El Supremo podría excarcelar a Junqueras y otros acusados para recoger el acta si son elegidos
A esas elecciones se presentan ERC y JxCAT, dos formaciones que han integrado en sus candidaturas a políticos presos: Oriol Junqueras y Raül Romeva en la lista de Esquerra y Jordi Sànchez, Jordi Turull y Josep Rull en la de Junts per Catalunya. Más adelante, tendrían que abordar también la situación de Joaquim Forn, si se proclama candidato a la alcaldía de Barcelona.
El periodista recuerda que los candidatos enjuiciados estaban inhabilitados desde su procesamiento para el ejercicio del cargo que desempeñaban, pero no para los que pudieran ser elegidos en el futuro. Y apoya esta afirmación en la Ley Orgánica de Régimen Electoral General, que solo les priva de sus derechos si media sentencia firme, “lo que no es todavía el caso”, puntualiza, siempre que esta sea condenatoria. En ese mismo sentido se pronuncia el reglamento del Congreso (artículo 21).
La cuestión es que, a diferencia de lo que ocurre en el Parlament, el reglamento del Congreso exige que se adquiera la condición de parlamentario siempre presencialmente en el Congreso y previa jura o promesa de acatamiento a la Constitución. Si la decisión del Supremo fuera favorable a la excarcelación, esta se produciría solo durante el tiempo necesario para que comparezcan en el pleno constitutivo del Congreso el día 21 de mayo y juren o prometan la Constitución y adquieran el acta.
Su participación en la campaña electoral, afirma Zarzalejos, no debería plantear grandes problemas debido a las facilidades que ofrecen las nuevas tecnologías. Otra cosa es la futura participación de los diputados en situación de prisión preventiva. El reglamento del Congreso no prevé la delegación de voto (al contrario de la normativa que rige en el Parlamento de Cataluña), que es “personal e indelegable”, por lo que esa opción estaría descartada. Solo quedaría, pues, la posibilidad de utilizar el voto telemático.
Las “fuentes judiciales de toda solvencia” que cita Zarzalejos en su artículo le han dicho que las garantías del derecho de participación política de los acusados no condenados “es lo más delicado de cara a las que exigiría el tribunal de Estrasburgo”, al que sin duda van a recurrir las defensas si la sentencia del Supremo es condenatoria. Esta sería la razón por la que Marchena y los demás magistrados van a tratar de resolver “con la máxima escrupulosidad”.
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