas en el Presupuesto.
De esta manera, los funcionarios públicos pueden hacer difusión de sus logros y dar opiniones diversas durante el proceso electoral siempre y cuando no formen parte de una campaña institucional y presupuestada.
Tanto el INE como el Poder Legislativo ya interpusieron recursos ante la Corte en virtud de considerar que esa reforma de ley es violatoria del artículo 134 de la Constitución.
Es muy probable que en los siguientes días se pongan a discusión en el Senado las otras cuatro reformas que están pendientes: la de la Ley de Partidos Políticos; la de Instituciones y Procesos Electorales; la Orgánica del Poder Judicial y la emisión de la nueva Ley de Medios de Impugnación.
Más tardarán en aprobarse en el Senado y publicarse en el DOF, que en recibir impugnaciones tanto del INE, como de los legisladores y de los particulares.
Las acciones de inconstitucionalidad o las controversias constitucionales van a pasar directamente a la Corte. Los reclamos de los particulares que tendrán la forma de amparos se dirimirán en juzgados.
Un posible camino de estas acciones es la suspensión.
Esto ya sucedió con la Ley de Remuneraciones de los Servidores Públicos. Diversos legisladores interpusieron una acción de inconstitucionalidad contra la ley y el ministro Alberto Pérez Dayán concedió la suspensión el 7 de diciembre de 2018.
El 13 de febrero de 2019, la Segunda Sala de la Corte, por 3 votos contra 2, ratificó la suspensión.
Una posibilidad en las reformas que eventualmente serían aprobadas por el Senado es que se sigan total o parcialmente un camino semejante y se decrete la suspensión, mientras no se resuelva el fondo.
Si esta circunstancia fuera la prevaleciente el 2 de junio de este año, las reformas a las leyes ya no se aplicarían en la elección del 2024.
De acuerdo con el artículo 105, fracción II de la Constitución: “las leyes electorales federal y locales deberán promulgarse y publicarse por lo menos noventa días antes de que inicie el proceso electoral en que vayan a aplicarse, y durante el mismo no podrá haber modificaciones legales fundamentales”.
El proceso electoral comienza formalmente nueve meses antes de las elecciones del 2024.
La fecha de la elección es el domingo 2 de junio, por tanto el comienzo del proceso es el 2 de septiembre próximo.
Por lo cual, el marco legal que habrá de regir ese proceso será el que esté vigente el próximo 2 de junio.
En la celebración del Aniversario de la Constitución, mientras que el presidente de la República llamó a reformar el contenido “neoliberal” que a su juicio aún tiene nuestra ley fundamental, la presidenta de la Corte, la ministra Norma Piña puso énfasis en la independencia del Poder Judicial como pilar de la democracia, tanto en discurso como en hechos.
Los jueces y ministros que vayan a conocer las impugnaciones a las reformas incluidas en el llamado “Plan B”, van a recibir enormes presiones del gobierno federal para que fallen en términos favorables al Poder Ejecutivo.
Por eso fue de gran relevancia que en la primera ocasión en la que la ministra Piña coincide en un evento cívico con el presidente López Obrador, haya expresado con claridad la relevancia de la independencia del Poder Judicial de la Federación.
No es difícil anticipar que veremos próximamente una confrontación entre poderes en México, así no sea el objetivo del Poder Judicial.
Pero si éste pretende actuar como contrapeso al Ejecutivo para que siga prevalenciendo la democracia, el actual gobierno federal no se va a quedar con los brazos cruzados y lo va a atacar.
Así como fue imperativo defender al INE para garantizar elecciones equitativas, lo será el defender la independencia del Poder Judicial para que pueda resolver libremente las impugnaciones que vienen.