Con 44 votos a favor, la Asamblea Legislativa ordenó que la Comisión de Derechos Humanos abra una investigación sobre los hechos denunciados por la expresidenta del Patronato Nacional de la Infancia (PANI), Gloriana López Fuscaldo, quien relató que Casa Presidencial intervino en el caso de la custodia de los hijos del empresario Leonel Baruch, accionista del medio de comunicación CRHoy.

La Comisión tendrá un plazo de 30 días naturales para rendir el informe de la investigación, el cual será discutido por el plenario en un debate reglado.

Dicha propuesta recibió el apoyo de los diputados del partido oficialista Progreso Social Democrático (PPSD).

Al respecto, la jefa de la bancada de gobierno, Pilar Cisneros Gallo, dijo sentirse “orgullosa de que un asesor del presidente de la República llame a la expresidenta del PANI con una instrucción muy precisa”.

“No hubo ninguna presión, no hubo algo ilegal”, sostuvo la diputada.

Cisneros comparó lo sucedido con el caso de la bebé Keibril Amira García Amador, quien el pasado 9 de abril desapareció cuando fue arrebatada de los brazos de su madre, una colegiala de 13 años, en Mata de Guineo, Cervantes de Cartago.

“No es la primera, ni será la última vez que el presidente de la República, Rodrigo Chaves, pide algo así, porque ya públicamente le había dicho que también se ocupara del caso de la niña Keibril y estoy segura de que lo hará las veces que sea necesario”, expresó.

‘Qué vergüenza de respuesta’

La diputada Sofía Guillén, del Frente Amplio, cuestionó a la jefa del oficialismo.

“Qué vergüenza de respuesta, doña Pilar, disculpe que se lo diga. Pero, ningún presidente de la República tiene por qué llamar a preguntar por los hijos de nadie. No le importa, no es su asunto y no tiene que involucrarse”, aseveró.

La frenteamplista sostuvo que la actuación de la Presidencia es un reflejo de que “están utilizando los mecanismos de intimidación parejo, para todo el que lo cuestiona, no importa el espectro político que sea”.

“Ojo con creer que no es con ustedes compañeros y compañeras, sí es con ustedes, es con sus familias también, es con la familia del que cuestione y no le guste, y eso no es de recibo doña Pilar”, añadió Guillén.

Dinorah Barquero, legisladora del Partido Liberación Nacional (PLN), calificó como un “tráfico de influencias” la llamada realizada por el asesor, a nombre del mandatario.

Además, dijo que lo expresado por López son acciones de “acoso e intimidación”. “Aquí se trata de mujeres coaccionadas, mujeres presionadas, porque eso fue lo que vivió doña Gloriana”, señaló Barquero.

Por su parte, la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, la también liberacionista Monserrat Ruiz, manifestó su desacuerdo con lo indicado por Cisneros, al señalar que “este no es el caso de Keibril”.

“Por favor no se dejen confundir, este es un caso personalísimo y este es un caso también de interés, así que no podemos verlo con naturalidad”, señaló.

Los hechos denunciados

Durante una comparecencia ante la Comisión de Derechos Humanos de la Asamblea, la expresidenta del PANI dijo que, el pasado 22 de marzo, la llamó Gabriel Aguilar, actual jefe de despacho de Chaves, para pedirle que procediera “con cuidado” ante una solicitud de custodia relacionada con los del empresario Leonel Baruch.

López Fuscaldo consideró que la presión fue indirecta. Según su relato, el asesor presidencial le habló de “una señora que tiene un caso con unos chiquitos en el PANI; se llama fulana de tal, noté que era un nombre judío, en el PANI de Santa Ana”.

“Dice el jefe que, con mucho cuidado, el PANI proceda bien, que se trate bien, porque se trata de hijos o hijo de Leonel Baruch”, agregó la exjerarca.

“¿Qué significa bien? eso yo no lo sé; eso para cada quién es diferente”, señaló.

Añadió que ella pidió a un subalterno que revisara en el sistema informático el expediente, pero no tiene idea de qué pasó con el caso.