Retrocesos imperdonables
En las Oficialías del Estado Civil de la capital los ciudadanos que asisten en busca de actas de nacimiento continúan confrontando dificultades para obtener el documento.
La situación se presenta desde que el nuevo pleno de la Junta Central Electoral (JCE) asumió, en noviembre de 2020.
En agosto de 2021, medios de comunicación se hicieron eco de los retrasos en la expedición de actas de nacimiento que originaron largas filas y aglomeraciones de personas en las oficialías de la capital.
En ese momento, la dificultad fue atribuida a la complejidad de los nuevos procesos de validación de actas y la reducción de personal en esas dependencias de la JCE, por la covid-19.
Al parecer las nuevas normas dispuestas por las autoridades de la JCE para la expedición de documentos se constituyeron en una retranca a la hora de agilizar el proceso.
Aplaudido por todos, la JCE inició hace meses la implementación gradual de un plan piloto para la Eliminación del Trámite de Legalización de Actas del Estado Civil (ETLA).
Ahora se vuelven a generar quejas de ciudadanos que buscan de actas de nacimiento en las Oficialías del Estado Civil del Distrito Nacional, lo que me lleva a realizar la siguiente interrogante.
¿Será que asistimos a un retroceso en los servicios de las Oficialías del Estado Civil?
En una administración pasada asistí en busca de un acta de nacimiento a la Junta del Distrito Nacional y recuerdo que a pesar de que tuve que legalizarla, lo resolví en poco más de una hora.
Según las experiencias de algunos usuarios de esos servicios a las oficialías volvieron los buscones, los que te agilizan el proceso para que puedas obtener tus actas de nacimiento. Pero eso sí, debes pagarles por esos servicios.
No es la primera queja que escucho de ese y otros servicios que dan instituciones del Estado o descentralizadas.
La ciudadanía debe estar atenta para que no siga el deterioro de servicios que tanto le ha costado a la población a través de los impuestos que pagan al Estado.
Los avances que hemos logrado no pueden volver a convertirse en retrocesos imperdonables que solo perjudican a la ciudadanía.