Recurso de amparo público
Como madre y abuela preocupada por la educación de los más vulnerables, y con base en el artículo 78 de la Constitución Política, levanto la voz con el objeto de que se obligue a los ministerios de Educación y Ciencia y Tecnología a cumplir con el derecho constitucional que en lo pertinente indica: “El Estado facilitará el acceso tecnológico a todos los niveles de la educación…”. Mi reclamo es una especie de recurso de amparo ante la sociedad.
Gracias a la denuncia de la Superintendencia de Telecomunicaciones (Sutel), en el oficio 08044-SUTEL-DGF-2024, se conoció que 40.000 equipos de cómputo no se están usando a plenitud.
Con las deficiencias presentes en la educación y la brecha digital señalada por el Estado de la Educación, es inaudito que no se utilicen las herramientas tecnológicas que la Sutel entregó a los centros educativos, negándoles su uso y aprovechamiento a los niños y jóvenes más vulnerables.
En este caso sobran las pruebas, gracias a la licencia Absolute Resilience el país cuenta con amplia información que ha sido publicada por los medios de comunicación, y esta abundante prueba la puede certificar la Sutel.
De lo publicado, sabemos que de los 86.812 equipos entregados desde el año 2022, con un costo inicial de $58 millones, un alto porcentaje, que en algunos casos llega al 45 %, no ha sido utilizado durante el presente año. Esto representa $27 millones. ¡Sin palabras!
Hay imágenes de estos valiosos equipos en sus cajas, sabiendo que su garantía de tres años ya venció o está próxima a vencer, y la vida útil de cinco años se extinguirá en perjuicio de miles de niños y jóvenes que ni los usaron, ni tuvieron acceso a una conectividad mínima, pese a que todos los centros educativos tienen sus redes.
Lo óptimo y el espíritu de la ley es que que todos puedan conectarse desde sus hogares (Programa Hogares Conectados). Recordemos además que el Programa de Informática Educativa se paralizó luego de la ruptura con la Fundación Omar Dengo.
Por lo anterior, debemos hacer una especie de amparo público en defensa de nuestros estudiantes para que se emita una orden a los responsables, comenzado por las jerarcas de Educación y Ciencia y Tecnología para que cumplan con el mandato para el que fueron designadas.
Nuria Marín Raventós es politóloga y miembro del Advisory Board del Wilson Center en asuntos para América Latina.