El Gobierno busca a su cuarto Fiscal General en plena ofensiva judicial contra el secesionismo catalán
En el caso de Maza, quedó claro desde el principio que era él quien propugnaba no andarse con contemplaciones y llegar, si era preciso, hasta las medidas más extremas contra los líderes del independentismo. El fallecido Fiscal General nunca tuvo reparos en admitir que estaba dispuesto a llevar a prisión a Puigdemont. "Lo que a mí me extraña y me sorprende es que sorprenda esto", señaló el 23 de octubre, antes de que el Parlament procediera a votar la supuesta declaración de independencia, para añadir que "si hay algo que la Fiscalía entiende que está dentro del Código Penal y es un hecho delictivo, es lógico que se persiga". "Me parece lo más natural del mundo", apuntó.
Poco después, el 2 de noviembre, la juez de la Audiencia Nacional Carmen Lamela enviaba a prisión sin fianza al exvicepresidente Oriol Junqueras y a siete exconsejeros más. Con Puigdemont no pudo hacer lo propio porque ya había escapado a Bruselas, en compañía de cuatro miembros de su destituido Govern.
La juez asumió plenamente la tesis de la querella presentada por la Fiscalía General del Estado e incluso los términos en los que estaba expuesta, al considerar que los políticos, en una estrategia coordinada con ANC y Òmnium -las entidades encargadas de las grandes movilizaciones independentistas- “se valieron de la población” y “alentaron actos de insurrección pública, de desobediencia y de resistencia colectiva a la autoridad legítima del Estado”.
La decisión de pedir prisión para Oriol Junqueras y los otros siete exconsejeros que se negaron a declarar en la Audiencia Nacional fue excesiva hasta para el Gobierno, al que no le sentó bien el encarcelamiento de políticos catalanes que ya habían proclamado su intención de participar en las elecciones convocadas por Mariano Rajoy al amparo del artículo 155 de la Constitución. Eso es lo que el propio Maza contó a personas de su entorno.
El Ejecutivo ya era consciente en aquél momento de que el victimismo sería el arma favorita de esos políticos y lo que más réditos electorales podría proporcionarles, como se está comprobando en la precampaña. Ante ese criterio nacido de una estrategia puramente política y ajeno a la argumentación judicial, Maza presumía de su independencia y, de hecho, el teniente fiscal de la Audiencia Nacional Ángel Carballo ha reaccionado a su muerte asegurando que con él se ha perdido al fiscal general “más independiente" de la historia.
Navajas, el sucesor provisional
Esa línea dura fue secundada por el que ahora sustituirá a Maza de forma provisional al frente de la Fiscalía General, el fiscal jefe del Tribunal Supremo, Luis Navajas. Navajas fue el máximo responsable del equipo de cuatro fiscales, compuesto por la ex fiscal general del Estado Consuelo Madrigal; Fidel Cadena; el ex fiscal jefe de la Audiencia Nacional Javier Zaragoza; y Jaime Moreno, que interrogaron a Forcadell y los otros integrantes de la Mesa de la Cámara autonómica que tramitaron las leyes de transitoriedad y del referéndum, así como la declaración unilateral de independencia catalana.
Navajas defendió la petición de cárcel incondicional para todos ellos, aunque finalmente el juez Pablo Llarena les dejó libres tras imponerles el pago de una fianza. Su papel en la ofensiva judicial contra el desafío independentista será aún más relevante si Llarena asume la parte de la investigación que de momento lleva a cabo la Audiencia Nacional, la que compete al Govern cesado y a los líderes de la Asamble Nacional Catalana (ANC) y Òmnium.
Navajas fue también uno de los fiscales que más decididamente se alinearon con Maza en su controvertida decisión de nombrar a Manuel Moix fiscal jefe anticorrupción. Después de una serie de escándalos que sumieron a la Fiscalía en una grave crisis de credibilidad, Moix tuvo que dimitir cuando su nombre apareció vinculado a una sociedad opaca residenciada en Panamá. Pero no sin que antes su relación con Ignacio González y con la investigación de uno de los últimos grandes casos de corrupción que han saltado a la opinión pública, Lezo, condujera a la reprobación en el Congreso de su jefe, el Fiscal General, e incluso del ministro de Justicia, Rafael Catalá.
El procedimiento de sustitución está previsto en el artículo 17 del estatuto de la carrera: será el Teniente Fiscal del Tribunal Supremo "quien sustituya al Fiscal General del Estado en caso de ausencia, imposibilidad o vacante". En cuanto a los trámites, el sustituto ha de ser nombrado por el Rey después de que el Gobierno haya hecho su propuesta y tras haber escuchado al Consejo General del Poder Judicial, que en estos momentos mantiene una mayoría conservadora. El papel del Congreso de los Diputados es testimonial: se comunica a la comisión de Justicia que no vota sobre el candidato. El procedimiento puede durar un mes.
Después, el Gobierno tendrá que buscar un perfil que garantice la superación de esa grave crisis de credibilidad. Será el cuarto fiscal general que asume el cargo desde 2011. El primero de ellos, Eduardo Torres Dulce, cayó precisamente por no seguir las tesis del Gobierno tras la consulta independentista del 9-N. Tras una sucesión de desavenencias y en medio ya del debate soberanista, el Fiscal General desatendió las órdenes del Ejecutivo de presentar una querella contra Artur Mas y miembros de su Gobierno por seguir adelante con el proceso de participación que en noviembre de 2014 sustituyó a la consulta que prohibió el Tribunal Constitucional.
Su sustituta, Consuelo Madrigal, se caracterizó por mantener un perfil bajo y se fue sin hacer ruido tras no aceptar los nombramientos de Moix y de Jesús Alonso en la Audiencia Nacional. La muerte de Maza, que no ha llegado a cumplir un año al frente de la institución, obliga a proceder a un nuevo nombramiento.
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