Madres de Detenidos Desaparecidos saluda con emoción cadena perpetua para represores

Tras la decisión de la Justicia italiana de condenar a cadena perpetua a 24 jerarcas y militares de Uruguay, Chile, Bolivia y Perú acusados de la desaparición de 23 ciudadanos italianos, en marco del Plan Cóndor de coordinación represiva de las dictaduras del Cono Sur, durante los años 70 y 80, la organización Madres y Familiares de Uruguayos Detenidos Desaparecidos emitió un comunicado.

Madres y Familiares saluda “con gran emoción la sentencia de cadena perpetua a los 24 imputados por delitos graves (secuestro, tortura y asesinato) durante las dictaduras del Cono Sur de América, por el Tribunal de Apelación de Roma”.

“Es una satisfacción que se haya cumplido con el reclamo de justicia sobre la suerte de nuestros familiares, durante este oscuro período dictatorial de los años 70 y 80”, indica la asociación.

Recuerda que “fue un largo periplo de 20 años, desde junio de 1999 cuando cinco mujeres luchadoras, madres y esposas, se presentaron en la Fiscalía de Roma ante el fiscal Giancarlo Capaldo buscando justicia, pues en Uruguay y Argentina, campeaba la impunidad sustentada en las leyes de Impunidad y de Punto Final”.

Ellas fueron: Aurora Meloni, Cristina Mihura, Luz Ibarburu de Recagno, Maria Bellizzi y Martha Casal de Gatti, “quienes se ampararon en el artículo 4° de la Ley italiana que acoge a los ítalo descendientes como propios, tanto para ser defendidos en sus intereses, como juzgados”.

“Fue un largo camino, con aciertos y errores, donde el trabajo fue obstaculizado por los gobiernos democráticos quienes, además de no hacer justicia en sus propios países (donde ocurrieron los hechos y están los imputados) tampoco aportaron datos ni pruebas”, remarcan.

En tal sentido subrayan que “fueron los familiares, querellantes, las ONGs, y testigos expresos que armaron la causa, testimoniando y viajando incluso a desclasificar archivos de la CIA. Así se constituyó la mega causa Plan Cóndor”.

Expresan que la fuga del marino Jorge Troccoli a Italia, cuando tenía que comparecer ante a la Justicia en Uruguay, “sumó a esta causa a los familiares de víctimas no italianas, reclamando allí el derecho de juzgarlo”.

El Plan Cóndor fue un método represivo destinado a “implantar un modelo económico, social, político y cultural a la medida de intereses anti populares en la región: Chile, Argentina, Uruguay, Brasil, Paraguay, Perú y Bolivia”.

Afirman que este importantísimo fallo, reconoce y condena “este plan sistemático organizado por los aparatos represivos de los estados miembros, destinado a investigar, perseguir, detener, torturar y eliminar (asesinar o desaparecer) a todo disidente opositor, con intercambio de prisioneros entre ellos”.

También reconoce dentro de este tremendo plan, “la apropiación de niños y bebés como botín de guerra”.

En esta segunda instancia se pudo comprobar “la coordinación no solamente de las cúpulas, sino también de los mandos medios, que también tenían poder de decisión y ejecución”.

Madres y Familiares asegura que se aportaron documentos que “involucran a la política exterior de Estados Unidos y en archivos encontrados en Uruguay y Argentina que vinculan la coordinación entre Troccoli y Alfredo Astiz, entre el FUSNA y la ESMA”.

Imprescriptibilidad

Remarcan que el fallo debe “contribuir a valorar los tratados internacionales establecidos y firmados, reafirmar la imprescriptibilidad de los delitos de lesa humanidad e impulsar al Poder Judicial a obrar en consecuencia”.

“Junto a la condena a Troccoli, ratifica los fallos resultantes en nuestro país condenando a Juan Carlos Larcebeau, José Gavazzo, Manuel Cordero, Ricardo Medina y la irrenunciable lucha por verdad y justicia que no ampare la impunidad de este negro periodo. Y continuar exigiendo, que es posible y necesaria toda la verdad”.

En los países donde ocurrieron las desapariciones, los secuestros están las pruebas y los imputados. “También los restos de nuestros desaparecidos que seguiremos buscando”, afirma la asociación.

“Debemos felicitar y agradecer el trabajo profesional y la calidad humana para llevar adelante esta causa a la fiscal Tiziana Cugini, a los abogados Andrea Speranzoni, Arturo Salerni y Mario Angelleli y equipo; al fiscal Giancarlo Capaldo; al Gobierno italiano; a la ONG 24 Marzo y su coordinador Jorge Ithurburu; a la Secretaria de Derechos Humanos del PIT-CNT; a las centrales Sindicales italianas CGIL; a SERPAJ; la Iglesia Valdense; a los gobiernos provinciales y comunales que promovieron desde el inicio la causa”, se detalla en el comunicado.

Madres y Familiares agrega: “Luego al Gobierno uruguayo en el cambio de abogado que fue fundamental para revertir la sentencia primaria, a la embajada uruguaya en Roma, a historiadores como Francesca Lessa y Rossella Tallerico, Martin Almada que aporto los archivos del terror; a Roger Rodríguez, a la ex fiscal Mirtha Guianze, ex presos que volvieron a revivir sus tormentos, a la intérprete Giulia Spanesi y a todos los que hicieron posible esta sentencia irrevocable: todos culpables, pena máxima cadena perpetua”.

También afirman que “queda mucho por hacer en nuestro país, los archivos están y muchos imputados aún sin juzgar. Los delitos de lesa humanidad no deben quedar impunes”.

“Se ha hecho justicia pero falta saber la verdad: ¿Dónde están?”, puntualiza Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos.