¿Qué son las tarifas de Derecho de Autor que cobra ACAM? Diputados quieren eximir del pago a ciertos comercios
Las fracciones de los partidos Unidad Social Cristiana (PUSC) y Liberal Progresista (PLP) impulsan un de ley para que algunos comercios no paguen la tarifa de Derechos de Autor y Derechos Conexos para el uso de la música en sus establecimientos.
El proyecto denominado Alivio de costos para los establecimientos comerciales fue presentado por los diputados Eliécer Feinzaig (PLP) y Leslye Bojorges (PUSC), el pasado 24 de abril, y se tramita bajo el expediente N°. 23.702. Actualmente, el texto está a la espera de que se le asigne una comisión.
Con esta iniciativa, los congresistas buscan que los comercios que no dependen de la música para desarrollar su principal actividad económica, como barberías o supermercados, no paguen a la Asociación de Compositores y Autores Musicales de Costa Rica (ACAM) la licencia respectiva de uso de Derechos de Autor conocida como licencia de Autorización por Comunicación Pública.
ACAM es la entidad encargada de la gestión colectiva de fonogramas en Costa Rica. Esta organización recauda y distribuye los ingresos generados por las obras a sus autores, y es quien cobra esta tarifa. La Ley sobre Derechos de Autor y Derechos Conexos, y su reglamento, amparan a la Asociación para ejecutar tales cobros, que oscilan entre los ¢2.300 hasta los ¢597.000 mensuales.
La tarifa
La primera aclaración que hace Roxana Cordero, abogada especialista en propiedad intelectual de EY Law, es que la tarifa por la licencia de Autorización por Comunicación Pública de las obras musicales no consiste en un impuesto debido a que las ganancias no se dirigen a la Hacienda Pública, sino que se trata del pago por una licencia de uso de derechos de autor.
Según esta especialista, ACAM, en representación de los músicos, otorga esta licencia de uso a quienes comunican música en sus establecimientos frecuentados por el público. Esta tarifa no se cobra para actividades que se hagan en privado, ya sean personales o no abiertas al público, como los trabajos en oficina.
ACAM explicó a este medio que el valor de las tarifas para los locales comerciales está fundamentado en la utilización de la música en su giro comercial, dividiéndolos en tres grupos según la importancia de la música para su actividad.
Así, por ejemplo, para el caso de un concierto o recital, la tarifa será mayor, pues la música es indispensable para la actividad. Otro caso es el de los bares o discotecas, que se consideran de “música necesaria”. Por último, se encuentran los comercios como restaurantes o aeropuertos, que entran en el grupo de “música accesoria”.
Distribución de las ganancias
Ariana Miranda, jefa de recaudación de ACAM, explicó a La Nación que las sociedades de gestión colectiva nacen para facilitar el cobro de la explotación de las obras musicales, pues es materialmente imposible para todos los artistas del mundo recaudar esas ganancias, local por local.
ACAM cobra y distribuye debido a los convenios de representación recíproca con las distintas Organizaciones de Gestión Colectiva a nivel mundial, adscritas a la Confederación Internacional de Sociedades de Autores y Compositores (CISAC).
Cuando se trata de derechos generados por el uso de obras por parte de comercios, el reparto se hace semestralmente, en los meses de enero y julio.
Para calcular cuánto dinero le corresponde a cada artista, a nivel nacional o internacional, la entidad hace una analogía partiendo del supuesto que lo que se escucha en los comercios es similar a lo que se programa en radio y televisión, monitoreando esos medios mediante un sistema por computadora para procesar la información.
La entidad, además de recaudar y distribuir, obtiene un porcentaje de administración.
¿Por qué es necesaria para una patente?
Uri Weinstock, socio de la firma BLP Abogados y especialista en propiedad intelectual explicó que muchas municipalidades no otorgan el permiso de funcionamiento hasta que no exista un visto bueno de ACAM, para el uso de las obras musicales, lo que en su opinión es “una mezcla de lo público con lo privado”.
“El cobro de los derechos de autor son cobros privados, donde el otorgar permisos no debería estar sujeto con estar al día con esos pagos. Es como que no le den la patente si no está al día con el pago de un proveedor. Esa mezcla podría ser inconveniente”, opinó el abogado.
Por su parte, Cordero aclaró que el pago de este derecho es un acuerdo entre dos privados, por lo que no debe ser un permiso esencial para el funcionamiento. Aún así, admitió que muchas municipalidades exigen el desembolso del derecho.
Por su parte, Ariana Miranda defendió que los gobiernos locales solicitan ese pago debido a que en el código municipal se le pide a los solicitantes de las patentes el contar con todos los permisos de las leyes vigentes, siendo el Derecho de Autor una ley.
En eso coincidió Vladimir Cunningham, encargado del área de formación del Instituto de Formación y Capacitación Municipal y Desarrollo Local (IFCMDL), quien indicó que con base en los artículos 88 y 90 del Código Municipal, el otorgamiento de la licencia municipal debe cumplir con todos los requisitos previos de la ley, como lo es el pago del Derecho de Autor cobrado por ACAM.
Según explicó Roxana Cordero “ACAM presiona y exige a los establecimientos comerciales pagar esta licencia bajo la amenaza de accionar un proceso judicial por infracción de derechos de autor. Así es como operan y logran que los comerciantes paguen la licencia, amparados en la ley.
Posibles efectos
Los efectos que podría tener la aprobación del impulsado en el congreso contra la protección de los Derechos de Autor, en el marco de convenios internacionales ratificados por Costa Rica, podrían variar dependiendo de la interpretación. Uno de dichos tratados es el Convenio de Berna para la Protección de las Obra Literarias y Artísticas.
Ana Grettel Coto, asesora legal de ACAM indicó que este podría tener implicaciones a nivel de comercio internacional, los cuales no han sido considerados en el de ley.
Por otro lado, Winstok explicó que el artículo 9 del tratado autoriza a los Estados a establecer excepciones al cobro de los derechos en su legislación, esto sujeto a ciertos límites.
Por ejemplo, Estados Unidos cuenta con una ley federal que exime a los negocios pequeños al pago de los Derechos de Autor, condicionando el área del local, y que su reproducción sea únicamente por radio o televisión.
Según Weinstock, prácticamente en todos los países existen entidades de gestión colectiva, las cuales son necesarias para facilitar el pago de los derechos de autor.
“El derecho de autor es un derecho que siempre se debe proteger. Todos los derechos tienen sus excepciones, lo importante es que estas sean razonables”, opinó el abogado.
Por su parte, la abogada de EY Law indicó que la legitimación de ACAM para otorgar licencias de uso y cobrarlas tiene fundamento jurídico en la Constitución Política, en la Convención Universal sobre los Derechos de Autor y sus protocolos, el Convenio de Berna o el Tratado de la OMPI sobre Derechos de Autor, para mencionar algunos.