Reclaman medidas urgentes para evitar llegada del COVID-19 a las cárceles
Plantean la necesidad de “tomar acciones con los nuevos ingresos que hay en las cárceles”, ya que cada mes hay un ingreso promedio de 500 personas privadas libertad que se suman a las ya existentes (unas 12 mil) y también egresa un promedio de 500 personas al mes.
En este sentido, el SMU y “Nada crece a la sombra” proponen “cuarentena de al menos siete días para los ingresos de personas privadas de libertad”. En Montevideo y la zona metropolitana proponen que sea en la Unidad 1, donde funciona el Centro de Ingreso, Diagnóstico y Derivación. Para el interior del país plantean adecuar espacios específicos y en cada cárcel departamental.
Una vez transcurridos los siete días de cuarentena “se debe realizar un hisopado para analizar la presencia de COVID-19”, plantean.
Según el resultado y la existencia de síntomas se procederá a su derivación: “Sin síntomas y con hisopado negativo la persona será derivada al centro donde cumplirá reclusión en adelante; con síntomas y test negativo la persona será atendida por equipo médico para analizar su situación; con resultado de test positivo la persona será atendida por el equipo de salud que debe de unir tratamiento y derivación (dentro del sistema a una zona específica de aislamiento o a un centro de salud); sin posibilidad de realizar hisopado, se procede a la cuarentena durante 14 días”.
Tapabocas
También remarcan que “se deben brindar tapabocas para las conducciones ante cualquier circunstancia y durante la atención a la salud. Se deben suministrar tanto a las personas privadas de libertad como al personal penitenciario”. A su vez, “se deben suministrar tapabocas para la visita”.
Las recomendaciones del Ministerio de Salud Pública con respecto a las mascarillas y su uso en la comunidad también aplican para los centros penitenciarios, “máxime cuando no se pueda respetar la distancia de un metro y medio entre las personas”.
“Estas medidas reducen los riesgos de que el COVID-19 ingrese a las cárceles y así evitar que esto se sume a las múltiples vulneraciones a la salud que sufren las personas privadas de libertad”, asegura “Nada crece a la sombra” y el SMU.
A la vez, proponen la creación de un “Comité de contingencia interinstitucional, que refuerce la importante coordinación que está habiendo entre el Instituto Nacional de Rehabilitación, el Sistema de Atención Integral – Personas Privadas de Libertad (SAI-PPL) de ASSE y Sanidad Policial”.
Consideran que ampliar dicho comité puede ser estratégico en este momento, por lo cual el SMU y “Nada crece a la sombra” se ponen a disposición para sumar sus aportes. En sentido, indican que dicho comité podría “apoyar en la evaluación de la situación día a día y mejorar los procesos de prevención y acciones destinadas al control de SARS-Cov2”.