Valle sangrado
Al igual que en Lima, en Urubamba se sigue dando una lucha entre un alcalde y una empresa de transporte. La monopólica Consettur Machu Picchu obtiene millonarias rentas llevando turistas en combi por el tramo que une a la ciudadela con Aguas Calientes, unos nueve kilómetros, a una suculenta tarifa de US$25 por persona.
El municipio denuncia que la empresa se mantiene enquistada ya 24 largos años a punta de corrupción y leguleyadas, protegida por una conocida mafia local. Debemos suponer que esta asociación es una de las fuerzas dedicadas a bloquear la construcción de un teleférico para el ascenso a Machu Picchu, como ya existe en Kuélap.
Por este ascenso a las ruinas Consettur está cobrando lo que probablemente es uno de los pasajes más caros del mundo, y las quejas por el mal servicio son frecuentes. Esto produce ganancias extraordinarias, calculadas en más de US$70 millones al año, una verdadera mina de oro incaico, que a su vez mueve grandes intereses en la región y en Lima.
De todo eso el municipio urubambino solo recibe US$7,500 mensuales de Consettur, en virtud de un contrato que la Corte Suprema, el Tribunal Constitucional e Indecopi han declarado falso en todas sus cláusulas.
Pero la empresa no se mueve del lugar, gracias a acciones de amparo que mueven estudios de abogados top de Lima.
El alcalde de Urubamba, Alberto Valcárcel, busca que Consettur se vaya y se convoque a un concurso público para un nuevo concesionario, como recomiendan los fallos de la Corte Suprema e Indecopi. No es el primero, pero tiene confianza en que el nuevo clima anticorrupción del país haga el milagro.
El objetivo es que el nuevo contrato rompa el monopolio, garantice rentas justas al municipio para atender las demandas urgentes de la población, mejore el servicio de transporte y expulse a las mafias. Un teleférico ayudaría a fortalecer un nuevo clima de competencia empresarial.
Cabe señalar un punto importante en esta controversia legal. En 1995, al momento del firmar el contrato primigenio con Consettur aparecieron dos contratos. El primero firmado por dos años y el segundo firmado ese mismo día por 30 años. Sobre este último documento se apoya Consettur para seguir operando irregularmente.