No soy un virus

Así nos decía un porteador privado meses atrás, y ante el anuncio sus palabras retornaban a la memoria. En efecto, en lo que constituye una señal, para nada desdeñable, el Estado parece enrumbar la actividad de los porteadores privados de pasajeros hacia un mayor nivel de integración con el sistema de transportación del país.

Sería muy deseable que el espíritu de lo anunciado en julio pasado, con la Resolución No. 175/2018 del Ministerio de Transporte, y publicada en la Gaceta Oficial Extraordinaria No. 35, no se quede solo en la extensión al resto del país de lo planteado   en la letra de la normativa, sino que en el futuro transite hacia mayores formas de complementariedad.

Resulta esperanzador conocer que a ese sector del cuentapropismo se le brindarán una serie de insumos, que antes no se veían en el horizonte, como combustible por tarjeta magnética, accesorios, piezas y herramientas a partir de las disponibilidades existentes en el país. También, no es menos cierto que estas medidas hacían falta.

Uno de los problemas que ha sufrido el nuevo impulso a la participación en la economía de actores y formas de gestión económica no estatales ha sido, precisamente, la ausencia de un mercado mayorista donde adquirir los componentes, al menos los esenciales, para su actividad.

Si bien no es menos cierto que cuando se amplió la modalidad del trabajo por cuenta propia no se contaba con las condiciones para brindar un servicio mayorista, también es verdad que esa dificultad ha generado no pocas grisuras dentro de la sociedad; entre estas la creación de condiciones para desarrollar formas no solidarias dentro de la economía y engordar las ilegalidades, además de incidir en el alza de los precios y desencadenar no pocos dolores de cabeza en la vida cotidiana de los ciudadanos.

En este conflicto ha operado también la visión de algunos de percibir al cuentapropismo u otras formas de gestión económica no estatal con cierto recelo. Esto ha ocurrido a pesar de los reiterados llamados de la máxima dirección del país de no estigmatizar al sector. Y si bien es real que en los últimos años muchos de los planes y acciones —bastante cínicos y descarados— contra el pueblo cubano y su proceso político se han dirigido a captar a los cuentapropistas, también vale destacar las numerosas personas honestas y patriotas que laboran en esa área.

Sin embargo, a distintos niveles esa visión ha enturbiado la percepción hacia el sector; lo cual repercute en no apreciar las oportunidades existentes de integrar la esfera estatal de los servicios con estos nuevos actores de la economía y ayudar a su dinamización.

El asunto nos lo graficaban, precisamente, varios porteadores privados de pasajeros en una de las indagaciones de JR, realizadas en provincias centrales del país a principios de este año. Ellos confesaban sentirse en ocasiones tratados como un mal necesario e inevitable, pero mal al fin.

«Y yo no soy un virus, compadre —decía con vehemencia uno de los porteadores, bien sudado después de estar agachado bajo el camión—. Lo que soy es por esta Revolución, y mis hijas estudian y se están haciendo gente por esta Revolución. ¿Cómo voy a estar en contra de ella?».

Acto seguido nos contaban de algunas vicisitudes. Ellos se preguntaban: ¿por qué no se podían hacer contratos y vestir las bandas de freno en un taller del Estado u ofertar accesorios —como asientos de los vehículos retirados del servicio— o conformar en instituciones estatales las hojas de muelle, las cuales se ofertan por los particulares bajo la «bella» cifra de 2 000 pesos? «O lavar el carro en una base estatal, aunque haya que pagar: si ya una vez hasta me dijeron que ni me podía aparecer por ahí. ¿Eso es difícil?», señaló otro.

Todas estas inquietudes, como otras tantas, son para tomar nota. No obstante, vale la pena recordar que las posibilidades abiertas con la nueva Resolución también entrañan obligaciones. Este tipo de puertas que se abren ayudan a desalojar unos cuantos virus, pero estas —siempre hay que recordar— deben cuidarse con toda la responsabilidad y el deber cívico que se necesita ante toda la sociedad.