Europa decide el martes el alcance sobre las euroórdenes de Puigdemont y Puig
El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) resolverá el martes la cuestión prejudicial que elevó el juez Pablo Llarena sobre el alcance de las euroórdenes, una sentencia clave para el futuro de los líderes del procés huidos como Carles Puigdemont y que puede agilizar el proceso de entrega del exconseller Lluís Puig.
El TJUE ha convocado a las partes a una audiencia pública el próximo martes, a las 9.30 de la mañana, para notificar la sentencia, que no puede ser recurrida y despejará dudas sobre la competencia del Tribunal Supremo para emitir euroórdenes y las circunstancias en que éstas pueden ser rechazadas por otros países.
El juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena planteó las cuestiones prejudiciales sobre las euroórdenes en 2021, después de que la justicia belga denegara la entrega a España del exconseller de Cultura Lluís Puig, al considerar que era el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) y no el TS quien debía emitir la euroorden y que si lo extraditaba se violarían sus derechos fundamentales.
En paralelo, el Tribunal General de la Unión Europea (TGUE) tiene pendiente resolver sobre el recurso que Puigdemont y los exconsellers y eurodiputados de JxCat Toni Comín y Clara Ponsatí presentaron contra la decisión del Parlamento Europeo de retirarles la inmunidad, después de que el Tribunal Supremo solicitara el suplicatorio para poder extraditarlos y juzgarlos en España.
Tras la entrada en vigor de la reforma del Código Penal impulsada por el Gobierno, Llarena reformuló el auto de procesamiento contra Puigdemont para suprimir el delito de sedición, ya derogado, y dejó sin efecto las euroórdenes contra él y los otros dos eurodiputados de Junts, a la espera de la sentencia del TJUE del próximo martes y la del TGUE sobre su inmunidad como europarlamentarios.
Ante la cuestión prejudicial planteada por Llarena, el Abogado General de la Unión Europea, cuya opinión no es vinculante pero suele coincidir con la de las sentencia del TJUE, ya mantuvo que Bélgica no puede cuestionar la competencia del Supremo para emitir las euroórdenes ni puede denegar la extradición por posible vulneración de derechos fundamentales sin demostrar la existencia de "deficiencias sistémicas" respecto al Estado de Derecho.
En el caso de que la decisión del TGUE del próximo martes coincida con la del Abogado, Llarena podría reactivar de inmediato con una nueva euroorden el proceso de entrega de Lluís Puig, procesado por un delito de malversación y que no es eurodiputado, por lo que su eventual extradición no depende de lo que la justicia europea decida sobre la inmunidad.
La defensa de los independentistas huidos confía, sin embargo, en que la justicia belga no facilitará la entrega de Puig y, por eso, llevan tiempo trabajando su estrategia para demostrar ante los tribunales de ese país que España adolece de esas "deficiencias sistémicas" como Estado de Derecho.
En ese sentido, tiene previsto esgrimir ante los tribunales belgas el bloqueo en la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), el hecho de que el Código Penal español incluyera hasta hace menos de un mes un delito "predemocrático" como el de sedición así como la elección de exministros como miembros del Tribunal Constitucional, apuntan fuentes de la defensa.
Según su tesis, serán los jueces de Bélgica los que en última instancia deberán resolver si el Estado de Derecho en España es deficitario antes de decidir si permiten la entrega de Puig, en un proceso que los abogados del exconseller tienen previsto llevar hasta el Tribunal de Apelación, que en enero de 2021 impidió su extradición y en que se podría recurrirse aún ante el Tribunal de Casación.
La defensa de Puigdemont, ejercida por el letrado Gonzalo Boye, también prepara una batalla jurídica para el caso de que la justicia europea le acabe retirando la inmunidad y permita a Llarena dictar una nueva euroorden por los delitos de malversación agravada y desobediencia por los que está procesado, tras la reforma penal.
Los letrados sostienen que, en el caso de dictar otra euroorden, el Supremo debería plantear un nuevo suplicatorio ante el Parlamento Europeo para retirar la inmunidad a Puigdemont dado que los delitos por los que la justicia española los reclamó en 2020 -sedición y malversación- ya no son los mismos.
La Eurocámara, por contra, considera que no sería necesario, dado que la decisión de levantarles la inmunidad ya está aprobada, a expensas de lo que diga al respecto la justicia europea.
Esa modificación de los delitos es precisamente una de las bazas a las que se aferra la defensa para impedir la extradición de Puigdemont, puesto que, mantiene, la jurisprudencia europea impide reclamar más de una vez la entrega de una persona, si es por los mismos delitos.
De ahí que a los abogados de Puigdemont no les preocupe su extradición: aseguran tener "muy atado" que su entrega a España es "imposible".
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