El compromiso del Gobierno de ‘indexar’ y ajustar las pensiones al IPC va a suponer a las arcas públicas un sobrecoste extra de 10.000 millones de euros en 2023. La inflación galopante y la propia legislación que ha puesto en marcha el Ejecutivo en pleno debate social sobre la necesidad de ajustar los salarios, y en plena exigencia europea a España para que trate de congelar las pensiones, condena a Pedro Sánchez a acometer una subida sobre la que solo la corrección política impide decir la verdad: incrementar las pensiones en torno al diez por ciento es un baldón inasumible para cualquier presupuesto. Pero sobre todo es perverso. Y no porque nadie pueda oponerse a que las pensiones suban lo más posible, sino porque se crea un marco imposible: los jóvenes, con nóminas precarias o basadas en el salario mínimo no solo cobran menos y pierden calidad de vida con el impuesto silencioso de la inflación, sino que sufragan unas pensiones superiores a sus propios sueldos. Es la España al revés.
