Vía libre a otro golpe catalán y Junqueras inhabilitado
El Tribunal Supremo ha adaptado la sentencia del ‘procés’ a la supresión y reforma, respectivas, de los delitos de sedición y malversación con las que, entre otras cosas, el Gobierno pretendía eliminar la inhabilitación de Oriol Junqueras, presidente de ERC, para que pudiera presentarse de candidato en las elecciones generales de diciembre de este año, lo que será imposible porque el Supremo mantiene la inhabilitación de Junqueras hasta 2031.
Y lo que es peor el Supremo advierte que, con la desaparición del delito de sedición, a partir de ahora quedarán impunes posibles y futuros procesos secesionistas salvo que incurran en la ‘violencia o la intimidación’, lo que entraría en el ámbito del delito de rebelión. Y lo que también desmiente al Gobierno que dijo que esos procesos secesionistas se verían afectados por el nuevo delito de ‘desórdenes públicos agravados’ lo que no es verdad.
Con lo que una nueva declaración unilateral de independencia de Cataluña por los actuales gobernantes quedaría impune y sin control penal judicial. Lo que constituye un flagrante desamparo del Estado en defensa de la unidad de España y una oportunidad para los secesionistas que podrían hacer otra ‘declaración unilateral de independencia’ y convocar un nuevo referéndum de autodeterminación.
Estamos ante la enésima chapuza legal y legislativa del Gobierno de Pedro Sánchez que se suma a los llamados ‘efectos no deseados’ de la Ley del ‘solo sí es sí’ de la ministra Irene Montero. La que ya ha provocado rebajas de sus condenas a más de 500 violadores y agresores sexuales, 50 de ellos en libertad. Y a no olvidar la reciente chapuza de los trenes de cercanías de Cantabria y Asturias que no caben por los túneles.
En la nueva sentencia del Tribunal Supremo, que adapta contra los golpistas catalanes las reformas del Código Penal y los indultos que les concedió el presidente Sánchez, se señala que al desaparecer el delito de sedición se imponen penalmente los delitos de malversación y desobediencia y por ello Junqueras seguirá inhabilitado hasta 2031.
Al tiempo que ello afectará a los procesos judiciales del golpe catalán que aún están pendientes de juicio, muchos de los cuales se refieren al delito de la malversación que sigue su curso aunque rebajado.
Y de la misma manera la sentencia del Supremo también puede afectar al caso del prófugo Carles Puigdemont, que sin duda estará implicado en la malversación y en el caso de ser extraditado a España. Algo que ahora parece más sencillo, vista la última decisión de la justicia europea y tras la supresión del delito de sedición y su sustitución por el delito de ‘desórdenes agravados’. Por el que Puigdemont no podrá ser juzgado pero sí que podría ser condenado con hasta 13 años de prisión por la malversación.
Lo grave de esta situación radica en que el Gobierno de Sánchez buscaba, a cambio de que ERC le aprobara los PGE de 2023, favorecer a los golpistas catalanes para que Junqueras pudiera ser candidato de ERC en la cita de las elecciones generales de diciembre. Y no solo no lo ha logrado sino que al eliminar la sedición ha dejado indefenso al Estado y frente al riesgo de un nuevo proceso secesionista catalán.
Como el que ERC, JxC y CUP podrían volver a intentar, convocando incluso un nuevo referéndum de autodeterminación inconstitucional, a sabiendas los golpistas no pagarían por ello un alto precio penal (quizás reducido al delito de desobediencia) lo que permite sospechar que lo volverán a intentar.
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