La Fiscalía abre una investigación formal por el accidente del vuelo de LaMia
La fiscal Jacqueline Ponce ha detallado que las pesquisas se dirigen contra Marco Rocha, copropietario de LaMia; Gustavo Vargas, gerente general; y Celia Castedo, la funcionaria de la Administración de Aeropuertos y Servicios Auxiliares a la Navegación Aérea de Bolivia (AASANA) que expidió la autorización de vuelo.
El fiscal general, Ramiro Guerrero, ha detallado que se desconoce si Rocha se encuentra en Bolivia, mientras que Vargas fue detenido el pasado martes y ya ha sido imputado. Castedo, por su parte, ha huido a Brasil y ha solicitado asilo político.
Las autoridades bolivianas investigan a estas tres personas por delitos de "incumplimiento de deberes, uso indebido de influencias, desastres en medio de transporte, homicidio, homicidio culposo, lesiones gravísimas y lesiones culposas".
El abogado de LaMia, Néstor Higa, ha asegurado que la compañía aérea está dispuesta a colaborar en la investigación, pero ha insistido en que fue un accidente. "Es un caso lamentable, pero fortuito", ha dicho, de acuerdo con el diario local 'La Razón'.
La Fiscalía ha confiscado dos aviones de LaMia que están estacionados en los hangares de mantenimiento de la Fuerza Aérea Boliviana (FAB) de Cochabamba desde hace dos años. De acuerdo con la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC), la aerolínea operaba con un solo avión desde 2015 porque los demás tenían la autorización caducada.
El vuelo de LaMia trasladaba al equipo de fútbol brasileño Chapacoense desde la ciudad boliviana de Santa Cruz hasta Medellín para que disputara la final de la Copa Suramericana. Las conversaciones entre el piloto y la torre de control han revelado que el avión se quedó sin combustible, razón por la que se estrelló a la altura de Antioquia (Colombia).
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