En Chile, la oposición quiere plantear el tema del juicio político al presidente Piñera por el Pandora Papers
Un grupo de parlamentarios de la oposición chilena quiere llevar ante el parlamento el juicio político contra el presidente chileno Sebastián Piñera por sospechas de corrupción basadas en documentos de los Pandora Papers. Así lo informó el lunes la emisora local Radio Bio Bio.
«Estamos hablando de negligencia premeditada, que es una violación de la constitución y las leyes, y por lo tanto merece una acusación constitucional», cita la emisora las palabras del diputado del Partido Comunista de Chile, Daniel Núñez. Los diputados de varios otros partidos de oposición también se pronunciaron en apoyo del inicio del proceso de juicio político.
De acuerdo con la ley chilena, el juicio político es discutido primero por una comisión parlamentaria de cinco miembros. Si decide iniciar una acusación constitucional, lo llevan ante la Cámara de Diputados. Si la propuesta de juicio político es apoyada por la mayoría de los miembros de la cámara baja, también tendrá que ser votada en el Senado. Allí, para la renuncia del jefe de Estado, la acusación constitucional debe ser apoyada por dos tercios de los legisladores, pero la oposición chilena no tiene tantos senadores frente a los pinochetistas de “Vamos Chile”.
El Consorcio Internacional de Periodismo de Investigación (ICIJ) publicó extractos de los Pandora Papers el 3 de octubre. El medio de comunicación chileno CIPER, miembro del ICIJ, publicó un artículo basado en estos documentos, en el que afirma que en diciembre del 2010, durante el primer período presidencial de Piñera, su familia vendió su participación en la mina Dominga por $ 152 millones. Parte del trato se concretó en las Islas Vírgenes Británicas. Según el diario, el pago se dividió en tres partes, el pago de la última de las cuales dependía de si el gobierno declaraba la zona donde se ubica la mina como reserva natural.
La administración presidencial respondió diciendo que las circunstancias de la venta de la mina Dominga fueron investigadas a fondo por la fiscalía y los tribunales, que supuestamente no hallaron corpus delicti y cerraron el caso.