Castigo a López-Gatell
López-Gattel aplicó criterios políticos para atender la emergencia sanitaria, en lugar de apegarse a las recomendaciones emitidas por la Organización Mundial de la Salud.
Por pruebas, declaraciones y testimoniales del propio Hugo López-Gatell y, por su puesto, decenas de denuncias de deudos de fallecidos por Covid-19, se ha conformado un grueso expediente que ha motivado a un juez ordenar a la Fiscalía General de la República investigarlo por el mal manejo que tuvo durante la pandemia, que cobró la vida de por lo menos, 700 mil mexicanos.
Las participaciones del subsecretario de Salud en la mañanera y en las conferencias de prensa que encabezaba en torno a la pandemia, contienen declaraciones irresponsables en el manejo de la enfermedad, como el uso del cubrebocas, que aseguraba no servía para nada; o que el contagio por Covid-19 era similar a una gripa y, peor aún, que las vacunas anticovid no tendrían eficacia alguna.
El abogado Javier Coello Trejo, principal litigante de diversas denuncias contra López-Gatell, ha reiterado que el funcionario había sido imputado por negligencia y presunta falta de deber y adecuado ejercicio de su labor en la emergencia por el coronavirus, empero, el Ministerio Público Federal resolvió no ejercer acción penal; por ello, un juez con sede en el Reclusorio Sur de la Ciudad de México revocó el decreto del no ejercicio de la acción penal del 22 de marzo de 2023, por lo que la Fiscalía deberá continuar con las investigaciones.
Independientemente de lo que haga la FGR de Alejandro Gertz Manero, se ha sentado un severo precedente para que, después de que termine la actual administración, se siente en el banquillo de los acusados al propio López-Gatell y otros funcionarios de más alto nivel, no solo por su responsabilidad en el pésimo manejo de la pandemia, sino por otras agravantes, como el criminal desabasto de medicamentos, o la fallida estrategia del gobierno del presidente López Obrador de “Abrazos, no balazos”, que ha provocado más de 151 mil homicidios dolosos y el desplazamiento de cientos de mexicanos de sus lugares de residencia, por culpa del crimen organizado.
Tarde que temprano la justicia extenderá su largo brazo para castigar a los transgresores de la ley, quienes desde el servicio público fueron omisos en el cumplimiento de sus responsabilidades.
La emergencia sanitaria provocada por la pandemia debió haberse atendido por especialistas en la materia, tal como lo mandatan los ordenamientos legales en México, sin embargo, se nombró a López-Gatell para cumplir con esa tarea y por desgracia cientos de miles de mexicanos fallecieron por contagio del SARS-CoV-2. López-Gattel aplicó criterios políticos para atender la emergencia sanitaria, en lugar de apegarse a las recomendaciones emitidas por la Organización Mundial de la Salud (OMS), que recomendó de inmediato, el uso de cubrebocas, las pruebas de detención masivas y por supuesto, la aplicación de las vacunas, a lo que el ‘doctor muerte’ —como le dicen— fue omiso al recomendar exactamente lo contrario en el momento más álgido de la emergencia sanitaria.
Claro, después del desastre, trató de corregir, pero el daño ya estaba hecho. Todavía al día de hoy, luego de que AMLO declarara el final de la pandemia, siguen sin vacunar con antígenos aprobados por la OMS, miles de mexicanos entre los que se encuentran niños, niñas y adolescentes.
En las últimas semanas se está inoculando a la población con la vacuna cubana denominada Abdala, que no cuenta con el aval de la OMS y paralelamente a ello, con bombo y platillo anuncian que ya está casi lista la vacuna mexicana Patria. El chiste se cuenta solo.
Cuando en la mayoría de países similares a la capacidad económica del gobierno mexicano, compraron millones de vacunas Moderna y Pfizer para inocular a su población y darles los refuerzos necesarios hasta culminar con la vacuna bivalente, aquí se escamoteó ese recurso para canalizarlo a atender las prioridades del presidente, como el fondeo de sus tres obras insignia y los programas de política social con tintes electorales.
Se impuso el monopolio del Estado en la compra de vacunas y su aplicación, así como la adquisición y distribución de los medicamentos aprobados mundialmente para combatir al Covid-19, esa decisión vigente hasta el día de hoy, ha provocado, incluso que miles de esos fármacos hayan caducado en las bodegas del extinto Insabi y de la propia Secretaría de Salud.
Se prohibió al sector privado comprar vacunas y medicamentos y las consecuencias de esta decisión saltan a la vista.
Las omisiones, agravantes y violaciones severas, incluso a ordenamientos constitucionales, que ha tenido Hugo López-Gatell, son de tal envergadura que, aunque ahora esté protegido por el manto de la complicidad, algún día será juzgado.
Mientras tanto, veremos hasta dónde llegan los recursos interpuestos por el notable abogado Javier Coello, aunque estamos seguros que por la persistencia y sobre todo, los argumentos legales esgrimidos por el litigante, no habrá otra opción para los juzgadores en turno, que castigar a López-Gatell.