Blancos y colorados postergan para 2022 discusión de prisión domiciliaria para mayores de 65 años
Los legisladores de la coalición multicolor han decidido postergar para el año próximo la discusión sobre el proyecto de ley de Cabildo Abierto que otorgaría el beneficio de prisión domiciliaria para personas mayores de 65 años, el cual abarcaría incluso a decenas de represores y torturadores de la dictadura cívico militar uruguaya (1973-1985).
Según publica el portal de Caras y Caretas, los legisladores coalicionistas prefieren discutirlo el año próximo a pesar de que se viene tratando en comisión de Constitución desde hace semanas y ha recibido a decenas de representantes de organizaciones pro derechos humanos, juristas de alto calibre y otros referentes que rechazan que los violadores de derechos humanos terminen sus condenas en la comodidad de sus casas.
Todo indica que la iniciativa sí beneficiaría a estos individuos, procesados por delitos de lesa humanidad durante la dictadura, ya que este tipo de acciones no figuran entre las excepciones. Además, aunque Cabildo Abierto asegura que quieren desagotar la sobrepoblación carcelaria, solamente beneficiaría a cerca del 1% de los reclusos, o sea unos 100 internos.
“Teníamos interés en resolver este tema lo antes posible, porque ya ha sido estudiado, recogido opiniones a favor y en contra, y creemos que los partidos deberían tomar posición”, dijo a la prensa el senador cabildante Guillermo Domenech, y añadió: “Evidentemente, nosotros no compartimos esta dilatoria; creíamos que el tema estaba maduro y que merecía el apoyo de esta coalición”.
Desde la bancada nacionalista, el senador Jorge Gandini manifestó que “no están dadas las condiciones para aprobar” el proyecto de ley y que recibirán nuevas delegaciones el próximo año, cuando se retomen las discusiones.
¿Represores a la casa?
Si se llegase a aprobar el proyecto de ley en cuestión, son 26 los represores y violadores de derechos humanos los que se beneficiarían, siendo cerca del 25% del total de personas alcanzadas por la legislación.
Estos son:
- Rodolfo Gregorio Álvarez (sobrino de Gregorio Goyo Álvarez), procesado desde 2017 por privación de libertad, torturas y otros delitos.
- Jorge Silveira Quesada, procesado por 28 delitos de homicidio desde 2006.
- José Sande Lima, Procesado con 28 delitos de homicidio muy especialmente agravado desde 2006. Fue procesado por la Justicia italiana a cadena perpetua.
- Ernesto Soca Prado, procesado por 28 delitos de homicidio muy especialmente agravados en reiteración real desde 2018. Condenado en Italia por participar del Plan Cóndor en Argentina y Uruguay.
- Ricardo Medina Blanco, procesado por 28 delitos de homicidio muy especialmente agravados desde 2006.
- José Puigvert, procesado por un delito de homicidio con motivaciones políticas desde 2015.
- Miguel Sofía, procesado por asociación para delinquir y por ser coautor de un homicidio muy especialmente agravado.
- Lawrie Rodríguez, procesado por el asesinato de Iván Morales, militante anarquista. Reconoció haber recibido en su casa al represor Gilberto Vázquez, que se había fugado del hospital militar en 2006.
- Leonardo Vidal, procesado por asesinar por la espalda a Nelson Berreta, militante tupamaro. Vidal había sido defendido por el ministro de Defensa, Javier García porque solo estaba “cumpliendo órdenes”.
- Jorge Charleta Gundelzoph, procesado por un delito continuado de abuso de autoridad contra detenidos y por privación ilegítima de la libertad. Fue militante del PCU pero terminó siendo un delator que terminó participando de interrogatorios bajo tortura a excompañeros comunistas.
- Hugo Garciacelay, procesado junto con Nelson Heber Coitinho por un delito de homicidio especialmente agravado por el asesinato del militante comunista Julián Basilicio López.
- Mario Ramos, procesado por reiterados delitos de abuso de autoridad en calidad de autores desde 2020, por participar de interrogatorios bajo tortura.
- Ayelmiro Pereira, procesado por tres delitos de privación de libertad en concurrencia fuera de la reiteración con cuatro delitos de abuso de autoridad contra detenidos. Se formó en Washington, EE.UU., y fue un importante colaborador con el dictador y genocida chileno Augusto Pinochet durante su visita a Uruguay.
- Eduardo Ferro, procesado por la desaparición del militante comunista Oscar Tassino.
- Raúl Scioscia, procesado por privación ilegítima de libertad y violencia privada contra 30 detenidos en el centro de torturas conocido como ‘300 Carlos’, conocido también como el ‘Infierno Grande’.
- Carlos Frachelle, procesado por privación de libertad y violencia privada contra 30 detenidos en el ‘300 Carlos’ y el Batallón de Infantería 13.
- Mario Cola, procesado por reiterados delitos de tortura y privación de libertad en el ‘300 Carlos’.
- Antranig Ohannessian, procesado por el asesinato del militante de izquierda Gerardo Alter. También fue condenado por delitos de abuso de autoridad contra detenidos, privación de libertad, lesiones graves y atentado violento al pudor contra 28 expresas políticas que denunciaron abusos sexuales y torturas.
- Pedro Buzó, procesado junto con Ohannessian por el asesinato de Alter.
- Néstor Ramón Silvera, también procesado con Buzó y Ohannessian por asesinar a Alter.
- Alberto Ballestrino, procesado por la tortura y asesinato del militante comunista Óscar Fernández Mendieta, y por abuso de autoridad con detenidos.
- Gustavo Mieres, procesado junto a Ballestrino por la muerte de Fernández Mendieta.
- Ariel Ubillos, procesado junto a Lawrie Rodríguez por asesinar al estudiante Hugo Leonardo de los Santos Mendoza. También está denunciado por expresas políticas por abusos sexuales.
- Enrique Uyterhoeven, procesado por cometer torturas, privación de libertad y causar lesiones graves en calidad de autor en el centro clandestino La Tablada contra más de 10 presos políticos.
- Carlos Chajá Chaine, procesado por cometer reiterados delitos de abuso de autoridad contra los detenidos y reiterados delitos de lesiones graves, en concurrencia, fuera de la reiteración con cuatro delitos de privación de libertad en calidad de autor, todos estos contra cuatro militantes del PCU.
- Armando Méndez, procesado también por la detención, tortura y asesinato de Alter.