Las defensas de los exalcaldes de Alicante Sonia Castedo y Luis Díaz Alperi, Ignacio Gally y Vicente Grima respectivamente, sostuvieron ayer durante sus informes finales en el juicio por los presuntos amaños del PGOU que la información del futuro planeamiento de la ciudad no era una materia reservada, pero que de todos modos no hay nada en la causa que pruebe que ellos los filtraran. Una línea de argumentación que se extendía al resto de los cargos que se les imputan. Negaron la mayoría de las supuestas dádivas recibidas del empresario Enrique Ortiz pero admitiendo que, de haber algún delito, sería un cohecho impropio (regalos a una autoridad en función de su cargo) y estaría prescrito.
