El Consejo de Seguridad Nuclear aprueba un dictamen para reabrir Garoña
El pleno del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) ha aprobado este miércoles un dictamen favorable a la reapertura de la central nuclear de Garoña, en Burgos, siempre y cuando el operador de la planta Nuclenor (participado por Endesa e Iberdrola) cumpla con las inversiones en seguridad que se le exigen.
La resolución ha salido adelante con el voto a favor de cuatro de los cinco consejeros que integran el máximo órgano de la seguridad nuclear en España (tres propuestos por el PP y una por el PSOE), mientras que la quinta representante en el pleno, Cristina Narbona (también propuesta por el PSOE) ha votado en contra.
El CSN ha tomado esta decisión basándose en 167 informes técnicos elaborados en los dos últimos años.
Tras el visto bueno del CSN, corresponderá al Ministerio de Energía decidir si autoriza a Nuclenor a volver a conectar la planta a la red, ya que está parada desde 2012, y finalmente será el operador quien, de contar con el sí del Gobierno, decida sí ejecutar, o no, el permiso solicitado para operar la planta hasta 2031, cuando cumpla los 60 años.
La decisión adoptada por el pleno del CSN sienta un precedente histórico hasta ahora en España, ya que no sólo se avala que una planta nuclear opere más allá de los 40 años, sino que desliga la revisión integral de seguridad de la central, que se realiza cada diez años, del aval para operar, que se ha dado para 14 años (hasta 2031).
Esto implica que a partir de ahora el visto bueno del máximo órgano de seguridad nuclear para que una central opere sólo será revocable por cuestiones de seguridad.
La decisión del CSN, se produce con una mayoría parlamentaria (Podemos, PSOE y Ciudadanos) contraria a que Garoña se vuelva a conectar a la red hasta que el Congreso debata de manera calmada si ampliar la vida de las nucleares más allá de los 40 años.
El portavoz en materia nuclear de la organización Ecologistas en Acción, Francisco Castejón, ha declarado que la decisión del CSN pese a esperada "no deja de ser menos grave por muchos motivos, sobre todo, por lo que implica para la seguridad de las personas y el entorno, ya que la central es una peligrosa antigualla situada en la cabecera del Ebro".
"Hoy es un día "malo" para la sociedad española", ha lamentado Castejón, para quien esta decisión del CSN destroza la credibilidad del organismo ya que se ha decidido "a medida" de Nuclenor.
Por su parte, Raquel Montón, portavoz de Greenpeace, ha indicado que la decisión del CSN no sólo supone un "abandono de la seguridad nuclear sino que daña profundamente la democracia española, al adoptarse decisiones de calado contrarias a lo que sostiene una mayoría parlamentaria".
Garoña es la planta nuclear sin clausurar (actualmente en situación de parada segura) más antigua de España, opera desde 1970 con un reactor de agua en ebullición fabricado por la compañía estadounidense General Electric, similar al de la accidentada central de Fukushima, en Japón.
Los partidos responden
La portavoz de energía de Ciudadanos, Melisa Rodríguez, ha recordado que Garoña decidió parar voluntariamente en 2012 para no acometer las inversiones en seguridad que se le reclamaban y que hasta hace cuatro meses esas inversiones estaban paradas.
Rodríguez ha pedido al gobierno que no haga caso de la recomendación del informe, al menos hasta que se cumplan esas inversiones. "Por un criterio de seguridad nacional, le pedimos al ministro Nadal que no avale la apertura y no dé el visto bueno al informe", ha resumido.
Por su parte el partido socialista, en palabras de Esther Peña ha tachado el informe del CSN como una "gran infamia" y ha avisado a Rajoy de estar "jugando con fuego" si hace caso de ese informe.
Peña ha denunciado que "no tiene sentido" hacer un informe positivo y a la vez prohibir la producción de electricidad en Garoña.
Desde el PP han respondido que se "tomarán su tiempo para analizar el informe" y, según fuentes del Ministerio "abrirán un proceso de diálogo con comunidades autónomas afectadas, ecologistas, empresas y demás actores implicados para llegar a un consenso".
Estas reuniones han señalado que "durarán seis meses" y luego será el Gobierno el que tome la decisión que estime oportuna.
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